'Lo que hubo fue una farsa'

Correa denuncia irrespeto a las minorías y habla de discriminación./ Luis Benavides

Cecilia Orozco Tascón.- Según algunos informes de prensa, usted va a ser denunciado penalmente por sus colegas de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura, por haberle cambiado, cuando era presidente de esa sala, el destino a $1.920 millones del presupuesto de la rama ¿Es cierto que modificó el uso de ese dinero y por qué?

Magistrado Néstor Raúl Correa.- No cambié la destinación de esos recursos. Lo hizo la propia Sala Administrativa, a petición de la Dirección Ejecutiva (administrador del presupuesto de la rama) y de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla. Yo, como presidente de la sala que era entonces, me limité a expedir una resolución que materializaba esa decisión colegiada, como corresponde. Y luego la Dirección Ejecutiva, en su autonomía, celebró los contratos respectivos.

C.O.T.- ¿Cómo prueba que lo dicho por usted es cierto y preciso?

N.R.C.- La legalidad de la decisión está soportada en una petición escrita, de la que le hago entrega, de la Dirección Ejecutiva que se refleja en el documento técnico N° 299 del 11 de julio de 2012. El documento se titula: “Ajustes internos a la distribución del presupuesto de funcionamiento de la rama judicial…” Allí se dice que “de conformidad con la estimación de necesidades realizadas por la Escuela Rodrigo Lara Bonilla”, se requiere, textualmente, la suma de $1.365 millones “…para mejorar la coordinación del Sistema Judicial Nacional… con las comunidades indígenas”.

C.O.T.- Precisamente es por eso que lo denunciarán penalmente. Así fuera solicitado por la directora Ejecutiva ¿quién autorizó ese cambio: usted solo o la sala completa?

N.R.C.- La sala. Estudiamos el punto en la sesión del 23 de julio y, tal como se lee en la página 6 del acta de ese día, se “autorizó a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial para la contratación de actividades… tales como… hasta por la suma de $1.919.893.462”. La expresión “tales como”, con la que, al parecer, han querido sembrar sospechas sobre mi conducta, es enunciativa y no taxativa. Al coincidir el monto de los recursos aprobados con lo solicitado por la Dirección, se infiere en sana lógica que es para todos los cursos contenidos en la propuesta.

C.O.T.- ¿Cuántos y cuáles magistrados, de los seis que componen la sala, estaban presentes?

N.R.C.- A esa sesión asistimos los magistrados Édgar Carlos Sanabria, hoy presidente de la sala. José Agustín Suárez, Ricardo Monroy, Jorge Castillo y yo. El sexto magistrado no había sido elegido. Hay que decir que la composición actual de la sala coincide parcialmente con la de esa época, salvo por un retiro (Castillo) y el ingreso de dos magistrados nuevos: Francisco Ricaurte y Pedro Munar.

C.O.T.- ¿por qué se otorgan más de mil millones de pesos a “coordinación… con comunidades indígenas”, hecho que, de acuerdo a lo que se ha criticado, molesta a sus compañero de la actual sala.

N.R.C.- Puede que moleste a algunos pero es la primera vez que se adopta una política integral de coordinación del sistema judicial nacional con el de los grupos étnicos: indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y gitanos, todo ello referido, desde luego, a la aplicación de la Ley 1448, que es la ley de víctimas y Restitución de tierras. Los decretos que desarrollan esta ley, ordenan adelantar esas capacitaciones. No es un capricho mío como parecen sugerirlo quienes me critican. Por consiguiente, la actuación presuntamente delictiva que me imputan, además de legal, es legítima.

C.O.T.- Es legítima, claro. Pero ¿sus colegas de hoy no pensarán que es una suma exagerada ante tantas necesidades que tiene la justicia?

N.R.C.- La razón ética de tal decisión es contundente desde el punto de vista de la Constitución. Se intentaba capacitar poblaciones vulnerables, minoritarias y marginales para que, reunidas con los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras, se prepararan para defender sus derechos en esos procesos. Otra cosa es que, para algunos, capacitar a las minorías sea censurable y hasta un acto para penalizar. Hay un tufillo de discriminación en todo esto.

C.O.-T.- ¿La denuncia penal que le notificaron sus colegas, - hecho insólito porque para ustedes lo normal es callar lo que ocurre -, significa que hay enfrentamientos con usted, como los que tuvo con Alfredo Escobar Araujo quien también lo denunció en los medios?

