“El proceso del tercer canal debería suspenderse”

“Desde el 11 de enero debió entrar en funciones el tercer canal”, agrega Noriega. Acusa de “manoseo” al Gobierno.

¿Qué interpretación le da al concepto que emitió el Consejo de Estado esta semana?

Habría que señalar que no dice el concepto. El concepto no dice que el proceso de adjudicación del tercer canal esté bien, el concepto no le entrega un aval a ese proceso ni un visto bueno, que es de alguna manera la presentación que le han hecho algunos medios de comunicación. No, el concepto responde tres interrogantes precisos que le formuló el Gobierno Nacional a la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado; las respuestas a esta consulta no resuelven el tema de los errores y las graves dificultades que tiene el proceso licitatorio. Hay que ser claros en eso, porque se quiere presentar a la opinión nacional el concepto del Consejo de Estado como un aval de este organismo al proceso y eso no es lo que ha ocurrido.

¿Lo que usted quiere decir es que hay una manipulación del Gobierno de este concepto?

Claramente. El hecho de que el Ministerio de Comunicaciones ponga en su página web un comunicado que hable del aval que entregó el Consejo de Estado ya constituye una manipulación. El Gobierno sabe cuál es el alcance del concepto, que no tiene carácter obligatorio y por el contrario constituye respuestas puntuales que le formula el Gobierno Nacional, y en este caso preguntas incompletas. Permítame citarle un ejemplo: el concepto dice que pueden renunciar los concesionarios en gracia de discusión, aceptemos que los concesionarios deben renunciar con el propósito exclusivo de hacerse adjudicatarios de una nueva concesión, lo cual la ley prohíbe. Pero en gracia de discusión aceptemos que eso es posible. Quién va a operar los espacios que entrega en virtud de la renuncia el operador que resulte adjudicatario, quién define quién va a operar esos espacios. Hay que recordar que estamos en debate electoral, que ya se inició una campaña electoral y que resulta muy inconveniente no sólo adjudicar un tercer canal de operación nacional privada en el país en una coyuntura electoral, sino además que en esta coyuntura el Gobierno Nacional se apropie de unos espacios de televisión.

Con el concepto del Consejo de Estado, ¿en qué queda el concepto de la Procuraduría?

Corresponde a los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión valorar estas circunstancias. El concepto del Consejo de Estado es emitido al Gobierno Nacional, el responsable de la política de televisión, el responsable de fijar las condiciones para la entrega en concesión del tercer canal es la Comisión, esa es una responsabilidad de los comisionados, que además constitucionalmente quien fija la política no puede sujetarse esta política a un concepto del Consejo de Estado. Por el contrario, el concepto de la Procuraduría lo emite la misma en el marco de una función constitucional y legal en ejercicio y desarrollo del control preventivo. El señor Procurador ha formulado unas advertencias muy serias que tienen mucho soporte legal y que señalan el riesgo de que se violen las disposiciones legales. A mi juicio, debe la junta directiva acatar, respetar y prestarle mucha atención a la advertencia de la Procuraduría.

La Ley de Tecnologías ha probado que debería ser por subasta, pero un concepto del Consejo de Estado cambió esta opción, ¿qué interpretación le da usted?

Esta ley fue tramitada, impulsada y promovida por la Ministra de Comunicaciones, quien al comienzo de este proceso señalaba la conveniencia de la subasta, aun cuando no existía norma legal que respaldara la misma. Yo no entiendo su cambio de opinión. Como tampoco entiendo que luego de tres años de dilaciones, de falta de diligencia y morosidad de este proceso ahora se decida de manera intempestiva que hay que resolver el tema del tercer canal en tres meses.

Es decir, ¿lo que usted plantea es que este proceso va por muy mal camino?

Por un camino quebrado y sospechoso, me parece que los soportes técnicos, que los estudios que respaldan el pliego de condiciones y que respaldan el pliego de licitaciones son incompletos, tienen errores crasos en materia de valoración, no resuelven aspectos técnicos ni de contenidos que generen equidad entre los competidores que estarán en el mercado y entonces sorprende que haya tanta celeridad cuando a sabiendas que se conocen esos errores que se han debatido y discutido públicamente.

Pero ya se publicaron dos avisos sobre el proceso esta semana, ¿cómo interpreta usted este hecho?

