La entrevista de Cecilia Orozco 22 Sep 2012 - 9:00 pm

Entrevista

"La justicia atropelló los derechos de Yidis"

Élmer Montaña, exfiscal con 14 años de experiencia y uno de los abogados de Sigifredo López, será ahora el apoderado de Yidis Medina para apelar la condena de 32 años que le impuso un juez.

Por: Cecilia Orozco Tascón
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Élmer Montaña, exfiscal con 14 años de experiencia y uno de los abogados de Sigifredo López, será ahora el apoderado de Yidis Medina para apelar la condena de 32 años que le impuso un juez.

 

Cecilia Orozco Tascón.- Cuando se cayó la ‘prueba reina’ del video ¿Por qué Sigifredo no fue dejado en libertad por la Fiscalía?

E.M.G.- En sana lógica, eso es lo que han debido hacer pero, en lugar de eso,  la Fiscalía 38 salió desesperadamente a buscar pruebas para que no se le cayera el proceso. Solicitó a las unidades de derechos humanos de todo el país que examinaran si algún desmovilizado había declarado contra Sigifredo. Se enviaron oficios a todos los organismos de inteligencia y a las cárceles para que mandaran archivos o documentos que pudieran servir para establecer la responsabilidad de Sigifredo en el secuestro de los diputados.  

C.O.T.- ¿Para qué a las cárceles?

E.M.G.- Para que dijeran si Sigifredo había ido a visitar a algún desmovilizado de la guerrilla y para buscar o recibir declaraciones. Buscaron viejos procesos como el de alias La Negra a la que el fiscal del caso fue a desenterrarle un expediente que estaba archivado en Palmira. Casi no lo encuentran. De ahí extrajeron la versión libre de ella. Les recibió declaración a otras tres personas apresuradamente y con base en esos cuatro testimonios le impusieron medida de aseguramiento sin darle la oportunidad de controvertirlos.

C.O.T.- ¿Quiénes eran esos testigos?

E.M.G.- En cuestión de días comenzamos a desenredar la madeja que la Fiscalía no vio. Inmediatamente nos dimos cuenta de que alias La Negra se había  desmovilizo cinco veces. Enseguida nos aparece un informe del CTI en que se dan cuenta de que ella es consumidora de estupefacientes y que tiene problemas mentales. Y lo peor del caso es que nos entregaron copia de un proceso en que La Negra mintió cuando señaló a un hombre de ser integrante de las FARC. Ella puso hasta una denuncia por violación sexual. El CTI investigó y resulta que el hecho nunca existió. 

C.O.T.- Y ¿cómo llegaron ustedes a esas pruebas?

E.M.G.- Consultamos documentos del Estado: lectura de procesos, informes de inteligencia del CTI, del Ejército y de la Procuraduría. En el caso de otro testigo, Julio César Salazar,  nos entregaron copia de un proceso en que una víctima de él, asegura que no es ningún desmovilizado de la guerrilla sino el miembro de una banda de secuestradores. Hoy está condenado a 37 años de prisión. El tercero de los testigos, Héctor Fajardo, había sido también testigo del caso de los policías que fueron muertos a manos del Ejército en Jamundí y se contradijo tanto que el juez del caso desestimó su testimonio. Y finalmente Diego Antonio López, un tramitador de pasaportes que se paraba frente a la Asamblea, y que aseguró que el día del secuestro vio a Sigifredo en el segundo piso haciéndole señales a los guerrilleros, hecho que fue desmentido por los funcionarios que estaban en el edificio, desapareció y la razón que le dejó a su mejor amigo fue que las personas a las que les ayudó con esa declaración, le consiguieron asilo en Chile.

C.O.T.- ¿Por qué a alguien le interesaría hacerle un montaje a Sigifredo, como parece deducirse de lo que ocurrió en su caso?

E.M.G.- Mi teoría es que el proceso en sí mismo no empieza con un complot. Se inicia como un error judicial: el video. Con base en él, alguien escribe un informe sin verificación alguna y hace equivocar al Fiscal General. Pero cuando se cae la prueba del video, la Fiscalía, en lugar de rectificar, empieza a  buscar desesperadamente pruebas en contra de Sigifredo. O sea, persiste en el error.

