La entrevista de Cecilia Orozco 28 Abr 2012 - 9:00 pm

La entrevista de Cecilia Orozco

"Sería un error histórico del minjusticia"

El presidente de la Comisión Primera del Senado, Luis Fernando Velasco, defiende la reforma a la justicia.

Por: Cecilia Orozco Tascón
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“La doble instancia no es una concesión que nos hacen, sino un derecho que tenemos”, dice Velasco. / Gustavo Torrijos

Cecilia Orozco Tascón.- ¿La reforma a la justicia, que pretende cambiar a los investigadores y jueces de los congresistas, eliminar impedimentos, pérdida de investidura y otras sanciones disciplinarias, es un blindaje penal y disciplinario para ustedes?

Senador Luis Fernando Velasco.- Primero que todo hay que aclarar algo que la opinión no parece tener claro. En cuanto a reforma a la justicia, existen dos proyectos: uno del Gobierno y otro del Consejo de Estado, que es un órgano judicial. Segundo: en la Comisión Primera del Senado tuvimos el pudor de pedirle a la Sala Penal de la Corte Suprema que redactara el artículo sobre juzgamiento de congresistas. Y esa redacción se expresa en lo que se está aprobando. Y, por último, el tema de la doble instancia, que despierta tanta suspicacia, no es una concesión graciosa que nos hacen, sino un derecho que tenemos todos.

C.O.T.- El problema de la doble instancia no es si tienen derecho o no, sino que genera sospechas por el momento en que se les ocurre crearla: cuando la Corte Suprema viene juzgando a congresistas.

L.F.V.- Como le decía, el mecanismo de juzgamiento para los congresistas, que está en la reforma, fue revisado por magistrados de la Suprema, si no en un 100%, sí en un 95%. ¿De cuál blindaje me habla? El parlamentario no tiene un antejuicio político; por cualquier delito, su proceso se abre inmediatamente en la Corte sin una revisión previa en el Congreso en que se consulte si se trata, por ejemplo, de una venganza.

C.O.T.- ¿Por qué eliminar a la Corte Suprema, tal como va la reforma, del proceso de investigación y juzgamiento de los congresistas?

L.F.V.- No se trata de eliminar a la Corte. Lo que sucede es que no es bueno que el investigador dependa del juez, lo que ocurriría si se mantuviera todo el proceso en la Sala Penal.

C.O.T.- Y para eso se inventaron una sala de investigación cuyos miembros serán elegidos por la Corte Constitucional (escogida a su vez por el Congreso) de ternas que envía el presidente de la República. O sea, jueces con origen político. ¿No es un buen blindaje?

L.F.V.- ¿Sabe que a mí me parece que tienen razón quienes opinan que no es sano que el presidente postule a los investigadores de los congresistas? Por eso se está madurando la idea de que tengan el mismo origen del órgano constitucional: que los magistrados que formen parte de esa nueva sala sean postulados por la Suprema, por el Consejo de Estado y por el mandatario.

C.O.T.- ¿Y quién los elegirá?

L.F.V.- La misma Corte Constitucional. Pero hay una propuesta más lanzada aún: que se presenten todos los que crean que pueden ser investigadores de congresistas a concurso ante la Constitucional y que ésta elija. Estamos trabajando en eso.

C.O.T.- ¿De qué rango serían los investigadores?

L.F.V.- La Sala de Investigación tendría el mismo rango de la Corte Suprema y sería parte orgánica de ella. Pero, por motivos obvios, los magistrados investigadores no podrían formar parte de la Sala Plena.

C.O.T.- ¿Quiénes serían sus jueces?

L.F.V.- En primera instancia habría una sala de juzgamiento nombrada por la misma Corte Suprema. Y la segunda instancia estaría a cargo de la actual Sala Penal.

C.O.T.- Lo que usted muestra como sano puede tener un problema: ¿por qué sacar del proceso de investigación y juzgamiento a la Sala Penal de la Suprema, que fue la que condenó a cerca de 60 congresistas e investiga a muchos más? Dejarla únicamente para la segunda instancia es eliminarla en la práctica.

L.F.V.- A nosotros nos encantaría que la primera instancia quedara en la Sala Penal y, la segunda, en la Sala Plena de la Suprema, sin la participación de los magistrados de la Penal, por supuesto.