N.R.C.- Sí. Hoy vivo enfrentamientos similares al de aquella época pero la situación ha empeorado porque mi confrontación no es contra uno sino contra varios magistrados. El anuncio de que me van a denunciar penalmente se debe, ciertamente, a lo que usted dice.

C.O.T.- Antes de continuar con ese tema, cuénteme ¿qué sucedió con las capacitaciones a las minorías? ¿Tienen aún soporte económico?

N.R.C.- La Sala Administrativa, por mayoría, les quitó, hace quince días, los recursos a los programas de este año.

C.O.T.- ¿Cuánto les restó y a cuáles programas?

N.R.C.- Ese recorte fue así: a los programas sobre derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario les quitaron $36 millones. A los que tratan sobre violencia sexual contra niños y niñas, $120 millones. A los de género, $43 millones. A los de restitución de tierras, $42 millones para un módulo y $110 para un conversatorio nacional con los magistrados y jueces. Y el magistrado Munar propuso liquidar los contratos del año pasado por valor de $1.365 millones, celebrados con los indígenas y los afrodescendientes. Este antecedente es grave, no solo por lo que significa para la población vulnerable sino porque comporta una intromisión directa de la Sala, en la contratación que debe adelantar la Dirección Ejecutiva bajo su exclusiva responsabilidad.

C.O.T.- Entonces ¿en cuáles programas se están invirtiendo esos dineros?

N.R.C.- Todos esos recursos se reasignaron a la formación en derecho civil. O sea, en formar a los jueces en las leyes que regulan las relaciones entre los particulares. De manera que en vez de que los jueces se capaciten en derechos humanos y poblaciones vulnerables lo harán en pleitos entre civiles.

C.O.T.- Pleitos ¿como cuáles?

N.R.C.- Como, por ejemplo, entre un deudor moroso y un banco. Y no es que sea ilegítima esa destinación porque el 70% de los pleitos civiles están en los procesos ejecutivos. Sino que hay prioridades: a mi juicio, la protección y la capacitación del sector más débil de la población es primero que lo demás. Por eso me parece que la orientación que se le está dando a las inversiones en la justicia hoy, denota un desprecio por los derechos humanos, por la Constitución de 1991, por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y, en general, por toda una visión del derecho: los jueces deben saber derecho legal pero también deben ser sensibles al humanismo, a la dignidad humana y a la lucha contra la discriminación.

C.O.T.- ¿Implica que los magistrados de la sala a la que usted pertenece, desconocen la Constitución?

N.R.C.- Más que desconocerla, la desprecian, como le dije. En el fondo, el gran cambio de 1991 fue una apuesta por una nueva mirada sobre el papel del derecho en una sociedad excluyente. Pero lo que está pasando en la sala es un retroceso, un retorno a la Constitución de 1886, un salto al pasado.

C.O.T.- Y, usted ¿por qué no se opone?

N.R.C.- Lo hago pero de nada sirve porque soy minoría. Solo comparte mi criterio el magistrado Ricardo Monroy Church. Así que somos 2 contra 4. Estos toman todas las decisiones. En este sentido también hay un retroceso con relación a la Carta del 91: la lógica de la Sala es que las mayorías pueden arrasar y desconocer los derechos de las minorías con un criterio meramente cuantitativo. Como sostengo, la forma como opera la sala hoy, es preconstitucional.

C.O.T.- ¿Su actitud y opiniones le han creado enemigos de tal magnitud que estos podrían formularle, en realidad, una denuncia penal o es solo una manera de presionarlo?

N.R.C.- No he sido amigo de ocultar irregularidades. La rama judicial debe rendirle cuentas a la sociedad sobre su comportamiento porque se trata de una función pública, de interés general y es financiada con recursos de los contribuyentes. Es lo mínimo que exige una democracia. Por esa actitud me he ganado el rechazo de algunas personas. Sin embargo, me respaldan no sólo varios magistrados y la Corte Constitucional, que me eligió, sino también jueces, empleados, la academia, ONG, litigantes y muchas personas más. Y, claro, esa enemistad ha llevado a algunos a recurrir a los medios con desinformación y a amenazarme con denuncias. Pero enfrentaré lo que venga.

C.O.T.- ¿Cómo se puede trabajar cada día con quienes amenazan con poner en riesgo su reputación?

N.R.C.- Créame, que es muy difícil el clima de trabajo. Me insultan, me gritan, me amenazan, torpedean los programas que yo coordino y, en general, hay un ataque frontal contra mí. Y no hay muchas garantías, que digamos. Pero bueno, son los gajes del oficio.