C.O.T.- ¿Es decir que la Fiscalía, en el desespero de probar que tenía razón, empezó a conspirar?

E.M.G.- Facilitó las cosas para que sectores interesados en que se le diera vida a la farcpolítica hubieran tenido un primer premio con una lógica elemental. Imagínese usted la presea si hubieran podido llevar a Sigifredo a juicio. Puede que él no fuera un político de importancia nacional pero simbólicamente tenía gran fuerza. ¡El único sobreviviente de semejante horror, terminar convertido en el asesino de sus propios compañeros! Por eso el Fiscal General dijo que el país se estremecería con una decisión que iba a tomar.

C.O.T.- Pero eso habla mal del desempeño profesional de la Fiscalía.

E.M.G.- Lo que pasa es que quedó al descubierto la fragilidad de las estructuras del ente investigador.  Por lo que nosotros hemos observado, las unidades en que está dividida la Fiscalía orgánicamente, se han ido comprometiendo con ciertas ideologías con el paso del tiempo. Además la capacitación y la preparación de los funcionarios es muy deficiente y hay muy poco control de lo que sucede internamente. Y esa situación trae abusos. 

C.O.T.- ¿En qué sentido cree usted que funcionarios y unidades de la Fiscalía ha asumido ciertas ideologías y eso está determinando el sentido de los procesos?  

E.M.G.-  ¿Qué diría usted si fuera la procesada y llegara  a la fiscalía de conocimiento, en este caso la 48 de Cali, y cuando entrara viera en la pancarta de su despacho el pasquín de Ricardo Puentes, otro extremista que condenaba en sus escritos a Sigifredo desde el comienzo?‘¿Creería que ese fiscal es imparcial frente a un proceso contra usted? 

C.O.T.- ¿Qué explicación le dio el fiscal 48 para tener desplegado en su despacho un escrito contra su procesado?  

E.M.G.- Dijo que no sabía quién lo había puesto ahí y que no le paráramos bolas. 

C.O.T.- ¿Cree  que el Fiscal General participó voluntariamente en un presunto montaje o que fue engañado?

E.M.G.- No. Al fiscal lo indujeron a error desde el primer momento pero lo cierto es que a él también le faltó mayor entereza porque según tengo entendido, él  sí advirtió que las pruebas eran débiles. Sin embargo, se dejó convencer para avalar la medida de aseguramiento. Si él hubiera obrado siguiendo los dictados de su experiencia y conocimiento, no hubiera permitido semejante atropello.

C.O.T.-  Francamente, lo que parece ser un ensañamiento de la Fiscalía contra Sigifredo López, no tiene lógica ¿Por qué habrían de perseguirlo si él representa a las víctimas del secuestro?

E.M.G.-  Sigifredo pudo haber sido objeto de ataque político derivado en ataque judicial porque en cuanto recuperó la libertad, comenzó a hablar de negociación y salida pacífica del conflicto en un momento en que solo era bien visto hablar de guerra. Existe un  informe del Das, en el que se sostiene que después de una investigación sobre él, se ha llegado a la conclusión de que nació en un municipio que es afecto a la guerrilla (Pradera, Valle) y que, además, él fue alcalde en ese municipio. Y que por esa razón, él ha debido tener alguna cercanía con las Farc. Ese es el fundamento de “inteligencia” para lanzar la hipótesis de la responsabilidad penal de Sigifredo en el asesinato de sus compañeros.

C.O.T.- el columnista Daniel Coronell habló de una “fábrica nacional de testigos” – testigos falsos -  que tendría relación con el caso de Sigifredo ¿Cree que existe una estructura criminal que buscó a los cuatro que declararon contra el exdiputado? 

