Víctimas de ataques sexuales se unen para denunciar

“En las jornadas regionales se logran individualizar las dinámicas regionales de la violencia sexual”, dice Pilar Rueda. / David Campuzano - El Espectador

Varias agencias de cooperación activaron un proyecto de identificación y apoyo a las víctimas, mientras el Estado hace poco o nada por ellas.

Pilar Rueda, coordinadora de género, Usaid

Este fin de semana se hizo una reunión con 50 mujeres víctimas de violencia sexual. ¿Cuál era el objeto de esas reuniones y dónde las realizan?

Hemos hecho cuatro jornadas similares con muy buenos resultados. Las adelantamos en espacios agradables y fuera de las ciudades. Además de las víctimas y de quienes adelantamos el proyecto, asisten funcionarios de las entidades que tienen que atender esta problemática. Las mujeres, una vez reunidas, logran relatar sus casos y pueden denunciarlos para ser inscritas en el registro de víctimas. Así pueden acceder a los beneficios que les concede la Ley de Reparación a las Víctimas.

¿Qué ventaja tiene hacerlo colectivamente? ¿No es un delito vergonzoso para las víctimas como se ha insistido?

Claro que hay muchas víctimas que tienen miedo de denunciar, pero en desarrollo de estas jornadas hemos descubierto que la denuncia por delitos sexuales en el conflicto armado es más fácil de tramitar colectivamente, porque las mujeres se dan cuenta de que no se trata de un problema único ni excepcional, sino que ha afectado a muchas. Este factor genera solidaridad, tranquilidad, confianza y deseo de trabajar en equipo. Se trata de un proceso que también les permite reflexionar y comprender por qué ocurrió el ataque en el contexto en el que ellas viven.

¿Cómo proceden?

Las mismas líderes de las víctimas, que tienen credibilidad ante ellas, las acercan y son clave para que puedan actuar psicólogas, abogadas, investigadores de la Fiscalía, del Ministerio Público, etc. Incluso se realizan sesiones de yoga que les permite reconciliarse con su cuerpo. Lo más admirable, para mí, es la capacidad que tienen de seguir adelante y de contar con niveles de felicidad a pesar de sus tragedias. Me ha parecido interesantísimo, además, que, al terminar las jornadas, las mujeres admitan que era muy importante poder contar su drama públicamente. Esto sólo ya es un gran logro, porque muchas ni siquiera habían hablado con sus familias de lo que les había sucedido.

¿Cuántas víctimas se han podido identificar en las jornadas?

Cerca de 250, lo cual es muy relevante, porque en todos los años que lleva vigente la Ley de Justicia y Paz se registraron apenas 625 víctimas de agresiones de este tipo y nosotras, en cuatro jornadas de tres días cada una, conseguimos más de la tercera parte de esa cifra. Demuestra que las mujeres sí quieren denunciar cuando tienen contextos favorables, seguros y humanos; y segundo, que el problema es muy grave y requiere real atención del Estado.

¿Es cierto que también han descubierto delitos que podrían calificar como de lesa humanidad, como la esterilización forzada?

En las jornadas regionales se logran individualizar las dinámicas regionales de la violencia sexual. En una de ellas encontramos diez casos de esterilización forzada. Es un fenómeno que no habíamos tenido en cuenta y que marca una práctica criminal que debe incluirse en el campo judicial y en el de prevención.

¿Cómo y en dónde la han practicado?

Lo que hemos podido certificar es que los victimarios llevaban forzadamente a las mujeres a centros de salud y obligaban a los médicos a practicarles la esterilización. Es un acto violentísimo, porque afecta el control sobre el propio cuerpo y la decisión personal de optar por tener hijos o de no volverlos a tener, si ya han dado a luz anteriormente.

Angélica Bello, la líder de víctimas de violencia sexual, murió pese a que tenía esquema de seguridad. ¿Qué pasó con ella?

Ella gozaba de un esquema de escoltas de la Unidad Nacional de Protección y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había concedido medidas cautelares. En el informe oficial sobre su muerte se afirma que se suicidó. La familia ha pedido que se diga claramente cómo ocurrió ese hecho. Pero no hay resultados ni explicación sobre las circunstancias que condujeron a que muriera violentamente.

¿El dictamen de suicidio de Angélica Bello es creíble?

Hablé con el director de Medicina Legal y, efectivamente, la prueba física evidencia que se suicidó. Lo que no está claro es cómo ocurrió. Tampoco hay indicio de que estuviera en el peor momento de su vida. Por el contrario, había superado varias crisis, estaba optimista porque empezaba a cosechar éxitos en su lucha.

¿Cuánto tiempo antes de que Angélica se suicidara habló usted con ella?

