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"La víctima puede grabar sus propias conversaciones": defensa de capitán Ányelo Palacio

Habla el penalista Jesús Vergara, en defensa de su cliente, el capitán Ányelo Palacio, quien denunció que lo violaron y que la Comunidad del Anillo en la Policía existió.

Cecilia Orozco Tascón
27 de marzo de 2016 - 02:00 a. m.

Vergara refiere al video grabado por el oficial cuando éste conversa con un exviceministro sobre sexo, y da su concepto sobre su difusión. Afirma que quieren desacreditarlo y que busca protección internacional.

Al fin, ¿a su defendido, el capitán Ányelo Palacio, -uno de los denunciantes de la presunta existencia de la Comunidad del Anillo-, lo secuestraron o se autosecuestró? Esta última versión quedó en el aire después de que él se les habría fugado a sus captores…

La hipótesis del autosecuestro se deriva de aspectos mal manejados en la investigación o de su divulgación sesgada. Primero, la supuesta no aceptación de un programa de protección de la Fiscalía: es cierto que al capitán se le informó del programa, pero también lo es que necesitaba tiempo para tomar la decisión, no por desconfianza en la Fiscalía, sino porque siendo servidor público no podía desaparecer de la noche a la mañana dejando abandonadas sus funciones. Segundo, la difusión de una fotografía en la que se ve al capitán durmiendo en una cama fue hecha con mala intención. Y tercero, también fue malintencionada la especie de que el capitán Palacio había rendido una entrevista a un medio extranjero “horas antes del secuestro”, como si la hubiera hecho dentro de un plan en que el paso siguiente sería el plagio. Lo cierto es que él dio la entrevista una semana antes. La fecha de su emisión es diferente a la de su grabación. Pero nadie preguntó cuándo se grabó.

Precisamente la Fiscalía informó que le ofreció al capitán el programa de protección de testigos. De acuerdo con lo que acaba de decir, ¿ustedes no rechazaron esa medida sino que estaban pensando si la aceptaba?

Como le dije, para un oficial activo, que tiene carácter de servidor público, no es fácil cambiar de identidad de un día para otro, ausentarse después de sus vacaciones sin ninguna explicación a sus superiores y, simplemente, desaparecer. La Fiscalía, entonces, ofició a la Policía enviándole el mensaje de que lo protegiera. Ésta contestó que para hacerlo esperaba a que “llegara al Caquetá”, porque no sabía en dónde estaba. La institución no podía dar esa respuesta porque tratándose de un oficial activo, es obligatorio tener todos sus datos de ubicación, hasta cuando goza de períodos libres. La Policía podía encontrarlo cuando quisiera, empezando por quienes lo seguían a diario.

¿Cómo así? ¿Cómo prueban que el capitán era seguido por miembros de su misma institución?

Tenemos las imágenes de los seguimientos. Pero, además, una entidad con el aparato investigativo de la Policía no puede afirmar que “no sabe” en dónde se encuentra uno de sus miembros, con mayor razón si se trata del capitán Palacio.

Volviendo al secuestro, el capitán reapareció después de unos días en una casa campesina. ¿Cómo se fugó, cómo llegó allí y las personas de la casa, a quién le avisaron?

El capitán se fugó aprovechando un momento de una necesidad fisiológica. Llegó a una casa campesina en donde les contó a sus habitantes quién era y les dijo que se encontraba en una condición crítica. La familia le dio apoyo y les avisó a los parientes del oficial y a la Policía. Él se acostó en una cama porque los dueños de la casa se la ofrecieron por la fatiga que presentaba. El cansancio lo dominó y se quedó dormido, tal y como lo encontró quien tomó la foto.

¿Quién la tomó?

Un miembro de la Policía.

Y, ¿quién entregó la foto a los periodistas?

Un policía. La fotografía puede generar dudas sobre la persona que aparece ahí: ¿se trata de un secuestrado o de alguien que está durmiendo plácidamente? A mi juicio, la foto fue entregada a los medios para que quedara la duda y desacreditar, así, las denuncias que el capitán viene haciendo sobre los abusos sexuales que se han presentado en la Policía, para restarles credibilidad a sus declaraciones juramentadas.

¿Quién llegó, en primer lugar, al sitio en donde estaba el capitán: su familia o la Policía?

Los agentes del Gaula, quienes, como policía judicial que son, debieron proteger el lugar de los hechos y las evidencias encontradas. No sucedió así y hubo grandes fallas. Además de la filtración deliberada de elementos materiales de prueba, se desconoció el valor probatorio de las prendas del recién liberado. No las protegieron, lo que puede dar al traste con la investigación o desviarla. Esa ropa era importante porque se la dieron sus secuestradores y se le podían realizar procedimientos de geología forense para determinar, por ejemplo, probables lugares donde hubieran tenido al capitán. Los investigadores consideraron una sola opción, que los penalistas llamamos pensamiento convergente, y definieron el suceso como autosecuestro sin ningún parámetro de verificación. Tampoco tuvieron en cuenta el corte del fluido eléctrico en la zona en el momento del secuestro.

¿Cree que el servicio eléctrico se suspendió a propósito para secuestrar al capitán?

Ese corte no parece casual ni se trataba de un plan de ahorro de energía. Es probable que la suspensión obedezca al despliegue de una actividad criminal, máxime si se tiene en cuenta que obligaron a los policías del sitio a replegarse en la estación, como se les ordena cuando hay apagones en zonas donde hay alteraciones de orden público.

¿Cómo sabe que hubo un corte de energía en el momento del secuestro?

Lo supe por Noticias Uno, que publicó una entrevista con un policía de Cúcuta. Él aseguró que sus compañeros de la zona del secuestro le contaron por teléfono que en ese momento se fue la luz y que les ordenaron quedarse en la estación (http://bit.ly/1ocj7a3). Eso no puede ser una coincidencia. Es el despliegue, a mi juicio, de la figura conocida como el iter criminis, la vía criminal que conduce a la ejecución de una actividad al margen de la ley con distribución de funciones dentro del grupo que la desarrolla. Si hay un corte de energía, se dificulta la labor preventiva y, por ende, se facilita la acción criminal. Además, neutraliza los llamados testigos silentes, las cámaras de seguridad. En un escenario como este, la ciencia debe resolver los interrogantes, pero esta situación también ha sido desconocida por los investigadores.

¿Cuánto hace que el capitán hizo sus primeras denuncias de abuso y violación sexual y por qué ahora tienen nueva ola de difusión en los medios?

El capitán hizo denuncias internas en la Policía sobre violación hace unos 10 años. Sobre la Comunidad del Anillo, cerca de dos. La difusión reciente en los medios se debe al interés que se ha despertado en el tema de la Comunidad del Anillo por la muerte de la alférez Lina Maritza Zapata (probable testigo), caso reabierto por la Fiscalía en 2012, y por las nuevas denuncias que se han conocido a partir de esa reapertura.

El capitán es oficial en ejercicio. Uno pensaría que, siendo el denunciante de uno de los mayores escándalos que ha enfrentado la Policía, debería haber pasado al retiro por la desconfianza mutua entre él y su institución. ¿Por qué sigue activo?

No por el hecho de ser denunciante de tan graves hechos se debe optar por el retiro; el derecho al trabajo es de rango constitucional. Si bien no existe confianza, ello no indicaría que el oficial debe retirarse. Por el contrario, deberían brindarle garantías para que pueda cumplir con sus actividades.

¿Qué opina de la grabación del video en que aparecen conversando temas sexuales explícitos el capitán y el exviceministro del Interior Carlos Ferro, éste inducido por su cliente y cuya consecuencia fue su renuncia a su vida pública?

Las víctimas tienen todo el derecho a buscar elementos materiales probatorios para la defensa de sus intereses. Igualmente gozan del derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Pueden incluso solicitar la exclusión, el rechazo y la inadmisibilidad de un medio de conocimiento. En desarrollo de esa actividad, y según la jurisprudencia, la víctima puede grabar sus propias conversaciones y las de su entorno. Visto de esa manera, no se invade el ámbito privado de ninguna otra persona.

Pero, ¿no le parece que el capitán, presunta víctima de violación y abusos sexuales, termina de supuesto victimario cuando decide grabar al excongresista sin su consentimiento, en lo que pareciera ser el desarrollo de un plan prefabricado?

Cuando la víctima pretende buscar elementos materiales probatorios de manera directa, a través del uso de grabaciones, no adopta el rol de victimario. De lo contrario, por ejemplo, en el caso de una extorsión, ¿cómo haría la víctima para recopilar la evidencia si no habla de la exigencia de dinero y no solicita su precisión? Igual ocurre en situaciones sexuales. Él hacía las preguntas. Quien debía moderar su lenguaje era la persona que respondía.

No, si supone que “la persona que respondía” creía que hablaba en un ámbito estrictamente íntimo. Quien conversaba con el capitán, suponía, claramente, que era en privado. Nunca pasó por su cabeza que se publicara… Creo que eso es inobjetable…

En el ámbito de los delitos sexuales y a nivel probatorio, todos los temas que se aborden corresponden, necesariamente, a la vida íntima de las personas. Es propio del contexto en que se desarrolla la investigación que aborda casos de este tipo.

Y, ¿dónde queda el derecho de intimidad del otro que nunca dio su consentimiento para grabar ni menos para difundir?

Hay que ponderar el derecho a la intimidad de unos y el derecho de las víctimas a la búsqueda de la verdad. En el juez recae la decisión de sopesar si la grabación es o no legal.

Se dijo que el video se hizo con la intención de fabricar una prueba de la existencia de la Comunidad del Anillo. Pero, en verdad, en lo visto y dicho, no hay nada que sirva de evidencia al respecto.

No comparto el término “fabricar”. Lo interpreto como “obtener”. En Colombia existe libertad probatoria y las pruebas deben mirarse en conjunto, aplicando las reglas de la sana crítica con criterios de lógica y de experiencia. Esa es la pretensión final. El video aisladamente no prueba nada. En contexto, puede probar situaciones distintas dependiendo de su estudio de conjunto y de las reglas que se le apliquen. Este es un sistema de partes y la parte interesada descubre el elemento si le sirve como soporte de su caso en la medida en que le convenga a sus intereses.

Usted dijo lo contrario arriba. ¿A su juicio las partes pueden descubrir las pruebas cuando quieran, es decir, manejar el proceso a su conveniencia, pero los investigadores no?

Hay unas etapas para el descubrimiento de las pruebas que comienzan a partir de la audiencia de acusación, si se llega a ella. Los investigadores de la Fiscalía le deben entregar a la entidad esos elementos en la medida en que los recopilen e igual ocurre con las víctimas. No se debe afectar esa etapa alterando los tiempos a través de actuaciones inapropiadas como filtrarlos a los medios.

Por la condición de oficial en ejercicio del capitán Palacio, ¿es obligatorio que la investigación sobre el secuestro o autosecuestro quede en manos de la Policía Judicial en vez de que los hechos sean examinados por investigadores que no estén involucrados en el conflicto que hay en medio de ellos?

Es un asunto de transparencia. No es que la Policía con funciones judiciales no pueda: sí puede y sus actuaciones son válidas, pero no debería intervenir en este caso por un punto crucial en las investigaciones: la neutralidad, independencia y autonomía del investigador. No se puede desconocer que en la Policía existen personas con mucho poder y capacidad de influir. De hecho, la posición de los investigadores actuales ya se sabe y uno puede deducir hacia dónde inclinarían el resultado.

¿Ustedes han hecho, formalmente, la petición de sacar la investigación de la Policía? Es obvio que quienes dirigen la investigación no deben hacer parte del organismo denunciado…

No se ha hecho la petición formal porque la Fiscalía es la jefa funcional de todas las entidades que tienen carácter de policía judicial, y en esa condición puede tomar esa decisión cuando quiera. La Policía debería manifestar, por sí misma, su intención de apartarse del caso. Es lo menos que podría hacer por respeto a sí misma y hacia la víctima.

¿Quién podría hacer la investigación previa de este caso tan espinoso, que no les genere desconfianza a ustedes?

La investigación debería estar en manos de un Gaula militar o del CTI de la Fiscalía.

¿Cree que la Policía sería capaz de alterar pruebas o desviar hallazgos?

De hecho, ya hay alteraciones. Los elementos materiales probatorios recogidos en el lugar de los hechos deben tener la garantía de la cadena de custodia. Por ejemplo, la “fijación” fotográfica es prueba y, como tal, tiene asignado, por ley, un momento para darlo a conocer a las partes: en la audiencia de acusación si se llegare a ello, o tres días después. En consecuencia, ese tipo de elementos no deben entregarse a la publicidad porque se afecta la investigación. El objetivo de la filtración de información en un proceso, y este es el caso, tiene la intención de desacreditar al denunciante. No encuentro otro.

¿Es verdad que usted está haciendo trámites para solicitar protección internacional para el capitán y su familia? ¿Ante cuáles organismos y por qué cree que esta medida es necesaria?

Se están buscando todas las opciones para darle una salida a una situación tan compleja; en principio se ha acudido ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la gravedad de la situación y a ONG internacionales que, por obvias razones, no mencionamos. También estamos pensando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la implementación de medidas cautelares.

“Traslado del capitán a Caquetá, una retaliación”

¿Cuándo y por qué fue trasladado el capitán Ányelo Palacio a Caquetá? ¿Ustedes relacionan ese traslado con sus denuncias por abuso sexual en contra de un sector de la Policía?

Él fue trasladado hace año y medio, poco después de que hiciera las primeras denuncias sobre la Comunidad del Anillo”. No hay duda de que es una retaliación para que no persistiera en ellas. Cuando se le notificó su cambio de lugar de trabajo, él ya había declarado ante la Fiscalía. Enviado a vivir a Caquetá, se dificulta su presencia en los procesos y, también, que esté al tanto de la investigación a la que está vinculado como víctima.

¿Por qué, en medio de semejante situación de tensión con su institución, el capitán decide atravesar medio país, desde Cúcuta hasta Florencia, en carro y de noche, situación que aprovecharon los supuestos secuestradores para llevárselo?

Él ha vivido situaciones que hay que conocer antes de sacar conclusiones que pueden resultar falsas. Se trasladaba por vía aérea, pero en los aeropuertos siempre lo esperaban personas de civil para seguirlo. Consideró que por motivos de seguridad era más prudente hacer el viaje por carretera, sin previo aviso. Además, quería llevar a Florencia el vehículo de su propiedad.

El autor de las denuncias y del video

El capitán activo de la Policía Ányelo Palacio fue quien denunció, primero, que fue violado por dos de sus superiores hace cerca de 10 años, y después, que uno de ellos fue el creador de la Comunidad del Anillo. Palacio aparece, recientemente, en un video grabado por él en el que habla de sexo explícito con un exviceministro que tuvo que renunciar a raíz de este hecho. Sobre este tema, su abogado, Jesús Vergara, contesta.

Puesto que el capitán fue quien grabó, ¿él tuvo que ver con la difusión del video?

Él no tuvo nada que ver con la difusión del video y tampoco sabemos quién lo filtró.

¿Y qué opina de que se hubiera publicado?
Que no era conveniente, y menos sin una edición previa por el lenguaje explícito que se usa allí. Tampoco estuvimos de acuerdo en que se afectaran los derechos de otras personas.

Ese video tan polémico, ¿ayuda a la causa del capitán o la perjudica?

La perjudica, porque se pierde el objeto de la investigación, que no es otro que probar la existencia de una red de prostitución en la Policía, no ventilar la vida privada de la gente.

Por Cecilia Orozco Tascón

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