Publicidad

"Nuestros estándares éticos son, digamos, 'blanditos'"

Néstor Raúl Correa responde preguntas sobre el caso del magistrado William Giraldo que permanece en el cargo, a casi un año de haber cumplido la edad de retiro forzoso.

Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador
17 de febrero de 2013 - 02:00 a. m.
Néstor Raúl Correa,  miembro de la Sala  Administrativa del  Consejo de la Judicatura. / Luis Benavides
Néstor Raúl Correa, miembro de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura. / Luis Benavides

Cecilia Orozco Tascón.- El magistrado William Giraldo permanece en su cargo a pesar de haber cumplido la edad de retiro forzoso (65 años). El Consejo de la Judicatura, al que usted pertenece, le ayudó a continuar allí mediante una tutela que después fue anulada por la Corte Constitucional ¿Cuánto hace que se discute este caso?

Magistrado Néstor Raúl Correa.- El tema se discute desde el año pasado pero, este mes, a raíz del fallo de la Corte Constitucional, ese caso ha estado agitado al interior de la Sala.
La Sala Administrativa (con algunos miembros distintos a los actuales) no ayudó a que el magistrado Giraldo se quedara en el cargo sino que, por el contrario, se opuso a la tutela y luego solicitó su nulidad en el entendido de que debía retirarse. Es más, remitimos al Consejo de Estado la lista de candidatos para su remplazo.

C.O.T.- Fueron sus compañeros de la Sala Disciplinaria quienes le concedieron a Giraldo la tutela que después fue tumbada por la Constitucional ¿Por qué no se retiró de inmediato sino que continúa en el cargo mientras ustedes y el Consejo de Estado le siguen dando vueltas al tema?

N.R.C.- No hubo retiro porque el magistrado Giraldo, a pesar de estar notificado del fallo, no se fue. Cuando a nosotros nos notificaron la decisión, en la primera semana de febrero, oficiamos, de inmediato, tanto al Consejo de Estado, que es su nominador para que adoptara las medidas correspondientes, como al Director Ejecutivo de la rama Judicial, el que paga los salarios. Yo me imagino que este no le va a entregar la mesada de febrero pues podría meterse en un lío y, de pronto, tendría que entrar a responder con sus propios recursos.

C.O.T.- ¿Qué sucedería si quien paga, sigue remunerando a Giraldo y alguien lo denuncia penal o fiscalmente?

N.R.C.- En la parte puramente fiscal o económica, quedaría muy expuesto.

C.O.T.- ¿Por qué la Corte Constitucional tumbó la tutela a favor de Giraldo?

N.R.C.- Porque no se vinculó a terceros interesados: los candidatos que nosotros habíamos remitido al Consejo de Estado para remplazarlo. En esa tutela se ordenaba suspender tres acuerdos nuestros y que el magistrado Giraldo permaneciera en el cargo. Eso legitimó, en su momento, su continuidad como consejero. Cuando la Corte Constitucional anuló todo, a finales de enero, desapareció el título que le servía para legitimar su continuidad en el cargo. De manera que hoy sería una especie de funcionario de hecho.

C.O.T.- ¿Significa que las decisiones que él haya tomado en este tiempo carecen de legitimidad?

N.R.C.- Los actos de los funcionarios de hecho se presumen válidos. Pero eso no quiere decir que la situación administrativa de la persona quede por eso mismo legitimada.

C.O.T.- ¿Quiere decir que William Giraldo no tiene hoy ninguna legitimidad como magistrado?

N.R.C.- Ninguna.

C.O.T.- ¿En qué consistían los tres acuerdos suspendidos en la tutela caída?

N.R.C.- Eran actos para elaborar la lista de candidatos a reemplazarlo.

C.O.T.- Esa actitud de un miembro de alta corte es sorprendente porque no corresponde a la majestad del cargo ¿Cuáles son, a su juicio, los motivos que pueden mover a un togado a aferrarse al puesto cuando ya puede pensionarse con una altísima remuneración?

N.R.C.- El poder.

C.O.T.- La semana pasada ustedes, en la Sala Administrativa, cuando abordaron el tema de los remplazos, entraron en un ambiente muy tenso ¿Por qué?

N.R.C.- La sala estuvo muy acalorada y extensa. Sesionamos once horas seguidas, sin almorzar. Estábamos cinco magistrados de seis porque uno se encuentra recuperándose de una operación. No votamos el punto de los remplazos pero se apreciaba fácilmente que sólo tres de nosotros somos partidarios de que el magistrado Giraldo se retire.

C.O.T.- ¿Por qué fue “acalorada”?

N.R.C.- Solo le contesto que se trataron puntos que podrían tener importante repercusión en el futuro.

C.O.T.- ¿Cuál es su posición en este caso tan lamentable?

N.R.C.- Es clara: el magistrado Giraldo debe retirarse.

C.O.T.- ¿Cuántas listas para reemplazar cupos en las cortes están represadas, tal vez como consecuencia del caso Giraldo?