Ligerezas e improvisaciones. El día 15 se publica un aviso anunciando que hay una audiencia para la discusión de los pliegos. El día 16 se le da alcance, una práctica inusual en los procesos contractuales, se le da alcance al aviso del día 15 para decir entonces que ya no habrá audiencia de discusión del pliego y que el mismo sólo será conocido hasta el próximo 29 de octubre, cuando sólo se señala que habrá un mes para el cierre de la licitación. Me parece que todo esto es irregular, que todo esto corresponde a un afán que no se compadece con la importancia de la decisión que está a punto de tomarse.

¿Por qué están apurando este proceso?

Cualquiera sea la razón que uno sospeche, es mala para el país y es mala para la democracia. Si es porque el presidente Uribe quiere entregar el canal antes de terminar su período, esa no es razón suficiente para someter al país a estas improvisaciones. Si por el contrario, lo que se quiere es poner a unos empresarios, a unas cadenas en ascuas en tiempos de debate electoral, eso es profundamente inconveniente para la democracia. Estoy muy preocupado por esta situación, juzgo que igual lo están los partidos de oposición, porque no existen garantías electorales para tomar decisiones con relación al tercer canal en medio de un debate electoral.

En muchos sectores se señala que lo que pasó tiene como propósito entregarle el canal al grupo Planeta, ¿usted qué piensa?

Me parece que todo el proceso ha sido diseñado de manera irregular, hay sólo tres jugadores inscritos en el RUO. Empresas de transnacionales serias todas ellas, con experiencia en televisión, pero me parece que han sido sometidas a un manoseo por parte del Gobierno Nacional y de la Comisión. Me parece que la conducción errada del proceso también afecta a estos inversionistas que no tienen claridad sobre las reglas del juego a las que se tienen que someter. Por ejemplo, el esquema del 50% de contenidos y 50% de valor económico, donde ponen a los oferentes a pujar con contenidos y con franjas superiores a las que hoy tienen Caracol y RCN, genera una inequidad en el mercado. Un desequilibrio en el mercado. También ese desequilibrio se genera por la diferencia de precios. Porque, repito, no hay ninguna razón para que el tercer canal pague menos de lo que pagaron Caracol y RCN.

¿Usted cree que la Comisión está en capacidad de garantizar que se respeten los contenidos que proponga el ganador de la licitación?

Lo encuentro muy complicado, porque el país jugó hace mucho rato con un esquema de regulación que supone que se opta por la prevalencia de la libertad de expresión frente a la posibilidad de intervención y de regulación del Estado en materia de contenidos. Eso hasta ahora ha funcionado, la Comisión está para garantizar que se cumplan unos mínimos dirigidos a proteger a poblaciones vulnerables, a jóvenes, a niños, al grupo familiar. Cumplidos esos mínimos que deben estar garantizados, porque así lo prevé la ley, un poco lo que corresponde es que los canales definan su contenido en relación con la competencia en la que están en el mercado con otros operadores. Si nosotros les ponemos una talanquera a los nuevos oferentes para que se vean precisados a cumplir unas normas, unas franjas y unos mínimos en términos de contenidos que no cumplen los antiguos operadores, estamos ocasionando un desequilibrio en el mercado.

En su concepto, ¿cuáles son las equivocaciones que se han cometido en este proceso del tercer canal?

Primero, la demora. Desde el 11 de enero de este año ha debido estar al aire el tercer canal y esa es una circunstancia que la junta no previó, que la junta manejó con absoluta negligencia e irresponsabilidad con el país y con la democracia. Colombia se merecía tener un tercer canal de manera oportuna tan pronto venciera la cláusula de exclusividad de Caracol y RCN y eso no fue posible por negligencia. Segundo, en el esquema de valoración, las valoraciones las conoce suficientemente el país y están perfectamente equivocadas. El señor Presidente de la República, en una intervención indebida a la autonomía constitucional de la Comisión, dio la orden de que se rebajara el precio a Caracol y RCN. Y se procedió a mano alzada a rebajar el precio. Eso, junto con una decisión reciente igualmente irresponsable de la Comisión, diría que muy parecida a la de Agro Ingreso Seguro, que es la determinación de rebajarles a los operadores de televisión por suscripción más de $60 mil millones al año. Eso es un regalo a unos inversionistas que recién entraron al mercado con un esquema tarifario, que ahora sin ninguna razón, sin ninguna justificación, deciden rebajarlo, eso pone en peligro los recursos de la televisión pública.

Pero, usted formó parte de la Comisión Nacional de Televisión, ¿por qué no se logró que el canal empezara a funcionar en enero de este año?