E.M.G.- No creo que se pueda hablar de una sofisticada estructura criminal que surta testigos para diferentes procesos. Pero sí que hay sectores de extrema derecha que se prestan para esa tarea, incluso sin órdenes directas. Puede ser el caso del hombre que llevó al programa La Noche a alias El Cabezón, el primero que sembró sospechas públicas sobre Sigifredo. Se llama Gustavo Muñoz. A él lo denuncié penalmente.

C.O.T.- ¿Por cuál delito?

E.M.G.- Por soborno a testigos que consiste en darles u ofrecerles dinero o alguna otra prebenda a los testigos, o de corromperlos para que mientan ante una autoridad judicial o administrativa. Cuando Sigifredo era candidato a la alcaldía de Cali, ese señor consiguió su número telefónico y lo citó en un restaurante para hablarle, por primera vez, del testimonio de alias La Negra, uno de los testigos en contra suya. Es decir, Muñoz sabía que existía ese testimonio mucho antes de que se iniciara la investigación ¿Cómo lo sabía? Eso tendrá que responderlo ante la justicia.

C.O.T.- ¿Por qué Sigifredo asiste a una cita con una persona desconocida después de haber sido secuestrado?

E.M.G.- Porque el hombre se le presentó como directivo de una fundación de apoyo a los secuestrados y porque le aseguró que tenía algo muy grave que contarle con relación a su propio secuestro. Muñoz le habló del testimonio y le dijo que su objetivo no era sacar esa historia a la luz pública sino que quería que  Sigifredo, si llegaba a ser alcalde de Cali, le diera contratos para él y para su fundación. 

C.O.T.- ¿Qué le contestó Sigifredo?

E.M.G.- Que él no era alcalde todavía y que no le parecía que esos fueran los términos en que se podía hablar. Muñoz le dijo que había comprado el libro de Sigifredo y le pidió su firma. Así terminó la reunión. 

C.O.T.- ¿Qué espera usted de la Fiscalía, que está proyectando para los próximos días la decisión definitiva? 

E.M.G.-  Ojalá mañana mismo la Fiscalía se pronunciara ordenando la preclusión del caso. Es el único camino que le queda.

C.O.T.- Suponga que la Fiscalía precluye ¿Qué hará  Sigifredo después y cuál es el consejo legal que ustedes le darían?

E.M.G.- Sigifredo ha sido muy cauto en decidir qué viene después desde el punto de vista legal. Ahora toda nuestra atención está concentrada en el tema penal. Lo único que nos preocupa es la demora en tomar la decisión de fondo. Terminado este proceso, le corresponde a él pensar si presenta una demanda contra el Estado o no, porque su prioridad es recuperar la tranquilidad de su mamá que acaba de salir de un traumatismo psicológico fuerte,  y de su esposa e hijos que suficientes dolores han padecido.  

C.O.T.- ¿Por qué termina usted como defensor de Yidis Medina?  

E.M.G.- El día en que notificaron a Yidis de la condena de 32 años de cárcel que le impuso un juez de Bucaramanga por el secuestro de unos funcionarios del municipio de Barrancabermeja, ella dijo que le iba a pedir ayuda a la Fundación Defensa de Inocentes que fue una idea que empezamos a construir con Sigifredo cuando él estaba privado de la libertad. Como fue tan doloroso para él su caso, pensamos en que, terminado ese proceso, lo primero que había que hacer era ayudar a gente inocente. Y eso vamos a hacer. Creamos una organización para trabajar por personas que han sido injustamente tratadas por la justicia.

C.O.T.- ¿Quiénes harán parte de esa fundación además de usted y Sigifredo?

E.M.G.- Se están vinculando otros abogados y voluntarios. Por el momento soy su director ejecutivo.

C.O.T.- ¿Ha tenido eco la iniciativa?