N.R.C.- Están pendientes de elaboración dos listas: la de Julio Enrique Socha, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia quien debe retirarse pronto, y la de Víctor Hernán Alvarado, del Consejo de Estado quien, según tengo entendido, anunció que se va en abril.

C.O.T.- Precisamente el ingreso a su sala, la Administrativa, de dos exmagistrados de la Suprema – Francisco Ricaurte y Pedro Munar – ¿ha acentuado ciertas posiciones?

N.R.C.- Si, pero no me pique la lengua.

C.O.T.- ¿Es cierto que la semana pasada usted y otros pocos quisieron elaborar la lista para reemplazar al magistrado Socha y que los dos excolegas de este se opusieron, y aún más, que por eso se presentó una agria discusión entre todos?

N.R.C.- Es cierto que no hubo consenso en la sala. Tengo entendido que igualmente hubo una fuerte discusión el martes pasado en el Consejo de Estado sobre la continuidad del magistrado Giraldo. Allí, ocho consejeros solicitaron el retiro inmediato del este magistrado pero el resto de la corporación (23), al parecer, se opuso.

C.O.T.- Se Lo pregunto porque varios magistrados de distintas cortes podrían estar interesados en sostener la teoría de que todos se queden después de la edad de retiro ¿Es posible que se esté generalizando esa tesis por vía de hecho?

N.R.C.- Es posible que varios magistrados de la Corte Suprema o del Consejo de Estado se quieran quedar en el cargo después de los 65 años pero también me parece improbable que efectivamente puedan hacerlo.

C.O.T.- Usted ha sido un togado rebelde y desde cuando llegó, ha tenido enfrentamientos por defender principios ¿Se siente fuera de ambiente?

N.R.C.- A veces me siento un poco solo, o poco rodeado.

C.O.T.- Se lo digo con todo respeto por usted y por otros que aún subsisten en las cortes: estamos extrañando juristas rigurosos, no solo con el cumplimiento de sus deberes sino con la dignidad de su conducta.

N.R.C.- Yo también extraño a esos juristas. Hoy tenemos algunos en las altas cortes, pero el punto es que deberían ser todos. Yo creo que el tema, en general, es más de fondo. Y perdone si parezco padre de familia: como sociedad hemos perdido lo elemental, que son los valores. Nuestros estándares éticos son, digamos, “blanditos”.

‘Carrusel’ judicial de apoyo al magistrado Giraldo

William Giraldo es magistrado del Consejo de Estado hace 4 años y fue elegido para un periodo de 8. Cuando se posesionó, sabía que tendría que retirarse pronto porque iba a cumplir 65, edad que, según la norma, es el límite para dejar el cargo. Pero Giraldo interpuso una tutela que le concedió, rápidamente, una consejera de la Judicatura que remplazó por tres meses a Henry Villarraga, investigado por el carrusel de las pensiones. Giraldo se mantiene en su despacho aunque la tutela fue anulada en enero pasado. Pese a ello, todo siguió conjugándose a su favor en otros tribunales: el polémico Jorge Pretelt, uno de los tres miembros de la Corte Constitucional que revisó su caso, disintió de la decisión de revocar la tutela. A pesar de estar en minoría y de poder salvar su voto, como es lo legal, produjo una especie de auto que, siendo también nulo, sirvió de disculpa para que en el Consejo de Estado la mayoría se alineara con la continuidad de Giraldo. Entre tanto, en la Sala Administrativa de la Judicatura que tiene que elaborar las listas de remplazos, más amigos del renuente abogado le dan vueltas al tema y esto favorece su permanencia. Entre ellos están Francisco Ricaurte y Pedro Munar quienes estuvieron de acuerdo con la ampliación de su propio periodo de 8 a 12 años en la Suprema, antes de hacerse elegir en la Judicatura.

“Admito que unos podrían defender prerrogativas particulares”

Cecilia Orozco.- ¿Podría afirmarse que un grupo de magistrados de la Corte Suprema, El Consejo de Estado, el de la Judicatura y aún alguno de la Corte Constitucional intentan hacer una pequeña reforma a la justicia (prolongación del periodo de los magistrados más allá de lo permitido), por la puerta de atrás?

Mag. Néstor R. Correa.- Empecemos por recordar que en la fallida reforma a la justicia un sector de la Corte Suprema y otro del Consejo de Estado auspiciaron de alguna manera la fórmula que se llamó 12-70: períodos de 12 años y retiro a los 70. Aplicable, y eso es lo inaceptable, a los magistrados que a la fecha se encontraban en ejercicio del cargo. Las cartas quedaron al descubierto. Y el doble fenómeno que ahora está sucediendo, o sea la permanencia del magistrado Giraldo y la división interna de la Sala Administrativa, podría dar a entender lo que usted afirma.

C.O.- ¿Qué cree usted que está pasando en las cortes? ¿Por qué pareciera que se está conformando una asociación para defender intereses personales en vez de públicos y generales?

N.R.C.- No es bueno generalizar porque las altas cortes son cuerpos colegiados donde hay pluralidad de magistrados de diverso tipo. Pero admito que pareciera haber grupos interesados en defender prerrogativas particulares.

Por Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

Temas recomendados:

 

Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar