“El pacto de silencio sigue vigente”: abogada de familia del grafitero Diego F. Becerra

Miriam Pachón resume el caso del adolescente muerto por una bala cuando un patrullero de la Policía le disparó, hace 5 años. La investigación sigue abierta y sin resolución. Afirma que continúa la estrategia de dilaciones y de protección a los uniformados pese a las confesiones de algunos.

Cecilia Orozco
07 de mayo de 2016 - 09:00 p. m.
“(El uniformado) que llevó el arma a la escena para incriminar a Diego Felipe confesó, pero no ha podido acceder a beneficios”: Miriam Pachón./ Fotos: Cristian Garavito
“(El uniformado) que llevó el arma a la escena para incriminar a Diego Felipe confesó, pero no ha podido acceder a beneficios”: Miriam Pachón./ Fotos: Cristian Garavito

¿Cuántos procesos penales están pendientes por la muerte del estudiante Diego Felipe Becerra a manos de un patrullero de la Policía?

Hay cuatro casos: uno, en la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema contra el general Francisco Patiño. No ha tenido ningún avance, aunque lleva tres años de su apertura; otro, contra el patrullero que disparó y le quitó la vida a Diego Felipe; un tercero, por fraude procesal, contra la asistente del general Patiño, un coronel, un capitán de Inteligencia y una abogada de la Policía. Y un cuarto, contra tres coroneles, dos subintendentes y dos patrulleros, acusados de alterar la escena para evitar que se supiera que el patrullero Wílmer Alarcón le había disparado por la espalda a la víctima. Como todo el mundo sabe, la alteración incluyó el acto de llevar una pistola al sitio en donde murió Diego Felipe para decir que el patrullero tuvo que dispararle porque él tenía arma (ver parte superior de la página) y acababa de atracar una buseta.

¿Cuántos de los procesados han negado los hechos y cuántos han aceptado cargos?

Entre los anteriores procesos no están incluidos dos que ya concluyeron. Los patrulleros Nelson Rodríguez y Fredy Navarrete, que decidieron confesar, ya fueron condenados a 4 años cada uno por adulteración de la escena, porte ilegal de armas y favorecimiento al homicidio. Tuvieron rebaja de pena por tener derecho a principio de oportunidad y quedaron condicionados a ser testigos en los demás casos. El subintendente Giovanny Tovar, quien llevó el arma a la escena para incriminar a Diego Felipe, también confesó, pero no ha podido acceder a beneficios porque él y su abogado han sido amenazados y no ha podido realizarse la audiencia para recibir condena.

¿Qué revelaron los patrulleros?

Que la víctima no tenía ningún arma, que Diego Felipe no tuvo nada que ver con el hurto, que él estaba pintando un grafitti junto con otros amigos cuando el patrullero Wílmer Alarcón lo requisó, que caminó con él unos metros, lo persiguió cuando Diego Felipe empezó a correr y le disparó por la espalda. El crimen ocurrió el 19 de agosto de 2011 y ellos confesaron entre 2014 y 2015. Aseguraron que no habían contado nada antes por las presiones de sus superiores, presiones que ejercieron a través del abogado de la Policía Héctor Hernando Ruiz, hoy también procesado. Está claro que hubo un pacto de silencio en la institución, pacto que sigue vigente en buena medida.

¿Por qué ha sido tan complejo el cierre definitivo de este caso, si ya hay confesiones y condenas?

Porque han entorpecido los otros procesos. Para empezar, no se ha podido realizar la audiencia preparatoria para el juicio en el Juzgado 19 contra tres coroneles y varios civiles, entre éstos el abogado Ruiz, a quien se considera que es el cerebro de la operación para desviar la investigación; el conductor de la buseta que presuntamente atracó Diego Felipe, y la esposa de ese conductor. Los abogados de la defensa de los uniformados dilatan el inicio de la audiencia con el argumento de que el fiscal del caso no les entrega las pruebas.

