Cecilia Orozco Tascón.- El viernes pasado Asonal Judicial realizó una jornada nacional contra la reforma gubernamental a la justicia ¿Por qué no expresaron su desacuerdo antes y no después de ser presentada al Congreso?
Luis Fernando Otálvaro.- Porque esa reforma nunca fue consultada con los empleados judiciales de base que saben y padecen los problemas del sector ni tampoco con la academia. Y porque ni siquiera tuvo el aporte de las altas cortes las cuales, por el contrario, han considerado que algunas de esas propuestas perjudican a la justicia y a la ciudadanía.
C.O.T.- En general ¿por qué les molesta la reforma?
L.F.O.- Porque no combate los graves males de congestión, impunidad y ausencia de eficacia que padece en este momento la administración de justicia y en cambio le da más poder al Ejecutivo.
C.O.T.- En cuanto a las molestias concretas de Asonal con ciertos puntos de la reforma (ver parte superior de la pág.) ¿Cómo explicaría usted que la desprestigiada Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura termine fortalecida en la reforma, en vez de ser clausurada?
L.F.O.- Creemos que a la clase política le conviene su existencia porque esa sala, que examina disciplinariamente nuestra conducta, es un arma de control sobre los jueces mediante un organismo que es extraño a la rama. Recuerde que para ser miembro de dicha sala no se exigen los requisitos que se les piden a los jueces y que sus integrantes son de origen político.
C.O.T.- La doble instancia en los juicios a los congresistas, que hoy se realizan en la Corte Suprema con una sola instancia, no ha sido bien recibida por Asonal. Pero en el mundo moderno siempre se da la garantía de un segundo juez que examina lo que hizo el primero ¿Eso no es justo?
L.F.O.- Está bien que los aforados tengan doble instancia pero para eso no se requiere crear un organismo de investigaciones por fuera de la Corte Suprema. Justamente ella había propuesto salas diferentes para dividir las funciones de investigación y juzgamiento dentro de la misma Corte, sin crear organismos paralelos que generarían suspicacias.
C.O.T.- ¿Suspicacias sobre qué?
L.F.O.- Sobre un intento del Ejecutivo y del Congreso de impedir que los magistrados de la Sala Penal de la Corte continúen sus investigaciones sobre parapolítica.
C.O.T.- Hoy las cortes postulan candidatos a Procurador y Contralor ¿Está de acuerdo Asonal en que se eliminen las actividades electorales de las cortes?
L.F.O.- Hemos pensado que ése no es un punto de honor y que las altas cortes podrían ser despojadas de esa actividad. No obstante, también hemos dicho la concentración de poder en el Ejecutivo sería peligrosa: el Presidente presenta la terna para Fiscal General; quedaría con la facultad exclusiva de proponer a los candidatos a Procurador; intervendría en la elección del Contralor al igual que en la del Auditor General de la Nación. A esto súmele que también manejaría el presupuesto de la rama judicial a través del organismo que haría las veces de Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura y del que, además, haría parte la Sala Disciplinaria. Eso no sucede en una democracia.
C.O.T.- ¿Existe hoy un desequilibrio de poder de la rama judicial frente al Ejecutivo o nacerá después de aprobada la reforma?
L.F.O.- El Ejecutivo siempre ha tenido excesivo poder en Colombia pero con la reforma obtendría una mayor concentración en detrimento del que sanamente debe tener la rama judicial.
C.O.T.- Mencionó hace un momento la posibilidad de que haya retaliación de la clase política contra la Corte Suprema y contra la rama judicial. Realmente ¿piensa que estamos frente a la ejecución de una venganza por los políticos que están en la cárcel?
L.F.O.- No dudamos en catalogar esa reforma como una retaliación contra la Corte Suprema de Justicia.
C.O.T.- ¿Por haber castigado a prominentes miembros de los partidos?
L.F.O.- Haga memoria y recordará que desde cuando la Corte empezó a investigar a miembros del poder político, empezaron a surgir las propuestas de reformar la justicia ¿Por qué nadie hablaba antes de esa supuesta necesidad? Si los expertos en estas materias han dicho que para implementar una reforma, en caso de que se hiciere, no se requiere modificar la Constitución ¿Por qué se desea elevar la reforma a ese rango? Son preguntas que deberían responder quienes están impulsando esos cambios.
