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‘Iván Márquez’, de las Farc, se reunió con Hugo Chávez en Caracas, el 9 de junio de 2008.    

El Gobierno español no ha remitido todavía a las autoridades venezolanas el auto dictado el pasado lunes por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, en el que se acusa al régimen de Hugo Chávez de connivencia con la colaboración establecida entre las Farc y ETA.

Aunque la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega sugirió el viernes que el Ministerio de Asuntos Exteriores había dado traslado del auto judicial, a continuación matizó que lo que hizo el ministro Miguel Ángel Moratinos fue adelantar su contenido en las conversaciones que mantuvo el mismo lunes con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y con el propio Chávez. Respecto al auto en sí, la vicepresidenta explicó que está siendo estudiado por la Asesoría Jurídica del departamento de Asuntos Exteriores, pues “plantea inicialmente alguna cuestión que hay que resolver”. “Es un tema complicado”, insistió, tras subrayar que “algunas cuestiones requieren un examen minucioso y preciso”.

Fuentes diplomáticas calificaron el auto de “peculiar”, ya que no está claro si el juez demanda la extradición de los procesados o sólo reclama información a través de una comisión rogatoria. Tampoco se explica, según las mismas fuentes, por qué la Audiencia Nacional se ha dirigido directamente al Ministerio de Exteriores y no al de Justicia, que canaliza las peticiones de auxilio judicial internacional. A la vista de estas dudas, el Gobierno podría pedir aclaraciones al juez, lo que alargaría el procedimiento.

En realidad, lo “anómalo” es que el mismo auto en el se pide al Ministerio de Asuntos Exteriores que “practique (las) gestiones pertinentes ante las autoridades cubana y especialmente venezolana para que cooperen a la entrega extradicional de algunos de los procesados”, diga que “obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA”.

Por lo demás el auto es claro: decreta la “prisión provisional y búsqueda y captura internacional” de 12 procesados , de los que tres residirían en Cuba y dos en Venezuela. Y anuncia que “se expedirán las oportunas órdenes internacionales de detención para iniciar su proceso extradicional”. Pero no consta que lo haya hecho. Al menos, todavía. Y está descartado que Caracas extradite al etarra Arturo Cubillas, ya que tiene nacionalidad venezolana.

La vicepresidenta negó el viernes que Moratinos contradijerse a Zapatero cuando dijo que no había pedido “explicaciones” a Chávez --como el lunes aseguró el presidente del Gobierno en Hannover (Alemania)-- sino sólo “información”. Según de la Vega, ambos han trasladado “el mismo mensaje” y han pedido al mandatario venezolano “colaboración, información y explicaciones”.

La vicepresidenta salió al paso del último exhabrupto de Chávez, quien aconsejó al Gobierno español que eche “el ojo a su poder judicial”, tras cargar contra el juez Velasco. “Creo que los problemas se solucionan desde la colaboración y el respeto debido a las instituciones, a nuestra justicia, a nuestro país, porque sólo el que respeta es respetado”, advirtió.