C.O.T.- Sala Plena en donde la política tiene más influencia, como se vio durante la confrontación con el expresidente Uribe. Pero además, para hablar con claridad, los magistrados de las salas Laboral y Civil, que serían los que quedarían en la plenaria, no tienen idea de procesos penales.

L.F.V.- Permítame decirle que en ningún lugar del mundo la primera instancia participa en la segunda, que es la de revisión de la decisión anterior.

C.O.T.- ¿Por qué descartan la creación de dos grupos de la Sala Penal?

L.F.V.- Hay un tema claro: las segundas instancias siempre son verticales respecto de las primeras, no horizontales. Por eso no es bueno partir la Sala Penal en dos. Se supone que las instancias son independientes y que están en diferente nivel.

C.O.T.- Hay 39 congresistas, entre senadores y representantes, que tienen investigaciones preliminares abiertas en la Corte Suprema. En sana lógica, ellos estarían inhabilitados para participar en esta reforma. Sin embargo, lo están haciendo gracias a que ustedes se eliminaron los impedimentos…

L.F.V.- Sí, claro. Si no, no hubiéramos tenido cómo votar la reforma.

C.O.T.- ¿Cómo explica que se hayan autoeliminado los conflictos de interés y los impedimentos para votar una reforma que los favorece?

L.F.V.- Eso ocurrió en virtud de una decisión anterior, no de ahora. Pero, además, quiero ser honesto con usted: ese acto legislativo se aprobó porque si no habría sido imposible pasar una reforma a la justicia en el Congreso.

C.O.T.- Gracias por admitirlo. Y, ¿qué me dice de las modificaciones a la pérdida de investidura, castigo que también desaparece en la vida real?

L.F.V.- No comparto esa idea porque lo que se está haciendo es exactamente lo mismo que en los procesos penales: creando la doble instancia. Nada excepcional. Por lo demás, fue el propio Consejo de Estado el que la propuso por el principio constitucional de igualdad ante la ley y debido proceso. Pero a usted se le olvida preguntarme sobre lo que les duele a algunos magistrados de varios tribunales.

C.O.T.- Bien, ¿qué les duele?

L.F.V.- Que los investigue la Corte Suprema. Y por eso están proponiendo tener para ellos también un antejuicio político en el Congreso. Eso significa mantener viva la Comisión de Acusación, pero con otro nombre.

C.O.T.- He escuchado la tesis de que hay que mantener la Comisión de Acusación en boca del ministro de Justicia.

L.F.V.- Si es así, sería un error histórico porque se desprestigiaría por completo la reforma que el ministro defiende. Recordemos que para el ciudadano del común no hay nada más deslegitimado que la Comisión de Acusación, un órgano estructuralmente creado para que no funcione. ¿Por qué, de la noche a la mañana, esa Comisión se convierte en la garantía democrática de algunos magistrados? Muy difícil de entender.

C.O.T.- ¿Por qué cree usted que los magistrados quieren mantener la Comisión de Acusación?

L.F.V.- No lo sé, pero aunque suene increíble, lo están pidiendo. El presidente del Consejo de Estado llegó con un buen discurso a la Comisión Primera del Senado y sostuvo que ellos quieren un antejuicio político porque corren el riesgo de que, frente a cualquier sentencia, los acusen de prevaricato. ¿La Comisión de Acusación no los asusta? Y si eso es así, ¿por qué no le temen?

C.O.T.- ¿Cuáles magistrados están pidiendo “antejuicio político”?

L.F.V.- Varios. Tengo en alto concepto al fiscal general. Pues él llegó a la Comisión Primera y dijo que la solución eran los antejuicios políticos. Es decir, que la Cámara investigara a los magistrados antes de que éstos comparecieran ante la Corte Suprema.

C.O.T.- ¿Están pidiendo una revisión política de las decisiones judiciales? El país se enloqueció…

L.F.V.- Ese absurdo es el que tiene frenada la reforma. Digámoslo con claridad: el presidente del Consejo de Estado, una persona impoluta, se equivoca al decir que a los magistrados hay que juzgarlos en democracia. ¿Qué significa juzgarlos en democracia? ¿Que en el Congreso los juzguen? Lo que me gusta del doctor Gustavo Gómez es que está diciendo de frente lo que muchos piden en privado. El problema central de buena parte de los conflictos que han salido a relucir con la reforma a la justicia es que algunos magistrados desconfían de sus propios jueces. Destapemos las cartas porque aquí todas las críticas son para los congresistas.