C.O.T.- Del otro lado, hay una impresión generalizada en el sentido de que la rama judicial no quiere que la reformen pese a los graves problemas que la aquejan ¿No les hace falta a ustedes algo de autocrítica?
L.F.O.- No, no es así. Contrario a lo que se cree, consideramos necesaria una reforma a partir del reconocimiento de los problemas que padecemos. No sabemos hasta qué punto la reforma debe ser de índole constitucional pero pensamos que se requieren modificaciones para que la justicia pueda cumplir con su cometido en los términos que indican los códigos. No es difícil de aceptar: es claro que cuando se tiene que desarrollar nuestra labor en las condiciones que hemos soportado, no se pueden dar los resultados que se esperan.
C.O.T.- Los críticos del poder judicial dicen que cada vez que les solicitan a sus miembros su concepto sobre reforma a la rama, ustedes piden plata ¿Cree que todos los problemas se reducen a incrementos de presupuesto?
L.F.O.- Todos no. Pero sí gran parte de los actuales problemas de la administración de justicia se remediarían con un presupuesto mayor. El déficit asciende aproximadamente a 800 mil millones de pesos anuales y cada cierto tiempo se le imponen a la justicia nuevas cargas. En Colombia existe un juez por cada 100 mil habitantes. No contamos con los mecanismos necesarios para desarrollar nuestra labor y se niegan a diario los recursos: no hay policía judicial, no hay policía penal, no hay defensores públicos y tampoco tenemos laboratorios.
C.O.T.- ¿No hay también malos empleados, jueces venales y sin preparación académica; no existen los fiscales sesgados, perezosos y no hay clientelismo?
L.F.O.- Indudablemente sí. Como en todo organismo, hay deficiencias y errores porque somos humanos. No nos oponemos a que se controle nuestra conducta, como sucede con cualquiera; ni a que se nos sancione, siempre y cuando se respete el debido proceso, como sucede con los demás ciudadanos.
C.O.T.- Hay dos procesos paralelos en el denominado “carrusel de las pensiones” de magistrados y jueces. El primero está en la Contraloría General, al parecer con buenos argumentos y mucha información. El segundo, fue abierto intempestivamente en la Comisión de Acusación de la Cámara con base en anónimos que involucrarían a más de 200 magistrados de todas las cortes ¿Qué opina Asonal Judicial de ambas investigaciones?
L.F.O.- Primero esperaremos a que se determine la competencia que hoy está en discusión. Pero estaremos prestos a denunciar cualquier anomalía que se presente en alguno de los dos órganos, sobre todo si también se trata de otro intento de retaliación por parte del poder político contra el judicial.
C.O.T.- ¿Qué opina Asonal de la elección del nuevo fiscal?
L.F.O.- Que el gobierno propuso una terna de uno porque el único de los postulados que contaba con conocimiento y bagaje sobre el derecho penal era el doctor Eduardo Montealegre. Opino también que la Corte, al escoger de esa terna, quiso respetar el fuero presidencial de postulación. Y si usted me pregunta sobre la persona que al final resultó elegida, le digo, en primer término, que reconocemos en el escogido a un profesional de altas calidades y conocimientos y que estamos seguros de que conoce el manejo de la Fiscalía puesto que ha sido funcionario público y ha litigado. En segundo término, nos preocupa que la Fiscalía pueda perder autonomía e independencia.
C.O.T.- ¿Por qué?
L.F.O.- Porque el doctor Montealegre, quien será el director supremo del ente investigador fue el apoderado de Saludcoop y lo fue también de varios de los miembros de esa EPS de de la cual el Presidente de la República aseguró que era el nido de la corrupción en el sistema de salud. Nos preocupa, igualmente, que el nuevo fiscal haya estado vinculado con el gobierno anterior y con el actual como asesor y contratista y que como tal haya tenido que conceptuar sobre temas tan delicados como el de fuero penal militar. Por último, no nos deja tranquilos que haya sido apoderado del Estado en varios casos de derechos humanos que se llevan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a su vez, son de competencia de la Fiscalía General.