No se logró por la intromisión del Gobierno. En la junta directiva, desde cuando era miembro, había una mayoría que conducía desde el Gobierno Nacional, particularmente desde el Ministerio de Comunicaciones. Me parece que la junta frente a este tema actuó con suma negligencia y no hizo oportunamente lo que tenía que hacer para garantizarles a los colombianos un tercer canal, así lo advertí hace tres años en un memorando que dirigí a la junta directiva.

¿Qué interpretación le da al hecho de que se esté acelerando el proceso?

Para producir unos efectos políticos, para hacer todo lo contrario de lo que ordena la Constitución, que es permitir el acceso libre al espectro electromagnético, el acceso democrático a la prestación del servicio público de televisión, el pluralismo informativo, la diversidad y la expansión de la oferta televisiva. Contra todo eso se está atentando, porque he dicho que todo lo que ha hecho la junta en relación con el tercer canal es para garantizar que el mismo no se adjudique de manera seria y pronta.

Usted planteó la presentación de un memorando hace tres años, ¿qué sentido tenía?

Con claridad señalaba una agenda definiendo los temas que deberían ser tratados, estudiados; los procesos que debían adelantarse para garantizar el proceso. Además, planteaba un cronograma que, de haberse cumplido, habría permitido tener al aire el tercer canal en enero del presente año. La junta desatendió esas recomendaciones, el Gobierno también, ese memorando se lo entregué personalmente a la Ministra cuando se posesionó, advirtiéndole de la importancia del proceso.

¿Y en esto incide el hecho de que muchos comisionados no hayan tenido el perfil para el cargo?

No quisiera referirme de manera específica a personas con las que compartí silla y que fueron mis colegas de trabajo, pero más que el perfil de los comisionados me parece que ha sido muy grave en todo este proceso para el sector la intromisión del Gobierno Nacional.

Entonces, ¿está politizado el proceso?

Creo que sí. Pienso que el proceso hace rato dejó de cumplir con el mandato legal de garantizar una mayor oferta televisiva, un pluralismo con transparencia e imparcialidad, y las decisiones que se están adoptando, la celeridad con la que las mismas se están adoptando, lo que nos indica es que el proceso está politizado por la interferencia y la intromisión perturbadora del Gobierno Nacional.

¿De qué manera le metió la mano el Gobierno al proceso?

Las decisiones que ha tomado la junta han estado dirigidas incluso públicamente por el Ministerio de Comunicaciones. A mí me parece sorprendente que un organismo que por definición constitucional es autónomo se someta a la circunstancia que es la Ministra de Comunicaciones, quien hace los anuncios sobre un proceso que debe manejar la junta de manera autónoma e independiente, imparcial y transparente.

Con el concepto del Consejo de Estado cambiaron las condiciones de la subasta, ¿qué opina al respecto?

Lo que dice el concepto es que existen muchos mecanismos de selección. La Ley 182, la ley de televisión que se permite en el país, trae unos criterios para la adjudicación, pero repito, es una norma legal que incluía en la ley de TICS, que establece la subasta como un mecanismo preferente para adjudicar concesiones en el sector de telecomunicaciones, incluida la de televisión, es una norma legal que hay que respetar. Creo que el mecanismo de subasta es posible en el establecimiento de unos mínimos que deben cumplir los operadores y que además este mecanismo de subasta de alguna manera corregiría los errores que se cometieron en la valoración del tercer canal.

Entonces, ¿qué sugiere usted que se debe hacer?

Me parece absolutamente inconveniente que se insista en adelantar el proceso en estas circunstancias electorales. Me parece que debería aprovecharse este tiempo para corregir los errores que se cometieron en materia de valoración, para resolver aspectos técnicos fundamentales que aún no están resueltos. Los oferentes que están escritos en el RUO han pedido que se les asigne una frecuencia similar a las que tienen los canales RCN y Caracol, y eso no ha sido resuelto. La Ministra anunció públicamente que se iba a usar la frecuencia de Canal 13, sobre eso no hay una respuesta contundente. El viernes en la mañana el director de la Comisión anunció la posibilidad que existía de buscar esas frecuencias y todavía no hemos definido esos aspectos técnicos fundamentales que garantizan la simetría en las condiciones de adjudicación del tercer canal; no entendemos cuál es la prisa. Y, además, si estamos enfrentados a una coyuntura electoral, la de que este Gobierno tiene la responsabilidad de otorgar todas las garantías a los grupos de oposición, parece inconveniente la celeridad que tienen para adjudicar el canal.