C.O.T.- Pero si los magistrados se equivocan no significa que lo que ustedes aprueban sea moralmente bueno para el país.

L.F.V.- No, claro que no. Lo que quiero resaltar es que no todo lo que critican de la reforma favorece a los congresistas. Examinemos lo que piden algunos de los dignatarios de la justicia.

C.O.T.- ¿Es cierto, como se rumora, que algunos togados también han estado ‘lagartiando’ 12 años de período, en vez de los 8 actuales?

L.F.V.- (Risas). Pues por ahí circula una proposición con la firma de casi 10 congresistas que están haciendo esa propuesta. Se dice que les han tocado a la puerta.

C.O.T.- ¿También es verdad que magistrados actuales pidieron la ampliación del período para poder continuar en el cargo?

L.F.V.- Eso también se dice.

C.O.T.- De otra parte, ¿el Congreso pretende recortar los derechos constitucionales de petición y de acceso libre a la información pública de los que dependen las investigaciones periodísticas?

L.F.V.- A raíz de los temores que expresaron varios columnistas y congresistas, decidimos revisar el tema en la Comisión Primera del Senado. En la última sesión aprobamos, en segunda vuelta, 18 proposiciones hechas ese mismo día, entre otros, por los senadores Robledo, Lozano, Avellaneda y por mí, con un elemento central: exceptuar de limitaciones al acceso a la información todas las solicitudes que se hagan para efectos periodísticos, de control político en el Congreso o de investigación académica.

C.O.T.- Se había propuesto crear una nueva procuraduría delegada para estos efectos. ¿Por qué darle semejante poder a un procurador?

L.F.V.- Seis artículos que había sobre el tema fueron retirados para evitar riesgos. En efecto, nos dio temor crear esa delegación porque podía terminar siendo lo contrario de lo que se buscaba. En esa misma sesión reabrimos el debate y negamos todos los artículos relacionados.

C.O.T.- Sobre el derecho de petición se pretende darles facultades a los servidores públicos para que ellos decidan cuándo los documentos solicitados son reservados. ¿Se imagina a un empleado corrupto entregando los papeles que lo incriminan?

L.F.V.- Los críticos nos hicieron caer en la cuenta de que quedaba abierta la puerta, primero, para negar los datos solicitados, a discreción del funcionario. Segundo, para implicar en responsabilidad penal, fiscal o disciplinaria por el mal uso de la información que hubieran recibido de buena fe, a ciudadanos particulares, por ejemplo a los periodistas. Tercero, para que se creyera que los particulares quedaban con la obligación de entregar a quien lo requiriera la información que fuentes reservadas les hubieran confiado. Por todo lo anterior, aplazamos la discusión sobre este asunto.

C.O.T.- En cuanto a reformas constitucionales hoy tenemos un mapa que prácticamente altera todos los derechos civiles. ¿No estarán ustedes excediendo su función legislativa al sustituir una parte esencial de la Constitución, como pareciera?

L.F.V.- Decir que en un país en el que el gobierno cuenta con el 94% del Congreso no se corre ese tipo de riesgos, no es serio. Pero también hay que reconocer que en Colombia existe un gran dique que impide los desbordamientos: la prensa informativa y la de opinión. Le pongo un ejemplo: hablando de la reforma a la justicia, leí una columna de Ramiro Bejarano sobre el peligro que él veía en una propuesta mía, de entregarles a autoridades de Policía la capacidad de detener a personas, sin orden judicial, por 72 horas.

C.O.T.- Ese es un punto delicadísimo, porque se trata de la protección a la libertad personal.

L.F.V.- De acuerdo. La advertencia del columnista me sirvió porque estaba buscando un efecto totalmente opuesto: quería evitar la locura de convertir en delito la ebriedad de los conductores. Me explico: hay 95 mil comparendos al año por embriaguez. Si aprobamos esa propuesta, ¿tendríamos 95 mil procesos judiciales nuevos?

C.O.T.- ¿Y eso qué tiene que ver con la facultad de detener a personas sin orden judicial?

