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El grafiti es subversivo por definición. Lo admiten en la Alcaldía Mayor de Bogotá, en algunos sectores de la academia, en las calles: “El grafiti es un crimen, es ilegal. Pero es un crimen que habla acerca de las injusticias del mundo. Yo vivo en un mundo lleno de gobernantes corruptos, traficantes de armas, drogas, explotación infantil, y todas las injusticias sociales y económicas que sostienen este sistema”. La frase de Stink Fish aparece como un epígrafe en un diagnóstico sobre el grafiti publicado por la Secretaría de Cultura en 2012.
El 19 de agosto de 2011, un año antes de que la Secretaría publicara el estudio, fue asesinado Diego Felipe Becerra, un grafitero de 16 años que intentaba, como muchos otros, demarcar dibujos en las paredes como ejercicio de rebelión. Un patrullero de la Policía le disparó cuando lo intentaba, y murió. La Fiscalía catalogó su caso como un “falso positivo urbano”. Desde entonces, la distancia que existía entre la Policía y los grafiteros se transformó en confrontación.
La indignación de los grafiteros aumentó y quedó plasmada en las paredes de la ciudad. La Secretaría de Cultura buscó, a lo largo de 2013, un acuerdo con los grafiteros, que se concretó en el decreto 75 de 2013. Allí quedaron estipulados los “lugares no autorizados para la práctica del grafiti”. Los meses fueron pasando y la sensación de que el decreto se estaba convirtiendo en letra muerta fue evidente tanto en la Secretaría como en los grupos de grafiti. En 2014, ambos sectores se reunieron para buscar lo que sería el primer paso de un acuerdo real con la Policía Metropolitana. El compromiso: que policías y grafiteros se sienten en un mismo salón para aprender sobre convivencia ciudadana.
El Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional (IEU) asumió la tarea de buscar “un acuerdo mínimo” entre policías y grafiteros. El programa comenzará el 10 marzo con cinco talleres teórico-prácticos (cada uno tiene una duración de cuatro horas): “sensibilización, conocimientos y conceptos, herramientas, práctica y valoración de experiencias”. De los 150 cupos, 100 son para grafiteros provenientes de diferentes localidades, 38 para policías de prevención y acción ciudadana y 12 para funcionarios públicos. Ni el IEU ni la Secretaría de Cultura prometen “el gran pacto”, simplemente la reflexión sobre universos totalmente disímiles.
Ivo Santiago Beracasa, coordinador del proyecto, lo resume así: “Intentamos cambiar un poco la mirada con la cual nos paramos frente al entorno urbano. La propuesta de transformación de comportamientos no busca un cambio cultural a corto plazo, los cambios culturales sólo se pueden dar a largo plazo, pero sí busca transformar comportamientos específicos en entornos urbanos específicos. ¿Un taller de 20 horas va a cambiar a los grafiteros? Esa no es la pretensión. Le apuntamos a un proceso de construcción de alternativas para que exista un respeto mutuo entre los diferentes actores. Para la policía, el grafitero es irrespetuoso, y los grafiteros piden que la policía entienda su trabajo”.
Hay temas que es mejor no tratar de entrada, como los grafitis en los monumentos: “Resulta que los grafiteros tienen una posición política frente a los monumentos. Para las autoridades es patrimonio histórico. Lo que vamos a recomendar es que se haga un acuerdo sobre lo posible. Trabajaremos sobre mensajes de ciudad, sobre los lugares y los muros libres…”, sostiene Beracasa.
Lo que para la Secretaría de Cultura y el IEU es posible, para los grafiteros es un problema. En el discurso de 3D, un grafitero que dibuja “realismo” y murales en la ciudad, subyace una preocupación latente: la división entre “los bombarderos y los que hacen street art”. Un bombardero es aquel que pinta en espacios no permitidos de la ciudad; que deja cualquier tipo de marca en las calles: “¿Qué quiere frenar la policía? ¿El grafiti que es arte o la parte del bombardeo? Ellos no están buscando una estética, sino intentando imponer su nombre. Esa es la parte que no van a poder parar”.
Dejar “muros libres” para los grafiteros tampoco es la mejor opción, según 3D: “Eso va a ser un problema. No hay espacio para todos los grafiteros y van a empezar a llegar personas que quieren tapar los dibujos de otras. El que me quiera tapar a mí tiene que ser mejor que yo, y eso genera monopolios en los espacios. Lo que yo creo es que se puede empezar a pensar en que para rayar paredes hay que pedir permisos. Si es en un espacio privado toca pedir el permiso; es arte y puede que a la persona que vive ahí le guste. Y en un espacio público, la misma dinámica”.
Dice Clarisa Ruiz, secretaria de Cultura de Bogotá, que “poner de acuerdo a 5.000 grafiteros que hay en la ciudad no es fácil. Si se trata de asignar muros libres para el grafiti no es sencillo, porque en su esencia no se regula. Queremos un espacio público que sea arte, de manifestaciones políticas. Sin embargo, no somos 100% permisivos, hay zonas que no pueden ser grafiteadas”.
Hay temas que todavía están vedados, o que simplemente, quizá, son irreconciliables. No está claro si puede existir un acuerdo entre los grafiteros que dibujan street art (que buscan una intervención estética en los muros), los que hacen writting (producción de estilos y letras; su origen es de los años 60, en Filadelfia, Estados Unidos), los barristas y los que simplemente dibujan consignas (ya sean universitarias, sindicalistas o de cualquier grupo urbano).
La Policía, por ahora, está al margen de este debate. El coronel Jairo Torres se sentó en una mesa con grafiteros y dijo: “Estamos expectantes de la firma de este acuerdo para poder manifestar que, con base en el respeto a las normas y los derechos, podemos generar espacios de reflexión y entendimiento para ser, entre todos, los garantes de la seguridad y la convivencia ciudadana en Bogotá”.
Es la busca de un acuerdo mínimo, como lo reitera Santiago Beracasa: “En la plataforma queremos trabajar sobre la noción de lo público y esto empieza a través del reconocimiento del otro, de respetar su diversidad, su origen, sus expresiones. En este punto, al parecer, hay avance. 3D valora que, por lo menos, la Policía no intente imitar la “represión antigrafiti que hay en Estados Unidos. Lo que pasa hoy es que, si un grafitero raya una puerta, lo coge la policía. El grafitero saca un cuchillo y el policía saca su arma. No podemos pensar solamente en nosotros como grafiteros. Los policías también tienen familia, y vida”.
Dos tendencias
Existen diferentes formas de pintar las paredes de la ciudad. Una de ellas, ‘el bombardeo’ o ‘writting’, se caracteriza por su carácter ilegal y subversivo. En la carrera décima con calle octava, al costado oriental, aparecen varios grafitis de este tipo (izq.). De otro lado, están aquellos grafiteros que buscan la estética en cada dibujo. Es el caso de 3D, quien pinta ‘realismo’. El grafiti que aparece a la derecha fue pintado en Pasto.
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