E.M.G.- El mismo día  en que quedó en libertad Sigifredo, habló en público del tema. A los pocos días nos llovían correos y tenemos más de cuarenta y cinco cartas con casos de de gente procesada y otras de  condenados. Muchos de ellos, con justa razón porque hemos revisado los expedientes y nos hemos dado cuenta de que no son condenas injustas. No nos vamos a dejar usar de personas que quieren jugar a hacerse las inocentes. En cuanto a Yidis, ella nos envió copia de la sentencia que profirió un juez de Bucaramanga. Vimos tantas coincidencias con el caso de Sigifredo que decidimos asumir su defensa de inmediato (ver parte superior de la pág). Cuando lei ese fallo contra ella quedé horrorizado.

C.O.T.- ¿Por qué?

E.M.G.- Por los disparates que escribe y por unas imprecisiones jurídicas que asustan. A Yidis Medina la condenan con fundamento en el testimonio de uno de los supuestos secuestrados por ella, que rindió siete años después de los hechos, y en medio del fragor de una campaña política en Santander. Quien la denuncia pertenecía al movimiento político  del excongresista Luis Alberto Gil, condenado por la parapolítica, y contra quien Yidis había hecho ataques durísimos.

C.O.T.- ¿Implica que ese testimonio podría ser sesgado?

E.M.G.-  Claro, pero el juez no consideró el móvil político. Ricardo Sequeda la acusó de su secuestro en un programa de televisión local y después, otra vez, en el programa la Noche. A mí y a Sigifredo nos llama la atención la coincidencia en concederle entrevistas en ese segmento de televisión, a ese tipo de testigos. Sequeda se acuerda de repente de que Yidis Medina lo secuestró y cuando examinamos el testimonio, resulta que este señor declara tres o cuatro veces en el proceso y cada vez le aumenta algo más. Los otros “secuestrados” niegan que ella hubiera dado órdenes y contradicen las afirmaciones de quien mereció toda la credibilidad del juez sin que le merezca ninguna duda a este a pesar de las gruesas incongruencias que hay en esas afirmaciones. 

C.O.T.- ¿Cómo cuáles?

E.M.G.- Por ejemplo, en la última declaración, Sequeda dijo que se le había olvidado que por él habían pedido un rescate de “cerca de $50 millones” y  que él había salido a buscarlos. Que se había reunido con varias personas a conseguir el dinero. Pero todas ellas los desmintieron y señalaron que esa reunión nunca tuvo lugar (ver resumen de la declaración de uno de los contradictores de Sequeda en la parte sup. de la pág.) 

C.O.T.-  De sus respuestas parece deducirse que ciertos procesos – en este caso el de Sigifredo y el de Yidis – están contaminados por los contradictores políticos ¿Lo interpreto bien?  

E.M.G.-  Por el momento se puede hablar de una gran fragilidad de la justicia. En el caso de Yidis Medina vemos una Fiscalía que se deja conducir por un testigo interesado, Ricardo Sequeda, y por su abogado. Entre ambos le van surtiendo pruebas a la Fiscalía y esta no somete esas pruebas a escrutinio, no analiza lo que el testigo afirma ni le preocupa cómo él va incrementando la gravedad de sus acusaciones sin confrontarlo. En el caso de Sigifredo también se nota una Fiscalía muy vulnerable por cuenta del afán, la incompetencia y la ausencia de serenidad de algunos funcionarios. Preocupante porque son de alto nivel.

C.O.T.- Esta sería entonces, otra coincidencia en los casos Sigifredo-Yidis?

E.M.G.- Sí. En el caso de Sigifredo, no lo alcanzaron a llevar a juicio. En el de Yidis, la condenaron en primera instancia, entre otras cosas, porque hubo un manejo casi clandestino del proceso en Bucaramanga, ciudad de dominio de Luis Alberto Gil, el jefe político del testigo Sequeda. Las audiencias además no fueron públicas. Las hicieron prácticamente en el sótano del Palacio de Justicia sin ninguna publicidad y sin presencia de los medios. La justicia atropelló los derechos de Yidis Medina. 

C.O.T.- ¿Cómo un juez, ante la fragilidad de una investigación como la que usted describe,  procede a condenarla?

