Usted ha tenido tres contratos con la Fiscalía: en septiembre de 2013, por $895 millones; en abril de 2014, por $295 millones, y un tercero que aún está vigente, firmado en julio de este año, por $3.085 millones. Las críticas se relacionan con el que parece un valor exagerado por sus trabajos, con el objeto de los mismos, que no se ve claro, y con la forma como seleccionaron su firma. ¿Qué responde a estos cuestionamientos?
La metodología que nuestra empresa utiliza para el análisis del comportamiento criminal es altamente técnica e innovadora, lo que nos pone en una situación privilegiada porque podemos ofrecer herramientas desarrolladas por nosotros mismos que permiten filtrar, cruzar y analizar información de grandes bases de datos. Con estas herramientas estructuramos un marco lógico para entender el comportamiento de grupos criminales en el tiempo. Los tres contratos tienen continuidad en su objeto: en el primero se solicitaron cuatro productos, y en el último, 48. Hay informes por cada grupo armado e informes técnicos que sustentarán los primeros y que serán soporte de procesos judiciales. Cuando se den a conocer los resultados de nuestros análisis, que ahora están bajo reserva, se podrá examinar este tema con mejores criterios.
¿Podría ser más explícita sobre el costo de todos, pero, sobre todo, del último contrato?
Primero, son más productos, como le dije arriba. Y, además del trabajo intelectual y del costo profesional, que son valiosos, se incluyen viajes, adquisición de material especializado y alquiler de aparatos para pruebas técnicas.
Quienes la cuestionan, incluyendo al abogado Alejandro Ramelli, que fue directivo de la Fiscalía, han asegurado que funcionarios de planta de la entidad podían hacer el trabajo para el que su firma fue contratada. ¿Qué les responde?
Que no es cierto: no tienen ni el equipo técnico ni el desarrollo de las herramientas tecnológicas de que nosotros disponemos. La prueba es que nada de lo que estamos haciendo se había hecho antes. La pregunta es por qué.
De todos modos, y según reveló El Espectador, Ramelli, que iba a ser el supervisor de su trabajo, fue tajante cuando afirmó que su primer informe era —palabras más, palabras menos— un desastre. ¿Qué argumentaría hoy, cuando sus análisis de hace dos años ya deberían tener un efecto palpable?
En primer lugar, ese trabajo ya ha surtido un efecto muy importante en las investigaciones. Repito que se trata de un material reservado. En segundo lugar, el doctor Ramelli no tiene elementos de juicio para evaluarnos porque se retiró mucho antes de entregar el primer informe. Nunca lo conoció. Y tampoco tiene los conocimientos técnicos para poder calificarlo.
¿Por qué se dijo, entonces, que la Unidad de Contexto que él manejaba rechazó el informe preliminar del primer contrato?
Le puedo asegurar que el grupo de Ramelli no conoció ese primer informe porque se lo presentamos exclusivamente al señor fiscal y a algunos de sus asesores, los que él designó. Para constancia, existe un acta de esa reunión con los nombres de los asistentes, así como también consta que se le envió una comunicación al doctor Ramelli, con dos semanas de anticipación, diciéndole que se le iban a presentar apartes del informe. Jamás contestó.
Él ha venido revelando cartas, comunicados y fechas según los cuales, mientras él reclamaba calidad, el fiscal la favorecía. ¿Aun así lo puede refutar?
Sí. El fiscal no me favoreció de ninguna manera. Yo no vi al doctor Montealegre sino cuando hicimos la presentación del informe. Más bien, la pregunta es para Ramelli: ¿dónde están las cartas o memorandos en que informó al señor fiscal sobre sus objeciones a estos contratos? Que yo sepa, él hostilizaba a nuestro grupo de trabajo como lo hizo con otros asesores externos, pues no sólo tuvo esa conducta con nosotros, pero nunca se dirigió al fiscal para hablarle de este asunto.
Tanto su argumento como el del fiscal, en el sentido de que no se puede revelar el resultado de sus investigaciones por contener datos reservados, no parece convencer. ¿Hay elementos que se puedan conocer y que indiquen que usted y su equipo no son privilegiados sino necesarios?