¿Qué futuro le ve al proceso?

Diría que debe suspenderse. Lo más conveniente para el país es anunciar la suspensión del proceso, el reinicio del mismo. Habrá que atender los requerimientos que de manera legítima van a presentar los inversionistas que ya han participado en el proceso y que tienen derecho a que el Estado les ofrezca garantías de seguridad jurídica, porque es más conveniente para el país hacer un alto en el camino, dejar que pase todo el proceso de contienda electoral y que en el entretanto adelantar los estudios con rigor y seriedad para garantizar que superado el debate electoral pueda enfrentar con seriedad el país el proceso de adjudicación eficaz del tercer canal.

¿Usted cree que el Gobierno está intimidando a los oferentes con este proceso?

No creo. Tengo la seguridad de eso. He visto actuar al Gobierno en estos temas y me parece que aquí no hay un manejo serio desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista económico, sino que justamente hay un manejo político de la situación.

¿Qué puede pasar con aquel concesionario que quiera entregar espacios por efecto de la licitación de tercer canal?, ¿quién responde?

Eso es grave, es parte de la situación a la que nos veríamos abocados por la improvisación en la que nos tiene metidos la junta directiva de la Comisión. La única posibilidad legal es que esos espacios los programe RTVC, que es una programadora del Gobierno Nacional con funcionarios designados por el Gobierno Nacional. En una circunstancia electoral, que una dependencia del Gobierno maneje un solo programa, un solo espacio de televisión es muy grave para la democracia, inadmisible, y eso es algo que debe valorar la junta directiva.

¿Qué opina usted de que eventualmente en el futuro se pueda presentar un desequilibrio económico entre los actuales concesionarios con el nuevo canal?

Tal como están los pliegos se va a presentar. Se va a presentar desequilibrio de parte y parte. Caracol y RCN pueden reclamar con justicia que al tercer canal se le cobre por lo menos lo mismo que se les cobró a ellos y el tercer canal puede reclamar de la junta directiva que desde el punto de vista de los contenidos las exigencias para ellos no sean gravosas y no sean diferentes a las que tienen Caracol y RCN. Este equilibrio necesario en esta decisión que se va a adoptar no está garantizado con la actual decisión de la junta directiva. Esa sería razón suficiente para revisar desde el comienzo toda la formulación de este proceso de licitación.

¿Cómo ve usted el papel de la ministra de comunicaciones, María del Rosario Guerra, en este proceso?

A mi juicio ha sido inconveniente, ilegal, inoportuno y desafortunado.

¿Por qué para usted es grave que entreguen el canal en esta coyuntura electoral?

Justamente porque someten a las personas que están interesadas en la adjudicación como a los actuales concesionarios a una presión inadmisible en relación con el cubrimiento informativo de las gestiones y las acciones del Gobierno Nacional.

¿Usted cree que esto es una orden del presidente Álvaro Uribe, entregar este canal?

Si la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión, como lo ha demostrado de manera fehaciente, es un apéndice del Gobierno Nacional, yo juzgo que la orden proviene de Palacio.

¿Y cómo se puede probar que esa orden viene de Palacio?

Los hechos hablan por sí solos.

¿Uno podría decir en el fondo que usted está en contra del tercer canal?

No, por supuesto que no, todo lo contrario. A mí me parece que los colombianos tienen derecho a un tercer canal. Es responsabilidad de la Comisión y del Gobierno Nacional en condiciones de equidad con los actuales operadores ampliar la oferta televisiva para todo el país. Es una responsabilidad que existe desde el 11 de enero del presente año, estamos en mora de tener un tercer canal, pero el mal manejo del proceso no nos puede conducir a entregar un canal en condiciones en donde se pone en peligro la industria de la televisión y particularmente la televisión pública del país.

Usted dice que el proceso se debería suspender y reiniciar, ¿en qué fechas?

Después de elecciones; me parece que esto es muy perturbador para el proceso electoral.

Usted es abogado experto en el tema, ¿va a iniciar alguna actuación judicial contra la adjudicación del tercer canal?

Esta entrevista espero constituya una acción como ciudadano y como abogado. He visto con mucho interés la intervención oportuna del Procurador, quien tiene una gran responsabilidad frente a los colombianos en términos de garantizar que los funcionarios responsables de tomar la decisión lo hagan con todo el rigor y ajustados a la ley.

¿Cómo define en una palabra el proceso de adjudicación del tercer canal?

Caótico, negligente e improvisado.