Había conversado con ella ese mismo día, hacia las 10 u 11 de la mañana. Estábamos coordinando una actividad que ella iba a realizar en Barranquilla antes de cambiarse de residencia, porque en donde estaba viviendo, Codazzi, había recibido nuevas amenazas. Hablamos normalmente y programamos lo que haría la semana siguiente. A las doce horas de nuestra charla, o sea hacia las 11 de la noche, me llamaron para decirme que se había suicidado.

¿No estaría desesperada y cansada de estar huyendo?

No. Como le cuento, la sentí optimista porque hacía poco había estado en Bogotá en desarrollo de una gira para impulsar un proyecto de ley que ella inspiró y que hoy está en trámite para garantizarles a las víctimas de violencia sexual acceso a la justicia. Angélica, además, acababa de tener una nieta y estaba feliz. No sólo no la noté mal: estaba realmente bien.

¿Se ha explorado la posibilidad de que alguien la hubiera obligado a dispararse?

No lo sé. Una de las preguntas que siempre nos hacemos sobre las víctimas de violencia sexual es cuánto logran superar las circunstancias de lo que vivieron y cómo manejan los conflictos que puedan derivarse de ahí. Por eso siempre indagamos quiénes estaban con ella en ese momento, qué pasó, si hubo alguna discusión previa, etc.

¿Quiénes estaban con ella?
No sabemos con quiénes estaba ni cómo vivió sus últimos momentos. Sus compañeras han dicho que el suicidio de Angélica les parece inexplicable. Y para mí fue muy difícil aceptar su muerte, porque ella era muy comprometida con la tarea que había asumido en materia de reivindicación de los derechos de las víctimas. En todo caso, su recuerdo y su ejemplo siguen produciendo efectos positivos para sus defendidas.

María Eugenia Cruz, líder de víctimas

¿Usted misma fue víctima de violencia sexual? 
No. Mis hijas sí sufrieron varias formas de violencia y también fueron atacadas por actores armados que mencionaron mi trabajo. Mi compromiso, entonces, es social, pero también personal.

¿También ha sufrido ataques por representar a las víctimas?
Sí. De hecho, tengo medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como sucedió con Angélica Bello. Y me dieron un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección.

¿De qué manera han sido agredidas sus hijas como retaliación a su liderazgo?
Intentaron secuestrar a una de ellas. Sin embargo, el investigador me asegura que no sólo se configuró un intento, sino el delito mismo de plagio porque unos hombres la sacaron del barrio en que estaba y se la llevaron delante de mucha gente. Nadie hizo nada para ayudarla. Mientras intentaban meterla a la fuerza en un carro, le decían que lo que estaban haciendo era por mí. Y le gritaban frases muy agresivas. Los que estaban allí se limitaron a mirar.

Las defensoras de las víctimas de agresiones sexuales han dicho reiteradamente que la Ley de Justicia y Paz no es justa con las mujeres. ¿Por qué?
Advertimos que la Ley de Justicia y Paz iba a profundizar la impunidad y a legalizar los delitos sexuales que cometieron los grupos paramilitares, porque quienes la redactaron no tuvieron en cuenta el carácter especial de los actos de violencia sexual; tampoco que las víctimas que dejan esos delitos son estigmatizadas por el solo hecho de denunciar y, finalmente, que ellas siguen corriendo peligro, porque como solo son castigados los jefes, los autores materiales de los ataques permanecen libres y pueden volver a atacarlas cuando lo deseen. Ha sucedido muchas veces que el agresor vive en el mismo sitio de la víctima y por eso puede burlarse de ella y revictimizarla. Denunciar en esas condiciones es muy difícil.

¿Pero en esas zonas no desaparecieron los paramilitares?
Se lo digo yo que he vivido en varias regiones: los paramilitares siguen ejerciendo el control en los territorios. Angélica fue abusada sexualmente por ellos y muchas otras mujeres también, después de presentar sus denuncias.

¿Y la Fiscalía no hace nada?
Hemos hablado con la Fiscalía, pero no quiere adecuar su estructura a los casos de agresión sexual. Son funcionarios que trabajan en sus escritorios y que no conocen nada sobre el tema ni tienen en cuenta la opinión de las víctimas. Para empezar, hace falta protección física por parte de ellos y también emocional. Pero, además, cuando llegan las víctimas a formular las denuncias, los fiscales les dicen, con mucha tranquilidad, que esos delitos no aplican para Justicia y Paz, y que no les reciben el reclamo. Este caso le sucedió, por ejemplo, a una denunciante que había sido violada por un policía. Ni siquiera copia de su declaración le querían dar para que no quedara constancia de nada. Hasta para lograr la copia le tocó dar una batalla.

¿Las mujeres también son víctimas frecuentes de los uniformados del Estado en las zonas de conflicto?
Definitivamente sí. Y lo que es peor: cuando los victimarios son miembros de la Fuerza Pública el caso se vuelve más complejo. Los jefes de los militares apoyan a sus hombres y son cómplices de ellos cuando los ocultan o los trasladan. Eso es todo lo que hacen.