E.M.G.- Es posible cuando se cae en prevaricato. La sentencia de Yidis Medina es, justamente,  lo más cercano a un prevaricato que yo haya visto. Está configurado de una manera tan clara que no hay que leer mucho para darse cuenta del desprecio por el análisis del materia probatorio que tenía en sus manos. El texto del fallo es absurdo y desafía la lógica. No lo puedo calificar de otra manera. El caso de Yidis es, si se quiere, peor que el de Sigifredo. 

C.O.T.- ¿Va a apelar la decisión del juez ante el Tribunal Superior?

E.M.G.- Por supuesto. Estamos terminando de preparar el alegato de segunda instancia.

Tenemos la esperanza de que los magistrados se den cuenta de la calidad de juez que la condenó. 

C.O.T.- ¿Conoce la hoja de vida del juez? 

E.M.G.- Tengo entendido que no es de carrera sino que tiene una trayectoria más bien política. Por ejemplo, ha sido registrador y de juez promiscuo saltó a ser juez especializado en poco tiempo. En la providencia se advierte que desconoce los conceptos mínimos del derecho penal; que no sabe construir una prueba indicial, no sabe referirse a ella en términos correctos y tampoco puede evaluar una prueba testimonial  porque su análisis es muy precario. Su escrito resulta complicado de entender por contradictorio. Hasta adolece  de sentido común.

C.O.T.- ¿Va a presentar denuncia penal contra el juez?

E.M.G.- Sí. Y vamos a presentar una queja disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura. La Rama Judicial tiene que afinar sus controles internos. Un abuso de esta naturaleza no puede quedar simplemente en la revocatoria de la decisión en contra de Yidis Medina. Tiene que haber consecuencias. De los casos de Sigifredo y Yidis debe desprenderse mínimo una lección: la de depurar y mejorar la administración de justicia.  No podemos, simplemente, voltear la página como si no nos importara que sigan los mismos funcionarios u otros iguales a ellos, deshonrando y desprestigiando la Justicia.

Similitudes entre los casos Sigifredo López – Yidis Medina

Cecilia Orozco. – Descríbame algunas de las coincidencias que dice encontrar entre los casos López y Medina en los procesos por secuestro. 

Elmer Montaña.- Primero: Sigifredo y Yidis son dirigentes políticos locales, destacados cada uno en su medio. Segundo: el proceso de Yidis estaba inactivo hacía tiempo y resurgió después de 7 años con una acusación tardía de un presunto secuestrado, en un hecho en que ella misma fue secuestrada. A Sigifredo también se le abre investigación por ser el supuesto responsable de los secuestros de sus compañeros después de tres años largos de haber sido liberado, siendo él mismo uno de los secuestrados, y uno de los testimonios contra él fue reactivado después de estar olvidado en un expediente de Palmira durante varios años. Tercero: a Yidis le inician este proceso en una coyuntura de la política nacional: cuando ella declara que vendió su voto para la reelección del expresidente Uribe. A Sigifredo le ocurre algo similar: el atentado contra Fernando Londoño y la posesión reciente de un nuevo Fiscal General. Cuarto: los primeros testigos de cargo en ambos casos van al programa La Noche a dar sus declaraciones como primicia y de ahí parten los casos en relación con los medios. Todo lo anterior nos movió a asumir la defensa de Yidis Medina.


Ni reunión ni llanto

Ricardo Sequeda, el testigo principal en el proceso por secuestro contra Yidis Medina y en el que ella fue condenada a 32 años de prisión, aseguró en una de sus declaraciones que cuando quedó en libertad, se dirigió a la casa del dirigente político de Barrancabermeja Gabriel Galvis quien se encontraba con otras personas. Este, al verlo, lo habría “abrazado” y ambos  habrían “llorado”, según el testimonio. Luego, ellos habrían intentado conseguir  50 millones de pesos que habían exigido por el rescate. Cuando Galvis fue interrogado sobre este episodio contestó: “el señor Sequeda jamás llegó a mi casa a absolutamente nada. Está mintiendo y no sé a dónde quiere llegar en un montaje a mi nombre”. El juez no tuvo en cuenta esta contradicción.

 

 

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