Falsos positivos: 21 condenas prueban su masiva ejecución

La abogada Carolina Daza y el abogado Juan Carlos Bernal, apoderado de dos víctimas / Cristian Garavito - El Espectador

Carolina Daza, apoderada de una víctima

“Hay que descubrir a los máximos responsables”

Veintiún militares implicados en los falsos positivos de Soacha fueron condenados esta semana, después de ocho años de espera. ¿Llegó la justicia o está a medio camino?

Aun cuando todavía no se conoce el contenido de la sentencia de primera instancia, el fallo condenatorio es un paso: se reconoce que los hechos en que resultaron desaparecidos y asesinados cinco jóvenes de ese municipio obedecieron a actos premeditados para reportar resultados operacionales que eran ilegítimos y que no tenían que ver con un supuesto combate, como sostenía la defensa. Sin embargo, el proceso penal aún no termina. Vienen recursos de apelación, e incluso es posible que el expediente llegue a casación. Para el logro pleno de la justicia, hace falta avanzar en la verdad y la reparación, lo cual pasa por descubrir a los máximos responsables de estos crímenes en los que la política de seguridad estatal tuvo un papel importante.

En su fallo, el juez encontró responsables a los 21 uniformados por cinco delitos graves, además de declarar que el caso es de lesa humanidad. ¿Esta calificación les da a ustedes seguridad de no impunidad?

Aunque jurídicamente no hay una garantía sobre lo que pase en el futuro, es relevante que una autoridad judicial reconozca, no sólo que fue un acto generalizado en el que varios jóvenes desaparecieron y fueron asesinados, sino que obedeció a una sistematicidad, esto es, a un plan criminal cuidadosamente orquestado que consistió en la ubicación, el traslado y la recepción de habitantes de sectores humildes para ser ultimados y reportados como muertos en combate no identificados. Estos actos fueron ejecutados por militares, en particular del Batallón Contraguerrillas 96, de la Brigada Móvil 15, con sede en Norte de Santander.

¿Los jueces que conocen los otros procesos por falsos positivos en el país están obligados a declarar también que esos crímenes son de lesa humanidad?

No obliga a los jueces que conozcan otros casos a fallar en igual sentido, pero sí constituye un precedente en términos de verdad histórica porque desvirtúa la tesis de las manzanas podridas o de hechos aislados en los que las responsabilidades no van más allá de los ejecutores. En cambio, pone en evidencia que personas de alto nivel pudieron haber intervenido en estos hechos, máxime cuando el modus operandi en la comisión de tales crímenes es idéntico a lo largo y ancho del país.

El juez aún no ha dicho el monto de la pena para los responsables. ¿Cuántos años más cree que deberá esperar la madre de una de las víctimas, Idalí Garcerá, a quien usted apodera, para saberlo?

Seguramente, los procesados y sus abogados harán uso de los recursos de ley alegando su inocencia, como siempre lo han hecho. No se sabe cuántos años más tendrá que esperar doña Idalí para obtener una sentencia definitiva. De hecho, son muy pocos los casos que hasta la fecha han llegado a ese estadio. Pero también hay casos en condiciones más difíciles que la que represento, porque los cuerpos no han sido hallados, los casos no han salido de la etapa de investigación, no hay vinculados o, en la peor de las escenas, se encuentran en la justicia penal militar.

¿Cómo ocurrió el caso del hijo de la madre de Soacha que usted apodera?

El cadáver de Diego Alberto Tamayo Garcerá apareció en la morgue de Ocaña, reportado por el Ejército como guerrillero muerto en combate. Diego era un joven de 25 años que convivía con su madre en el barrio Ducales de Soacha. El 22 de agosto de 2008 fue la última vez que la señora Idalí supo de él, cuando Diego le contó que lo habían invitado a conocer la Costa. De acuerdo con el expediente y las pruebas, Diego y otros dos jóvenes (Víctor Fernando Gómez y Jáder Andrés Palacio Bustamante) fueron conducidos a Ocaña por dos “reclutadores”, con falsos ofrecimientos de trabajo y promesa de buena remuneración. Cuando llegaron fueron retenidos en la habitación de Alexánder Carretero (uno de los reclutadores). Les dieron bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. En la noche fueron recogidos por dos miembros del Ejército que se los entregaron a otros de la Brigada Móvil 15. Éstos los asesinaron y manipularon el lugar para simular un contacto armado legítimo, reportar las muertes como resultados operacionales exitosos y obtener recompensas por ello.

¿Es cierto que Diego tenía antecedentes penales por venta de estupefacientes y hurto?

Hacer alusión a los antecedentes de las víctimas se presta para desviar la atención y justificar la sistemática y generalizada conducta de las Fuerzas Militares de asesinar civiles y hacerlos pasar como dados de baja en combate. Situaciones como esta han sido utilizadas para justificar socialmente este tipo de crímenes desvalorizando la vida de las víctimas, y también para que las autoridades no activen labores de búsqueda e investigación inmediatamente. De acuerdo con las pruebas del proceso, quedó claro, en cambio, que Diego tenía arraigo en Soacha, que se dedicaba a labores informales, como la construcción, y que no pertenecía a ningún grupo armado ilegal.

Hablando de los falsos positivos, el senador Uribe aseguró que los asesinados “no estaban recogiendo café”. La madre de Diego, otras madres y usted misma, ¿cómo entendieron esa frase?

Las Madres de Soacha y los abogados del caso entendimos que se hacía referencia a que las víctimas eran delincuentes. Estas afirmaciones tuvieron un fuerte impacto entre los familiares, pues no sólo perdieron a sus seres queridos, sino que, además, los estigmatizaron. Frente al proceso, las dificultades iniciaron con la falta de acción de las autoridades e, incluso, algunos familiares y sus apoderados fueron víctimas de persecución y amenazas. Creo que el exmandatario tenía la intención de justificar violaciones de derechos humanos, pues en los períodos de sus gobiernos (2002-2010) hubo un aumento considerable de ejecuciones extrajudiciales, con más de 3.000 casos reportados.

Con toda sinceridad, ¿los defensores de los condenados han actuado con lealtad judicial en estos ocho años o han entorpecido el avance del caso?

Le voy a dar un ejemplo para que tenga una idea de lo sucedido en estos años: en noviembre de 2014 culminó la práctica de pruebas en el juicio oral y se dio inicio a la presentación de los alegatos de conclusión. La Fiscalía, todos los representantes de víctimas y la Procuraduría presentaron sus alegatos en la fecha prevista a pesar de que la Fiscalía tenía la dispendiosa obligación de pronunciarse sobre todos y cada uno de los acusados. Solo faltaba escuchar a la mayoría de los defensores de los procesados, pero estos presentaron nueve aplazamientos. Las víctimas tuvieron que esperar otros dos años para conocer la sentencia. Siempre pasaba algo: nunca comparecía el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, aunque el juzgado había avisado al batallón a tiempo. También ocurría que el día anterior a la audiencia alguno de los procesados le revocaba el poder a su abogado o alguno de sus defensores resultaba incapacitado. Esto sin tener detalle pormenorizado de los aplazamientos en las otras etapas del proceso, que duraron seis años más. Ante eventos reiterados como estos, ¿qué otra interpretación podría haber?

Abogado Juan Carlos Bernal, apoderado de dos víctimas