Estamos de acuerdo en que la opinión tiene todo el derecho a saber de qué tratan, cómo se han ejecutado y por qué valen lo que valen esos contratos. Por eso se ha tomado la decisión de hacerle una presentación a un grupo de personas calificadas que podrán conocer, aunque también en reserva, la nueva metodología de análisis cuantitativo de la Fiscalía y algunos de sus resultados.
¿Cuándo se hará esa presentación y en dónde se realizará?
El señor fiscal lo decidirá. Esa presentación ofrecerá elementos de juicio para que se conozcan la metodología y la calidad de los resultados.
A usted también se le critica la simultaneidad de su actividad como contratista del Estado con la de columnista de El Tiempo y analista de la FM Radio. ¿Cuándo se vinculó a cada uno de esos medios y por qué no consideró que debía declarar su impedimento para hablar de la Fiscalía y del fiscal?
Empecé a escribir columnas, incidentalmente, en El Tiempo, desde el año 2003, y lo hice de manera permanente desde 2005. Ingresé a la FM en abril de 2010. En ninguno de estas dos vinculaciones existía una cláusula de exclusividad, como suele suceder con quienes figuramos en los medios sin ser periodistas. Precisamente, a nosotros nos contratan casas periodísticas por nuestros conocimientos y para presentar una posición sobre un determinado tema. No tenemos la obligación de ser neutrales porque no manejamos la información, la planta de reporteros ni el proceso editorial. Esto explica que todos o casi todos los columnistas que no tienen como profesión el periodismo son contratistas del Estado o de empresas privadas y académicas en la especialidad de cada uno.
Deme un ejemplo de otro columnista contratado por una entidad gubernamental o estatal.
Un buen caso es el de León Valencia, que tiene contratos con el Gobierno en temas de paz y, simultáneamente, escribe sobre esa materia en su columna de la revista Semana. Le puedo citar muchos más. Como le dije, la mayoría ejerce su actividad profesional mediante asesorías en su especialidad. Ahora, en cuanto a su pregunta por los impedimentos, no lo consideré necesario en El Tiempo porque yo elegía los temas de mis columnas y siempre fui muy cuidadosa y académica en el tratamiento de los mismos. En la FM sí lo hice: lo mencioné al aire repetidas veces y además se lo comuniqué a la directora (Vicky Dávila), como consta en un comentario que ella hizo durante la emisión de uno de los programas, en vivo, en agosto del año pasado (enlace en el .com).
¿Puede precisar las especialidades profesionales de quienes hacen parte de su empresa?
Son tres equipos: el primero recoge, filtra y cruza las bases de datos de diversas fuentes. El segundo desarrolla los marcos lógicos y los ejecuta. Y el tercero analiza la información a la luz del comportamiento criminal y expone los patrones de macrocriminalidad. Quienes trabajan con nosotros son ingenieros de diferentes especialidades: georreferenciación, geoestadística, sistemas, programación y desarrollo tecnológico.
Le confieso que, aunque al inicio me pareció explicable la curiosidad mediática por el cambio de sus apellidos, después se notó excesiva. ¿Qué opina al respecto?
He ejercido mi vida profesional durante 15 años a la luz pública como analista política, defensora de derechos humanos y experta en justicia transicional. Jamás he exhibido nada distinto a mis conocimientos y convicciones. Mi nombre no se conoce por pertenecer al jet set o a la farándula, y en muy raras ocasiones atiendo invitaciones sociales. Jamás he tenido trabajos por palancas o favorecimientos de ningún tipo y nunca he elegido el camino del atajo. Mi vida privada no es, ni debe ser, objeto de discusión o atención pública, y no tengo por qué dar ninguna explicación al respecto.