¿Y por qué no las ha entregado?

No es cierto que no las quiera entregar. Cuando las ha tenido listas para dárselas a los abogados de la defensa, ellos, hábilmente, no van a recogerlas y después argumentan que se les negaron.

Precisamente esta semana se publicó un amplio reportaje en que la autora del mismo defiende a los coroneles investigados, en particular a José Javier Vivas. Ella transcribe un aparte de la declaración del subintendente que confesó llevar la pistola a la escena (“llegó el patrullero Navarrete… a preguntar quién tenía un arma de fuego para colaborarle al compañero -que había matado al grafitero- … Yo tenía dudas, pero finalmente accedí”). ¿Esta no es una de las piezas del proceso a favor de la víctima?

Sí. Es una prueba clave, porque el subintendente que confesó relata cómo se adulteró la escena del crimen. Al transcribir esa parte entre comillas, en el artículo que usted menciona, se violó el derecho de defensa de los investigados, de un lado; del otro, la autora del texto demostró -sin darse cuenta- que quienes se quejan porque no tienen las pruebas contaban con ésta, que es fundamental. Recuerdo claramente que la jueza advirtió que debía mantenerse en reserva. Es decir, quienes le entregaron la declaración del subintendente a la persona que escribió la nota, violó esa reserva legal. Esta situación ilegal ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía y del juzgado.

¿Quién lo puso en conocimiento de esas dos entidades?

Yo. Lo hice el día en que salió la publicación, porque la reserva judicial es un mandato legal.

¿Qué opina de la defensa que se hace en ese artículo de los oficiales de alto grado? Cuando se lee, queda la impresión de que la justicia está ensañada contra unos uniformados sólo por ser de la Policía.

Que es un artículo temerario y que su autora, a pesar de haber hablado conmigo y con los padres de Diego Felipe, no registró de manera neutral los hechos, sino que tenía la intención de favorecer a los coroneles involucrados, desconociendo las pruebas del proceso. La publicación, a mi juicio, quiere abonar el terreno para la petición de libertad de los detenidos que van a alegar vencimiento de términos cuando su defensa dilata el desarrollo del caso. Quisiera añadir que se ha demostrado que la insistencia de los investigados en decir que no les dan las pruebas, no es para exigir derechos ni para defenderse en los términos que la ley indica, sino para intentar influir extralegalmente en la decisión de la justicia.

En círculos de la defensa de los imputados se ha divulgado, con insistencia, que la familia de la víctima quiere sacarle dinero a la Policía. ¿Qué puede responder siendo verdad que ustedes están solicitando indemnización?

Hemos dicho y lo repetimos en todos los escenarios, que estamos dispuestos a renunciar a cualquier compensación económica a cambio de que todos los involucrados confiesen la verdad, de que se haga justicia aun en los niveles altos de la Policía, y de que le restituyan el buen nombre a Diego Felipe confesando que nunca tuvo un arma ni participó en un asalto. Nuestras peticiones están claras (ver parte superior de la página) y la menos importante es la de la compensación, aunque la familia de Diego Felipe tiene todo el derecho de exigirla.

Y a propósito, el presunto asalto a la buseta en que habría participado como atracador el adolescente Diego Felipe, ¿fue desvirtuada o continúa la duda?

En este momento sigue detenida la esposa del conductor, Nubia Mahecha, por falsa denuncia y calumnia. El conductor, Jorge Narváez, quedó en libertad por vencimiento de términos (siguiendo la estrategia de dilaciones), pero continúa vinculado a la investigación por falsa denuncia, fraude procesal y favorecimiento al homicidio. En una primera declaración que él dio en presencia del general Patiño, cuando éste fue a buscarlo a un CAI, Narváez sostuvo que Diego Felipe lo había atracado. Dos años más tarde, en 2014, se retractó ante el fiscal del caso: aseguró que lo habían obligado a hacer esas afirmaciones. Él dijo que, desde el principio, el general Patiño (director de la Policía Metropolitana), el coronel Nelson Arévalo (comandante de Policía de Suba), la teniente Perdomo (asistente del general) y Carlos Arenas (prensa de Policía Bogotá) sabían que él (el conductor Narváez) no era la persona a la que habían asaltado y que, sin embargo, lo inmiscuyeron en el caso.

