La entrevista de Cecilia Orozco 6 Jul 2013 - 10:58 pm

"Hay que convocar a los dirigentes verdes"

El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, sería el primer inhabilitado de la Procuraduría en llegar a la presidencia de una colectividad política.

Por: Cecilia Orozco Tascón
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“Esta es la única colectividad que conozco que tiene a todos sus jefes “exiliados”, semirretirados o retirados”, asegura Alonso Salazar. / David Campuzano - El Espectador

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Va a ser, realmente, el presidente del Partido Verde?

Alonso Salazar Jaramillo.- Es muy importante que el partido Verde se reorganice y que actúe en el escenario político porque hay muchísima gente que no se ubica en la derecha ni en la izquierda o que ni siquiera le interesa ese tipo de  denominaciones sino que necesita alternativas del denominado centro. Es cierto que me hicieron esa propuesta pero dije que si no se desconcentran una serie de poderes,  si no se construyen unos consensos y una conexión más estrecha entre los miembros de la colectividad y el propio partido, y si no hay mayor transparencia  en  la toma de decisiones, es muy difícil asumir esa tarea. Si se modifican esas condiciones, sí lo consideraría.

C.O.T.- ¿Esas modificaciones  que propone no deberían ser, más bien, su primera labor como nuevo presidente y no al revés?

A.S.J.-  Eso me contestaron. Pero dije que no vale la pena llegar a desgastarse con las luchas internas de reacomodamiento y que habría que concentrarse, más bien, en temas de importancia como la posición del partido frente al proceso de paz, un punto fundamental en las relaciones con el gobierno Santos. Y en el tipo de programa que se presentará  el año entrante de acuerdo con la realidad que está viviendo el país,  más otros asuntos que no dan espera.

C.O.T.-   ¿Cuáles son sus críticas al funcionamiento del Verde?

A.S.J.-  Las estructuras a veces se agotan y las propias personas que están al frente de ciertos procesos, también. El partido vivió una circunstancia muy particular: llegó a un punto muy alto con la ola verde por la presencia de unos dirigentes que probaron que existen formas diferentes de gobernar al país que son exitosas, como Peñalosa, Fajardo, Mockus y Garzón. Pero no fue capaz de transformarse en una colectividad ágil e incluyente sino que  el poder político, los manejos presupuestales, la representación legal que da o quita los avales, la Secretaría General, etc., se concentraron en muy pocas manos.

C.O.T.- Entiendo que las circunstancias son difíciles: cercanía de las elecciones y partido semidisuelto ¿Podrían reunificarse las fuerzas? 

A.S.J.- No creo que nadie pueda prometer milagros pero el primer esfuerzo que debería hacer quien quiera que asuma la dirección del partido, es volver a convocar a sus dirigentes. Esta es la única colectividad que conozco que tiene a sus jefes “exiliados”, semi-retirados o retirados.  Simultáneamente, pienso que ellos tienen el deseo de recomponer esa especie de alianza de sectores no tradicionales de la política. Ya vendrá la discusión sobre candidaturas pero, entre tanto, habría que establecer unos protocolos para la toma decisiones y que una vez tomadas, sean respetadas.

C.O.T.- ¿Cada quien hace lo que quiere en el Verde?

A.S.J.-  No solo hay dispersión sino indisciplina. Es necesario  reconocer, por ejemplo, que muchas veces sus miembros están más cerca de otros partidos que del propio.

C.O.T.- Entonces ¿usted ve una masa informe, más que una colectividad organizada?

A.S.J.-  No soy tan pesimista. Creo que hay mucho por construir y que, a pesar de todo, existen elementos de unidad alrededor del principio de la ética en que se mueve el partido. Por fortuna, los líderes verdes y sus administraciones, como le dije, han demostrado que se puede gobernar exitosamente. Si se tienen unos puntos comunes, se pueden superar las diferencias. He dicho que es necesario que unas corrientes empiecen a echarles piropos a las otras para recuperar una historia que fue muy importante  y que podría volver a serlo.

C.O.T.-  No se puede negar que su vida pública ha estado ligada a la del gobernador Fajardo. Si llega a la presidencia verde ¿se ‘fajardizaría’ el partido?

A.S.J.- No. Hasta donde es posible,  he conversado sobre estos temas con el propio Fajardo, con Lucho Garzón y con Enrique Peñalosa. Y lo haré en los próximos días con Antanas Mockus.  La vida es un poco extraña: estoy inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas y ahora, esa inhabilidad que fue tan injusta,  podría convertirse en una garantía para todos los sectores del partido porque no tengo aspiraciones personales en lo público, y no puedo tenerlas.

C.O.T.- Bueno, pero lo veo, pese a todo, emprendiendo la tarea de liderar el partido.

A.S.J.-  No aún. La cosa es muy sencilla: reitero que si no hay decisiones concluyentes sobre los asuntos de que hemos hablado, no hay mucho qué hacer.

C.O.T- ¿Quién lo convenció de considerar su regreso a la política?