C.O.T.- ¿Es cierto que hubo un fuerte altercado entre usted y el recientemente posesionado magistrado Francisco Ricaurte (vicepresidente de la sala)? Si es así, ¿por qué ocurrió el incidente?

N.R.C.-En efecto, hubo un fuerte altercado. Se produjo porque la semana pasada realizamos la audiencia pública para seleccionar los candidatos que integrarían la lista para la vacante que dejó el magistrado Julio Enrique Socha, en la Sala Penal de la Corte Suprema. El doctor Ricaurte no asistió. Cuando terminó la audiencia, pasamos a votar. Ahí apareció Ricaurte. Yo solicité que él no votara porque no había presenciado la sesión. Él dijo, literalmente, que no había asistido porque “los conocía a todos”. Yo argumenté que eso violaba el principio de inmediación y la neutralidad e imparcialidad del fallador, aristas fundamentales del debido proceso, pues podría dar lugar a pensar que antes de la audiencia ya tenía una preconcepción de la lista. Imagínese usted un proceso en el que el juez no asiste a la audiencia y al terminar ésta viene y falla el caso.

C.O.T.- Y ¿él se molestó por esto?

N.R.C.- Sí. Ricaurte me dijo de todo. Munar salió en su defensa argumentando que esa inmediación no aplicaba en asuntos administrativos. Le pedí al presidente de la sala (Édgar Carlos Sanabria) garantías porque me quitaban la palabra para insultarme. Dije que, con esa lógica, ¿para qué hacíamos audiencias? Que era una farsa que irrespetaba a los concursantes, algunos de los cuales vinieron ilusionados desde varias partes del país. Añadí que sería más coherente, la próxima vez que hubiera una vacante, anunciar la convocatoria del concurso, advirtiendo que la sala conocía a todos los candidatos y que no consideraba necesario escucharlos. En todo caso, la mayoría decidió al final que Ricaurte podía votar. Yo, entonces, lo hice en blanco.

C.O.T.- Puesto que usted sostiene que hubo “una farsa que irrespetó a los concursantes”, ¿habría motivo jurídico de anulación de la selección de la lista?

N.R.C.- En el plano teórico, esa lista así elaborada es, ciertamente, susceptible de ser demandada.

C.O.T.- La discusión entre ustedes, ¿subió mucho de tono, como se rumoró, y daría para que Ricaurte terminara incentivando la denuncia penal contra usted?

N.R.C.- Sí, subió de tono. Tanto que él me dijo hasta que yo era un desquiciado mental, entre otros insultos. Yo anuncié que lo que estaba ocurriendo era tan grave, que debía saberlo la opinión pública, la rama judicial y los futuros concursantes. Munar, entonces, me anticipó que ellos también iban a salir a los medios.

C.O.T.- ¿La elaboración de otras listas también ha generado discusiones entre ustedes?

N.R.C.- Este tema siempre ha sido objeto de debate, tanto antes como ahora, porque la Sala con sus listas moldea la integración de la Corte Suprema y del Consejo de Estado y, con ello, incide en el perfil de los integrantes de estas corporaciones y, de contera, en la jurisprudencia que se teja de ahí en adelante. Pero antes, el tema era más pacífico. El año pasado se logró avanzar hacia la audiencia pública y la transparencia. Ahora es la dictadura de la mayoría: el que saque 4 votos entra, y punto.

C.O.T.- ¿Es verdad que quienes votaron en la más reciente lista que hicieron, coincidieron en los mismos 13 nombres que fueron los que finalmente se enviaron al Consejo de Estado para otra vacante?

N.R.C.- Eso fue hace 15 días, cuando elaboramos la lista para la vacante que dejó el magistrado Luis Fernando Álvarez, en la Sala de Consulta del Consejo de Estado. Había 19 aspirantes y se decidió que la lista estaría integrada por 13. Decidido el número de candidatos, cada magistrado debía votar por los 13 nombres. Pues bien, los 4 magistrados del bloque mayoritario votaron por los mismos 13 candidatos, sin una sola variación. Yo registré la “coincidencia” pero me dijeron que no fuera tan suspicaz. La lista fue decidida en su totalidad por Munar, Ricaurte, Sanabria y Suárez.

C.O.T.- Pero es matemáticamente imposible que 4 personas voten, simultáneamente, por 13 nombres sin ninguna variación ¿Cree que se habían puesto de acuerdo antes?

N.R.C.- La conclusión que usted saca, no es del todo ilógica.

C.O.T.- Si se constata que esa coincidencia fue preconcebida, ¿se estaría violando la ley?

N.R.C.- La sola coincidencia no es por sí misma una irregularidad legal. Pero políticamente se presta para conclusiones como la que usted saca.

C.O.T.- Lo que usted afirma, pinta un panorama dramático del funcionamiento de la Rama Judicial ¿Pese al ruido que provocó la escandalosa reforma a la justicia, el Consejo de la Judicatura no ha aprendido la lección?

N.R.C.- la impresión que me queda es que la Sala Administrativa, hoy, no va para adelante sino para atrás.

C.O.T.- ¿Este es un mal de la Judicatura o están contaminadas las otras cortes?

N.R.C.- En todos los órganos del poder se cuecen habas.

C.O.T.- la Sala Administrativa (del Consejo de la Judicatura) tiene dos integrantes nuevos: Pedro Munar y Francisco Ricaurte. Ambos vienen de ser miembros de la Corte Suprema que los eligió para llenar esas plazas, después de que estos habían elegido a los que, a su vez, votaron por ellos. Por eso fue demandada su elección (*) ¿Podría afirmarse que las listas de candidatos que ustedes hacen para ser magistrados en el futuro, está sesgada por los intereses de dichos togados?

N.R.C.- Diría lo siguiente: la rama judicial no atraviesa buenos días. Lentamente se viene apoderando de ella un grupo que privilegia el corporativismo, o sea el amiguismo, la rosca, por encima de los intereses generales. A propósito, sería bueno que se le contara a la opinión pública cuántos parientes tienen los magistrados de la Sala Administrativa, o sus cónyuges, en la rama judicial. Se podrían llevar sorpresas de esa captura burocrática, de esa privatización de las oportunidades.

C.O.T- ¿Cuántos parientes y quiénes son estos y los magistrados de su sala que se benefician de puestos en la rama Judicial?

N.R.C.- Yo hago el enunciado y usted, que es la periodista, investigue.

¿Qué sucede en la Sala Administrativa?

Un noticiero de televisión anunció la semana pasada que: “los magistrados de la Sala Administrativa descubrieron una presunta irregularidad de uno de sus compañeros y estudiarían llevarlo a la Comisión de Acusaciones”. Se referían al togado Néstor Raúl Correa, quien habría cambiado la destinación de casi $2 mil millones de pesos del presupuesto de la Rama Judicial. Según la noticia, los colegas de Correa habrían descubierto la irregularidad y por eso lo denunciarían penalmente por peculado. En la entrevista que se publica en estas páginas, Correa, amigo personal y profesional de respetados juristas del país y conocido por sus posiciones abiertas a la opinión, asegura que se trata de una retaliación contra él porque se ha opuesto a la elaboración, entre “roscas”, de las listas de candidatos a ingresar a las altas cortes. A esa sala ingresaron hace poco dos nuevos miembros: Francisco Ricaurte y Pedro Munar, en medio de una polémica jurídica porque fueron elegidos por sus antiguos compañeros de la Corte Suprema, a quienes ellos mismos habían ayudado a elegir en el pasado. Además de Correa, Ricaurte y Munar, los otros tres integrantes de la sala son: Édgar Carlos Sanabria, José Agustín Suárez y Ricardo Monroy. Este es el único que apoya a Correa. Los otros cuatro hacen mayoría para todas las decisiones.

“La Rama Judicial no atraviesa buenos días”

Cecilia Orozco.- la Sala Administrativa (del Consejo de la Judicatura) tiene dos integrantes nuevos: Pedro Munar y Francisco Ricaurte. Ambos vienen de ser miembros de la Corte Suprema que los eligió para llenar esas plazas, después de que estos habían elegido a los que, a su vez, votaron por ellos. Por eso fue demandada su elección (*) ¿Podría afirmarse que las listas de candidatos que ustedes hacen para ser magistrados en el futuro, está sesgada por los intereses de dichos togados?

Néstor R. Correa.- Diría lo siguiente: la rama judicial no atraviesa buenos días. Lentamente se viene apoderando de ella un grupo que privilegia el corporativismo, o sea el amiguismo, la rosca, por encima de los intereses generales. A propósito, sería bueno que se le contara a la opinión pública cuántos parientes tienen los magistrados de la Sala Administrativa, o sus cónyuges, en la rama judicial. Se podrían llevar sorpresas de esa captura burocrática, de esa privatización de las oportunidades.

C.O.- ¿Cuántos parientes y quiénes son estos y los magistrados de su sala que se benefician de puestos en la rama Judicial?

N.R.C.- Yo hago el enunciado y usted, que es la periodista, investigue.

(*) La entrevistadora integra un grupo que demandó dichas elecciones.