L.F.V.- Quise fortalecer el Código de Policía que hoy sólo les permite a los agentes bajar del carro a los borrachos. Lo que proponía era llevarlos, no a una cárcel, sino a una estación por varias horas para que en el guayabo se dieran cuenta de que pudieron haber matado a una persona o haberse muerto ellos mismos. También quería crear instrumentos en casos de agresión familiar de drogadictos, en los que tampoco puede intervenir la autoridad.

C.O.T.- Comprensible, pero por ahí se abría un enorme boquete. ¿Cómo estamos seguros de que esa medida no se llegue a usar arbitrariamente?

L.F.V.- Es cierto. No olvide que usted está hablando con una persona a la que le hicieron dos montajes: uno, el de pertenecer al paramilitarismo, y dos, el de ser comandante guerrillero. Recuerde que por esos infundios estuve detenido cuatro meses (ver parte superior de la pág.)

C.O.T.- Y usted tenía capacidad de defensa. Imagine a un señor de a pie, ¿cómo modificó su propuesta?

L.F.V.- Consulté a unos juristas y cambiamos el sentido del artículo. Primero, modificamos el término ‘detención’ por el de ‘conducción’. Es una gran diferencia. Segundo, quien sea conducido por esos dos motivos (alcoholismo o drogadicción) sólo puede permanecer en un centro de atención especializada, no en una cárcel, máximo 32 horas. Además, si la persona considera que le están vulnerando sus derechos, podrá acudir ante cualquier juez.

C.O.T.- Entonces usted admitió que había un error esencial en su propuesta.

L.F.V. -Claro que sí. Todos los que echaron piedras contra ese artículo tenían razón. Yo la estaba embarrando. Por eso rectifiqué. Finalmente, ese artículo fue aprobado con las modificaciones en la Comisión Primera hasta por los senadores de oposición, los mayores críticos de la primera propuesta.

Contrarreforma constitucional

En la actual legislatura, como pocas veces, se han tramitado tantas reformas a la Constitución que será difícil decir, después de que se clausuren las actividades de este semestre en el Congreso, que la Carta es la misma que se aprobó en 1991. Habrá cambios en la redistribución de las regalías, en el sistema de justicia, en el grupo de instrumentos para la paz y en el fortalecimiento del fuero militar, mirado con recelo por los organismos internacionales. Además, se cerrarán las discusiones sobre el Código General del Proceso y sobre varias leyes estatutarias. Pese a que reputados analistas políticos están alarmados por el movimiento de contrarreforma que propone eliminar garantías y derechos que otorgó la Constitución, el congresista liberal Luis Fernando Velasco, presidente de la estratégica Comisión Primera del Senado, donde nacen y se discuten las modificaciones, insiste en que el Parlamento respeta el orden constitucional establecido. Pero admite que la única manera de que se protejan los derechos fundamentales es que los ciudadanos se apropien de ellos y los defiendan. Sin embargo, no existe en el país una organización civil fuerte que desarrolle ese tipo de actividades. Entre tanto, el Gobierno impulsa tales modificaciones sin asumir el costo político que implica el recorte de las libertades y el desequilibrio de los poderes.

Montaje judicial con beneficios

Cecilia Orozco.- ¿Por qué recordó al excomisionado Luis Carlos Restrepo?

Senador Velasco.- Usted me preguntó si no temía que hubiera montajes judiciales y recordé que fui víctima de uno. En los expedientes sobre un caso en que me involucraron en 2009 y del que fui absuelto por la Corte, una persona que fue grabada recibió la orden de hacerme un montaje porque yo estaba “molestando mucho”.

C.O.- ¿Qué se oye en esa grabación?

S.V.- Cuando alguien dice “busquen unos testigos que necesitamos montarle una ‘masacre’ al senador Velasco”. El protagonista, que estaba en una cárcel de máxima seguridad, empezó a reclutar gente que declarara contra mí. Alguien avisó a la Fiscalía y le interceptaron el teléfono. Después el tipo quiso extorsionarme: me pidió $50 millones. Yo le avisé a la Fiscalía y se preparó un operativo. Él terminó confesando.

C.O.- ¿El preso contó quién lo había contratado?

L.F.V.- Reconoció su participación en el montaje y se acogió a sentencia anticipada, pero nada más. ¿Sabe qué hizo Luis Carlos Restrepo? A los dos días de la condena les otorgó beneficios de Justicia y Paz a los que no tenían derecho.

C.O.- ¿Qué interés tenía Restrepo en él?

S.V.- Supongo que quería que guardara silencio.

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