'Rafael Nieto atacó al Estado'

Según el jurista, el abogado defensor en el caso del Palacio de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría ser investigado por buscar proteger
a los militares implicados, y el país volvería a la “lista negra” de ese organismo.

El abogado Rafael Barrios considera que la  CIDH declarará culpable al Estado colombiano. / Andrés Torres
El abogado Rafael Barrios considera que la CIDH declarará culpable al Estado colombiano. / Andrés Torres

¿Qué le dice al abogado Rafael Nieto, quien asegura que en Colombia no hay desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia?

Su contestación es un desconocimiento a las decisiones judiciales que se han tomado por la justicia penal, ignora la sentencia que (recién ocurridos los hechos) dictó el Consejo de Estado condenando a la nación por la desaparición de las 11 personas. Es un ataque a las víctimas, porque estas sentencias son una reparación para ellas en su dolor, y finalmente un irrespeto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al igual que a la sociedad colombiana.

¿Las pruebas desarrolladas por la justicia colombiana serán tenidas en cuenta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Claro. Hay que destacar que las pruebas que están en el proceso internacional fueron producidas por la justicia colombiana y no por las víctimas. Con base en esas decisiones judiciales la CIDH va a determinar la responsabilidad del Estado en lo sucedido.

¿Por qué es tan complicado que el Estado colombiano reconozca la suya?

Es curioso, Colombia tiene 13 casos decididos ante la CIDH. En los 12 primeros el Gobierno ha reconocido responsabilidad internacional, ya sea total o parcial. En los casos litigados por Rafael Nieto Loaiza (defensor del Estado colombiano), se reconoció responsabilidad parcial del Estado, pero era un reconocimiento “engañoso” que la Corte no tuvo en cuenta. Ahora se va de niegue total, asegurando que acá no hay torturados, ni desaparecidos extrajudicialmente.

¿Vamos rumbo a la impunidad?

En este momento el Estado ha mostrado decisiones internas que no conducen a la impunidad, como es el caso de la condena contra el coronel (r) Plazas Vega y el general (r) Arias Cabrales.

Pero Nieto niega que haya desaparecidos.

Es que esos avances son los que Colombia ha debido mostrar ante la CIDH para morigerar los efectos de la sentencia, pero se ha hecho todo lo contrario. El agente del Estado colombiano no lo ha defendido, ni siquiera defendió al Ejercito Nacional, sino a las personas investigadas, juzgadas y condenadas en Colombia.

¿En qué se equivoca la defensa?

Hay una falta de defensa técnica que ha comprometido fondos estatales. El agente ha recibido, según información de los medios, 450 millones de pesos, lo que podría implicar investigaciones en el Consejo Superior de la Judicatura e investigaciones fiscales por parte de la Contraloría General, pues esos fondos no fueron utilizados en una defensa técnica para el Estado, sino a favor de personas de carne y hueso.

¿Se pusieron intereses particulares por encima de los del Estado?

Totalmente. Su propósito fue defender a personas del Ejército Nacional que incurrieron en graves violaciones de derechos humanos y no defender al Estado. Por el contrario, lo atacó al desconocer sus decisiones penales.

¿Qué intereses de fondo pueden existir?

Lo que se sabe es que en el nombramiento del abogado, que se hizo tres días antes, quién impuso al agente fue el Ministerio de Defensa Nacional, es decir, que el que está interesado en que se defienda a estos militares es el Ministerio. Entonces tendrá que explicar el Estado quién del Ministerio impuso al doctor Nieto Loaiza y quién se lo dejó imponer. ¿Fue el presidente de la República, fue la canciller, la doctora Guillén?

¿Cuáles son las consecuencias si se demuestra que hay responsabilidad del Estado?

Además de que la sentencia en sí misma es una forma de reparación, el Estado deberá reconocer públicamente su responsabilidad en lo ocurrido y sancionar e investigar a los responsables.

¿Cómo ve el futuro de este proceso?

Con los elementos de prueba que tiene la CIDH, el Estado colombiano va a ser condenado no solo por el retardo judicial, sino por las obstrucciones para que no se conozca la verdad.

¿Queda mal parado el Estado colombiano frente a la CIDH?

Cuando el Estado ha asumido la responsabilidad por los hechos que son llevados ante la Corte, se ha visto beneficiado por decisiones más suaves y el reconocimiento por el esfuerzo en mejorar la justicia, pero con esta situación es posible que la Corte sea más severa en su sentencia.

¿Lo ocurrido podría influir en los resultados de la nueva revisión que hará el organismo internacional de su capítulo 4 o “lista negra” en materia de derechos humanos, del que Colombia había sido sacada temporalmente?

A ningún Estado le gusta estar ahí, pero es posible que por el fuero penal militar y el desconocimiento continuado de responsabilidad en casos como este sí haya impacto en esa decisión, haciendo que Colombia vuelva a la “lista negra”.