¿Por qué esa declaración no tiene ningún efecto judicial?

Hemos tenido que luchar para que los casos avancen, como le digo. La confesión del conductor no ólo no ha tenido efecto en el proceso contra él mismo porque sigue sin ser condenado y está libre, sino que tampoco ha sido útil en el caso contra el general Patiño, pese a que fue en su presencia y con su beneplácito que se montó esa versión.

Pero, ¿sí hubo un atraco a la buseta que pasaba por el lugar en que cayó el grafitero o no?

Aparentemente existió: la llamada a la línea 123 de uno de los pasajeros de una buseta que pasó por ahí es real. En la declaración, que obra en el proceso, el testigo asegura que el robo lo cometieron cuatro adultos, que no había adolescentes (la víctima tenía 16 años cuando murió) y que Diego Felipe, del que le mostraron fotografías, no estuvo ahí. Al parecer sí hubo un atraco a una buseta, pero era distinta a la que manejaba Jorge Narváez. Resulta que éste no trabajó ese día porque el vehículo que él tenía había sido vendido. Todo consta en documentos. Hay otro dato extraño: aparecen dos reportes de hurtos a busetas en esa zona con una diferencia de seis minutos entre la una y la otra. Ya hay constatación de que al menos uno de los reportes fue alterado.

¿Cómo fue la historia de una agente de Inteligencia que fue pillada durante una audiencia tomando fotos de los familiares de Diego Felipe?

Eso fue en una de las audiencias en el proceso de los coroneles, precisamente. La mujer estaba tomándonos fotografías a la familia, a los abogados y al fiscal. La prensa se dio cuenta y preguntó quién era ella. La Policía de Paloquemao la indagó y le tocó identificarse como agente de Inteligencia de la misma Policía y dijo que le reportaba al capitán Alain Echávez, subcomandante de Contrainteligencia, hoy vinculado al proceso por este hecho.

Me parece que usted insinúa que la Policía no tiene voluntad de resolver el caso y que la institución sigue protegiendo a los involucrados…

Lo que se puede constatar, con hechos, es que han apoyado a quienes adulteraron la escena para proteger, primero, a un patrullero en un acto de solidaridad de cuerpo. Y que, más adelante, se fueron involucrando en niveles más altos hasta llegar a quien era director de la Policía Bogotá. Hoy se encuentran desaparecidas muchas pruebas que estaban en esa sede.

Pasados cinco años de la trágica muerte de Diego Felipe, ¿continúa la solidaridad de cuerpo?

Sí. Uno siente que continúa: como le digo, no aparecen las pruebas que están en poder de ese organismo y los involucrados continúan siendo activos de la Policía; los detenidos tienen protección y, como le digo, entre más alto el rango, más alto el nivel de protección.

¿Lo dice por el general Patiño?

Claramente sí, en cuanto a la Policía. En cuanto a la Fiscalía Delegada ante la Corte, es raro que, pasado todo este tiempo, el proceso contra él no haya tenido ningún avance. Por si fuera poco, cuando recopilamos evidencias, esa fiscalía nos llama para preguntarnos dónde las obtuvimos. Al padrastro de Diego Felipe, Gustavo Trejos, lo llamaron para indagarle cómo había obtenido unas pruebas.

¿Ustedes se han entrevistado con la cúpula de la Policía Nacional para presentar sus reclamos?