A.S.J.-   Recibí una comunicación de personas de las distintas corrientes del Verde: el senador Londoño, los representantes Amaya  y Robledo, Eduardo Garzón hijo, y el concejal Antonio Sanguino. Otros me manifestaron que no habían tenido ocasión de firmar la carta pero que compartían la idea de que yo presidiera la colectividad.

C.O.T.- ¿Lo sorprendió esa petición cuando ya se daba por retirado?

A.S.J.-  ¿De la política en el sentido en que la concibo? No. Retirado de los cargos públicos, sí. Tenga en cuenta que  no he sido político de carrera. Después de la alcaldía mi meta no era la de ser parlamentario  o algo parecido, oficio para el cual no creo que sirva. No tengo la paciencia de ‘reventar’ silla durante mucho tiempo.  Yo soy una persona de calle y acción. Ahora surgió esta otra forma de participar, posibilidad en la que  yo, de verdad, no había pensado. Amanecerá y veremos.

C.O.T.-  De todas maneras, es una propuesta inesperada porque, como se sabe, pesa sobre usted una fuerte sanción disciplinaria y aunque dirigir un partido no lo convierte en funcionario, sí es una tarea tan pública como política.

 A.S.J.-  Cierto. Esa sanción me afectó en el sentido emocional, ético y moral. Por eso decidí acudir a todas las instancias jurídicas, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde existe un precedente. Se trata del caso de Leopoldo López, en Venezuela, en el que la Corte sentenció  que no cualquiera puede prohibir la actividad pública de personas elegidas por votación popular.  Es por lo menos extraño que los hechos que denuncié - respecto de los cuales el procurador no dijo que no fueran ciertos sino que yo no podía hablar de ellos en público-, no hayan sido investigados por él. Dada la gravedad de los mismos, pregunto: ¿qué vigilancia le ha hecho el Ministerio Público a los procesos judiciales, materia de mis denuncias, que debían abrirse? Y si no se han abierto ¿por qué no se ha preocupado por eso?

C.O.T-  ¿Interpuso también recurso ante el Consejo de Estado para que se revise su sanción?

A.S.J.-  Sí. Es mi deber trabajar por el restablecimiento de mi buen nombre.

C.O.T.-  Permítame insisto: que exista la posibilidad de que usted llegue a presidir un partido, aun cuando se encuentra destituido e inhabilitado, resulta paradójico ¿Lo siente como una especie de revancha? 

A.S.J.- En mi vida no cabe la retaliación o la revancha.  Si se concreta esa posibilidad, y vuelvo a advertir que no estoy ensillando antes de traer las bestias, sería una manera muy interesante de volver a ejercer mis derechos ciudadanos. De todos modos continuaré diciendo lo que pienso frente al procurador, como lo haría frente a cualquier otro funcionario del que yo crea que actúa de manera desleal con la ley.

C.O.T.- No puede negar que alcanzar esa posición política es, al menos, una especie de compensación.

A.S.J.-  Aunque no estuviese estrictamente planeado, si eso llegara a suceder sería un honor. Y realmente, sería una forma de participar en política que no estaba en mis planes.

C.O.T.-  ¿Cree que su condición de sancionado pondría en desventaja al partido Verde, si llega a ser su presidente?

A.S.J.-  Por el contrario. Resulta curioso pero mucha gente afirma que tener una sanción de la Procuraduría es, hoy por hoy, un referente de buena actuación.

C.O.T.- ¿Piensa que el procurador lo persiguió?

A.S.J.- La inhabilidad de 12 años que me impuso por una denuncia mía sobre factores de alteración de orden público en Medellín, el ritmo en que esa decisión se tomó y las arbitrariedades que vería cualquiera que revise el proceso, no tienen otra forma de calificarse. Además, la velocidad con que se acogieron los reclamos en mi contra en la  Procuraduría, van contra la lógica de funcionamiento de esa institución, tradicionalmente lenta. Antes de que se iniciara la investigación, estuve  en el despacho del procurador  Ordóñez y le presenté una serie de documentos sobre lo que estaba sucediendo en la ciudad. Y en vez de ordenar que se controlara y vigilara la grave distorsión del proceso electoral que se estaba presentando,  me hizo un juicio a mí. Lo menos que debió hacer el procurador, era compulsar copias a quienes tuvieran la competencia, para que controlaran y vigilaran las anomalías que denuncié con base en la información precisa que le di.

C.O.T.- ¿En cuánto tiempo se surtió su proceso en la Procuraduría?

A.S.J.-  En dos meses. El pliego de acusaciones, muy mal hecho y redactado con nombres equivocados, en donde hasta se hablaba de la ciudad de Ibagué en vez de Medellín, fue hecho con una premura que… ¡Válgame Dios!

C.O.T.- ¿Sería copia de un pliego de otro caso?

A.S.J.-  Totalmente. Se notaba que era “copie, corte y pegue”

C.O.T.-  Recuerde los hechos que denunció y por los que fue sancionado.

