En un nuevo desafío al Gobierno argentino, el vicepresidente Julio Cobos convocó y a líderes opositores para definir una posición común sobre el polémico proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que es rechazado por grandes medios que ven amenazados sus intereses.
Cobos recibió en su despacho a los máximos representantes de la Unión Cívica Radical (UCR) , segunda fuerza parlamentaria del país, y de la Unión Pro, alianza de centro derecha y uno de los grandes ganadores de los comicios legislativos de junio pasado.
A la cita, que duró cerca de media hora, no acudió Carlos Reutemann, un dirigente disidente del gobernante Partido Justicialista (PJ, peronista) , que envió una carta excusándose por su ausencia y adhiriendo al espíritu de la reunión convocada por el vicepresidente y titular del Senado, seriamente enfrentado con la presidenta Cristina Fernández.
Tras el encuentro, los dirigentes coincidieron en que la iniciativa para una nueva ley de medios enviada al Parlamento por el Gobierno de Fernández merece un debate "profundo" y "sin apuros" , rechazando así las intenciones del oficialismo de lograr la semana próxima un dictamen que habilite rápidamente su discusión en la Cámara de Diputados.
"La ley debe tener un tratamiento en el tiempo y que el debate en Diputados tenga el tiempo necesario. El tiempo lo tiene que fijar el ritmo del debate" , dijo en rueda de prensa el re-electo diputado Francisco de Narváez, parte de Unión Pro y de extracción peronista.
En la misma línea, el alcalde de Buenos Aires y líder del Pro, Mauricio Macri, consideró que el nuevo marco legal que regulará los servicios de comunicación audiovisual "no puede ser decidido con prepotencia y a las apuradas".
Explicó que la oposición en el Parlamento busca "ver cómo garantizar una mayor pluralidad y una mayor libertad de prensa".
"Es muy malo para nuestra convivencia seguir aumentando los niveles de violencia y crispación, la gente votó un cambio, por una mayor convivencia y un mayor respeto y de escuchar al otro, pero lo que ocurre en estos días es todo lo contrario" , dijo Macri.
Por su parte, el jefe del bloque de diputados de la UCR, Oscar Aguad, sostuvo que la iniciativa "pone en juego la libertad de expresión" y "es un antídoto contra las inversiones de riesgo" en el sector de la comunicación.
En sintonía, el jefe de la bancada de la UCR en el Senado, Ernesto Sanz, consideró que detrás de este proyecto hay un "modelo de acumulación política que intenta apropiarse de la información y de la expresión en el país" y reclamó pasar "de la simple discusión al debate profundo" de la iniciativa.
El proyecto comenzó a analizarse en comisiones la semana pasada y, tras una serie de audiencias públicas, el oficialismo apuesta por hacer valer su mayoría en el Parlamento para sacar adelante la ley antes del recambio de las Cámaras el 10 de diciembre próximo, cuando quedará reflejada la derrota del Gobierno en los comicios del 28 de junio pasado.
La iniciativa, que promueve grandes cambios en el panorama del mercado de medios actual, es visto por algunos sectores de la oposición como una confrontación del Gobierno con el grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios de Argentina.
Precisamente, mientras la oposición se reunía el jueves en el Senado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizaba un procedimiento con 200 inspectores en diversas empresas de Clarín, lo que fue considerado por el grupo como un "operativo de intimidación".
De Narváez, socio en medios de comunicación, consideró que el operativo realizado a Clarín "es parte de la crispación del Gobierno" y señaló que es una "equivocación" el "uso de instrumentos del Estado para condicionar algo (el debate del proyecto de ley) que debería correr en forma diferente".
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llamó en un comunicado al "debate sereno" y expresó su preocupación por la "politización" de la ley.
La organización pidió al Parlamento argentino que el debate de la iniciativa "se haga sin apresuramiento ni apasionamiento"
La SIP dijo que "viene observando con preocupación que muchos de los argumentos utilizados podrían estar vinculados a actitudes revanchistas y de crítica del Gobierno en contra de los medios de comunicación independientes" .