C.O.T.- Esa es una preocupación válida pero finalmente, él ya dijo que se declarará impedido en los casos que haya conocido como abogado particular ¿No es suficiente?
L.F.O.- Nuestra preocupación subsiste porque la Fiscalía será mirada con desconfianza por los compromisos que el jefe de la entidad adquirió en el pasado. El fiscal tendrá que estar dando explicaciones en todo momento en lugar de dedicarse a las actividades propias del ente investigador. No es bueno que la Fiscalía esté siendo mirada con el rabillo del ojo por los colombianos y por los organismos y entidades internacionales de justicia. Esperemos que él sepa actuar con transparencia.
C.O.T.- Precisamente por ser un reputado abogado, el nuevo fiscal tenía un bufete en el que se llevaban grandes procesos ¿Qué debería hacer él para eliminar las suspicacias que surgen del conflicto entre el interés público y el particular?
L.F.O.- Casi todos los titulares de la Fiscalía General tenían, antes de llegar al cargo, oficinas de litigio y por ser prestigiosos en la carrera estaban al frente de casos de connotación nacional. En cuanto a la oficina del doctor Montealegre, él no solo deberá presentar sus impedimentos y renunciar a los poderes conferidos sino que tendrá que aislarse totalmente de todo aquello con lo que tuvo que ver o de lo contrario podría caer en causales de mala conducta. Pero él sabe perfectamente lo que debe hacer.
Asonal, en “estado de alerta”
Asonal Judicial es un sindicato que reúne a 12 mil 500 miembros de la justicia en todo el país entre magistrados de los tribunales, jueces, fiscales, empleados de la rama y de Medicina Legal. Su presidente, Luis Fernando Otálvaro es fiscal seccional en Medellín y ha ejercido funciones públicas desde 1994, hace más de 17 años. A Otálvaro se le reconoce gran influencia entre los afiliados de Asonal. Ya había sido presidente de la agremiación entre 2004 y 2005 y hoy, además de la dirección nacional, ha asumido la conducción de la regional de Antioquia. La reforma constitucional a la justicia que cursa en el Congreso y que cuenta con las mayorías de la coalición de gobierno por lo que se da como un hecho que será aprobada, pese al disgusto de las cortes, es motivo de preocupación para el gremio que considera que el Ejecutivo lo excluyó de la discusión sobre los artículos que proponen modificaciones sustanciales a su actividad. Por ahora, el sindicato ha ordenado realizar cada semana un día de “jornadas pedagógicas” sobre las implicaciones que tendría el articulado, si termina siendo votado por el parlamento. Pero en el interior de la organización se sabe que del “estado de alerta” actual se puede pasar a la “acción”, en caso de que sus reclamos no sean escuchados.
“No entendemos por qué quieren reformar un organismo recto”
Cecilia Orozco.- Exactamente ¿cuáles son los puntos de la reforma que no le gustan a Asonal Judicial?
Luis Fernando Otálvaro.- 1.- Que se fortalecería el Consejo Superior de la Judicatura en su Sala Disciplinaria, un ente totalmente politizado puesto que sus miembros son elegidos por los congresistas de ternas presentadas por el Presidente. 2.- Como consecuencia del primer punto, que se perdería la autonomía e independencia de la justicia porque la politizada sala disciplinaria no solo conservaría el poder de vigilar la conducta de los jueces y fiscales del país, lo cual ya es grave, sino que además pasaría a hacer parte de un organismo también político que dependerá del Ejecutivo - del que hará parte incluso el ministro de Justicia -, y que manejaría el presupuesto de la justicia porque haría las veces de la sala administrativa que desaparecerá. 3.- Que se privatizaría de manera parcial la justicia porque se les trasladarían a los notarios y a ciertos particulares unos procesos y conductas por cuyos servicios ellos, por supuesto, cobrarían. Y 4.- Que le quitarían el poder de investigación en los procesos de los aforados a la Corte Suprema de Justicia y se lo pasarían a otro ente. Lo que no entendemos es por qué quieren reformar un organismo que ha venido mostrando eficiencia y rectitud.