Una vez tuvimos una reunión con el general Palomino y con el inspector de la Policía, general Vásquez, la madre de la víctima, su esposo y yo. Reclamamos por las ventajas que tenían los detenidos, quienes habían sido llevados a La Picota y en un lapso de dos días fueron trasladados a la cárcel de la Policía en Facatativá, en un trámite que, regularmente, dura más de dos meses. Estando en esta cárcel, ellos estuvieron tomando en un bar con la coronel Claudia Patricia Barrero, directora del penal. Cuando hablamos del tema, la respuesta del general Vásquez fue la de que la coronel no sabía que sacar presos de la cárcel sin permiso de un juez estaba prohibido.

¿Cuántos casos lleva usted contra la Policía, además del de Diego Felipe?

La familia de Diego Felipe y yo apoyamos a otras familias de víctimas de la Policía en casos en que hayan resultado muertos civiles en estado de indefensión. Tenemos unos seis. Y yo llevo unos nueve casos, en total, incluyendo el de Diego.

¿Usted hace parte del cartel de abogados de los reintegros que estarían asociándose para conseguir que uniformados despedidos sean regresados a la institución para pedir indemnizaciones millonarias?

No llevo ningún caso de reintegro. Cuando se habló de esa especie de cartel de abogados le pregunté al general Palomino si estaba incluido mi nombre. Él me contestó que no.

Los involucrados en el montaje contra el grafitero

La Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte se encarga del caso contra el general Francisco Patiño, que era el director de la Policía de Bogotá; se le investiga por fraude procesal, adulteración de la escena del crimen y favorecimiento del crimen. No hay ningún avance en el proceso pese a que se abrió hace tres años.

En la Fiscalía 52 de la Unidad de Vida se investigó al patrullero Wílmer Alarcón, quien le disparó a Diego Felipe Becerra. Se le imputa el delito de homicidio agravado y está en juicio. La Fiscalía 295 Anticorrupción tiene, en etapa preliminar, el caso de la teniente Lady Perdomo (asistente del general), el coronel Leonardo Mejía, el capitán de Inteligencia Elain Echávez y la abogada Liliana Cañaveral por fraude procesal.

En el Juzgado 19 Penal de Conocimiento se encuentra el proceso contra los coroneles José Javier Vivas, Nelson Arévalo y John Peña; los subintendentes Leandro Zarabanda y Nelson Tovar, y los patrulleros Wílmer Alarcón y Juan Carlos Leal por favorecimiento al homicidio, fraude procesal y porte ilegal de armas: etapa de juicio. En esa misma investigación están las pruebas contra Héctor Hernando Ruiz, abogado de la Policía, considerado el cerebro de la alteración de la escena del crimen; Jorge Narváez, conductor de una buseta, y Nubia Mahecha, esposa del conductor.

“Rescate del buen nombre y rectificación pública”

La demanda al Estado por parte de la familia de la víctima, consta de tres puntos:

1. Crear una medalla de honor en la Policía con el nombre de Diego Felipe Becerra, que se le debe otorgar al oficial más destacado en el respeto por los derechos humanos.

2. Hacer una ceremonia de rectificación pública por parte de la Policía en que se diga que la víctima y sus amigos grafiteros no estaban cometiendo ningún delito; que Diego Felipe no atracó una buseta y que los altos miembros de la institución, en Bogotá, obraron de mala fe para ocultar el homicidio.

3. La demanda económica. Tanto la familia de la víctima como su abogada Myriam Pachón han dicho varias veces, y en esta entrevista la apoderada lo reitera, que están dispuestas a renunciar a las pretensiones de indemnización monetaria si las dos primeras condiciones se cumplen.

Hasta el momento, sin embargo, no se ha visto voluntad política de la Policía o del Gobierno Nacional para dilucidar el caso y despejar las enormes dudas que existen alrededor de la conducta de un general, cuatro coroneles, un capitán, otros oficiales de menor rango y varios patrulleros, a pesar de que tres de los involucrados ya confesaron el montaje que hicieron para incriminar a la víctima y salvar a quien lo mató.

Por Cecilia Orozco

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