Pero creo que la atención sobre sus apellidos está relacionada con la probabilidad de que pudieran significar cierta ventaja en la competencia por la contratación pública…
No me puse un apellido que no me correspondiera legítimamente. Era mi derecho por haber contraído matrimonio, porque tengo la nacionalidad del país en que me casé y porque allá (Austria) es obligatorio escoger un nombre de familia, según versa la ley. Aparte de que es superficial, lo que ha quedado expuesto en la forma como se me ha criticado es la insolvencia moral del país: el machismo, el elitismo, la discriminación y la violencia de género, la incitación al odio, la polarización política. Demuestra también el bajo nivel en el que ha caído el debate en el país. Como, hasta el momento, los que me atacan no han podido intimidarme ni doblegarme, se han centrado en mi vida privada y en mi familia. Pero al final lo cierto es que no han podido encontrar nada ilegal en mi conducta.
Usted y su nombre han sido tendencia en las redes sociales y desde hace unos meses unos sitios en Twitter se han dedicado casi exclusivamente a atacarla. Por ejemplo, el seguidor del uribismo Ernesto Yamhure se proclama “autor” del escándalo contra usted.
Evidentemente, el asesor político y consejero personal de Carlos Castaño inició una campaña de difamación en mi contra hace más de dos meses y ha convertido las redes sociales en sus nuevas “convivir”, con un modus operandi bastante similar al que le dio pie al paramilitarismo. Este señor ha estado tratando de montar otro caso Tasmania para difamarme. Su campaña ha estado marcada, además, por la violencia de género, por el clasismo y por la intención de destruir la reputación de quien descubrió que él, en calidad de asesor de las autodefensas, fue uno de los autores intelectuales de la política de no entregar, en desarrollo del proceso de desmovilización de las Auc, a los niños que estas estructuras criminales habían reclutado.
Yamhure ha revelado muchos datos de su vida privada, por ejemplo, presuntas direcciones y fotografías de residencias en donde usted vivía hace 20 o 25 años, y fotografías suyas de su adolescencia. ¿Sabe cómo ha conseguido esa información y presentaría alguna acción legal por violación de datos privados?
No es la primera vez que se gesta una persecución de esta calaña en mi contra. En 2007 fui una de las víctimas del escándalo conocido como las chuzadas de la Policía. Luego fui víctima del mismo esquema de seguimientos del DAS y en varias oportunidades ingresaron a mi casa para robar computadores e información. Lo que me parece inconcebible es que lo más selecto del periodismo colombiano haya estado dispuesto a servir de parlante sin verificar conmigo ninguna información y sin rechazar la violencia con que he sido tratada, independientemente de los muy legítimos cuestionamientos que se planteen sobre los temas contractuales.
¿Por qué guardó silencio hasta la semana pasada, dando pie a especulaciones cuestionables, pero también a las legítimas, por cuanto tienen que ver con dineros públicos?
Permítame recordar que mi contrato con la Fiscalía es muy restrictivo y que he sido y seré siempre muy cuidadosa con la protección de la reserva de los temas que estamos trabajando. Pero quisiera añadir que no evado pelea y que jamás me he escondido. Pese a todo el sufrimiento que he pasado junto a mi familia, soy bastante resistente al matoneo porque he crecido en la dificultad.
En su entrevista en la W Radio usted aseguró que las críticas contra usted y el fiscal Montealegre eran impulsadas por el uribismo, al margen de un tuitero. ¿No es una forma de desviar el debate?
Nunca he interpretado este caso desde una perspectiva enteramente personal. Hace parte de un juego mucho más grande que tiene por objetivo sacar de en medio al fiscal general y de sabotear el proceso de paz en un momento muy delicado. No me cabe duda de que están tratando de instrumentalizarme para lograr esos objetivos poniéndome en mitad del escándalo.
A propósito, algunos congresistas del Centro Democrático reaccionaron después de su entrevista radial. Dijeron que, si sus informes están contaminados por su posición política, no pueden ser científicos. ¿Qué dirían ante esta objeción que, en cierta forma, tiene sustento?
Los contratos que nos asignaron no tienen nada que ver con los procesos penales que puedan tener pendientes en la Fiscalía los miembros de ese grupo político.
Le insisto: fuera del interés político o partidista que pueda haber, hay que reconocer que $4.000 millones en contratos es una suma tan alta que merece examen y preguntas…
Por supuesto, lo admito. Ese examen debe ser tan estricto como sea necesario, pero también debe respetar las características del material.
¿Irá al Congreso, en donde la van a citar?