A.S.J.- La Procuraduría me sancionó porque denuncié, durante la época electoral para sucederme en la alcaldía de Medellín, la participación de grupos paramilitares en la campaña del señor Luis Pérez ¿Qué ha dicho la Procuraduría sobre esta denuncia? Nada hasta el momento.

C.O.T.- ¿No será que usted se excedió, debido a que la época era electoral?

A.S.J.- Absolutamente no. Creo que quien ejerce actividades públicas tiene que contar, primero que todo, con talante. Y después, con valor.  Pero no me considero héroe  y menos por decir cosas que la sociedad de Medellín ya sabía que estaban ocurriendo. 

C.O.T.- La prohibición se explica, en abstracto, en que se debe impedir que los funcionarios públicos favorezcan a determinados candidatos.

A.S.J.- Insisto en que no solo tenía derecho a la libertad de expresión como ciudadano, sino – y sobre todo -  que como autoridad de Policía de la ciudad debía denunciar hechos que estaban alterando de manera dramática el orden público y el proceso democrático de participación popular.  Para mí, francamente, la decisión del procurador fue política. Así como favorece a unos sectores a los que protege con una impunidad disciplinaria aterradora,  ataca a otros que no cuadramos en  su estrecho marco ideológico.

C.O.T.- ¿A cuáles sectores protege el procurador?

A.S.J.- Hay impunidad  y silencio sobre muchos hechos. Los sectores conservadores y otros que hacen parte de la política tradicional, no son investigados. El propio Sergio Fajardo, cuando asumió la gobernación de Antioquia, hizo un inventario de denuncias en su Libro Blanco. Es un texto que está en los anaqueles pero que no mereció la atención de  la Procuraduría ni de ninguna otra autoridad.

C.O.T.- ¿A qué se dedica ahora?

A.S.J.- Después de la alcaldía, sentí  que necesitaba unos meses de reposo y de tranquilidad y me los tomé. Luego, empecé a trabajar en proyectos de investigación y consultoría. Y en eso estoy, por cierto muy tranquilo. Estoy feliz escribiendo. No estoy desprogramado ni desocupado.

C.O.T.- ¿En cuál proyecto se ocupa hoy?

A.S.J.-  Estoy investigando la historia de Medellín en la década de los 70 y las transformaciones políticas que se dieron producto de sus grandes crisis, a veces un torbellino amargo en una época de mucho dolor que fue seguida de unas olas de entusiasmo con que nos llenamos para hacer cambios importantes en la ciudad. Nadie ha sistematizado lo que ocurrió mientras se dieron esos fenómenos. Estoy dedicado a ese esfuerzo central.

En la mira de la Procuraduría

El procurador Alejandro Ordóñez y su escudera, la delegada para la Infancia y la Familia Ilva Myriam Hoyos, pusieron su atención sancionatoria en el entonces alcalde de Medellín Alonso Salazar cuando este se propuso construir una clínica para la mujer, en la que, entre otros servicios médicos, y acatando el fallo de la Corte Constitucional, se realizarían abortos terapéuticos. En febrero de 2011, los dos altos funcionarios le pidieron al alcalde suspender ese proyecto y anunciaron “vigilancia especial” sobre el mismo. Con el tiempo, terminaron “advirtiendo” que no debía construirse y aunque el alcalde cedió, quedó en la mira del Ministerio Público. Al año siguiente fue destituido por haber denunciado públicamente que uno de los candidatos a sucederlo en la alcaldía, Luis Pérez, estaba siendo apoyado por delincuentes del paramilitarismo, en particular por alias “Efra” y por alias “Memín”, capturado después por pertenecer a las estructuras de las tenebrosas Águilas Negras. Salazar fue inhabilitado durante 12 años para ejercer cargos públicos por la segunda funcionaria más cercana a Ordóñez, María Eugenia Carreño. Esa sanción lució desproporcionada frente a, por ejemplo, la que se le impuso al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía (10 años) quien apareció en un video en campaña con el entonces candidato Andrés Felipe Arias.

“Directivos de partidos no son funcionarios públicos”

Frente a la paradójica situación del exalcalde Alonso Salazar, quien podría llegar a ser el presidente del partido Verde mientras está afectado por una sanción de destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas, el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán opinó: “1.- Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho privado y constituyen una manifestación concreta del derecho de asociación. Esas colectividades no están constituidas por servidores públicos ni son un apéndice del Estado. Son autónomas e independientes y, por eso, sus directivos no tienen el carácter de funcionarios. Es la razón para que la inhabilidad para ocupar cargos públicos, no les resulte aplicable. Si fuere así, estaríamos frente a partidos oficiales lo que es propio solo de los Estados totalitarios, no de los democráticos. 2.- El Procurador General es titular de la potestad de vigilar y sancionar disciplinariamente la conducta oficial de los funcionarios pero debe ejercerla conforme a la Constitución y a la ley. En el caso de la sanción que le impuso al exalcalde de Medellín, aunque es competente para hacerlo, puede resultar cuestionable el motivo por el que le impuso la inhabilidad. Esa potestad, en cambio, no aplica respecto de los congresistas porque ellos son de la rama Legislativa.”

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