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El proceso de regulación del mercado de la marihuana ha sido, para mí, como todos los momentos de cambio: un proceso turbulento, contradictorio, ambiguo, cargado de expectativas, de ansiedades, de dudas, de certezas. En ningún momento lineal, sino sinuoso.
La misma gestación de la idea no fue el producto de una iluminación ni de un iluminado. Confluyeron distintas experiencias: la de los grupos académicos y ONG que vienen del campo de la salud, la de grupos sociales de usuarios y también de grupos académicos que generaron una profunda reflexión desde la perspectiva de los derechos.
Todos estos sectores plantearon durante los últimos 20 años que el tema del uso de drogas era uno de salud y no de la órbita criminal o penal, y que una cosa era el uso de drogas y otra el narcotráfico. El presidente de la República y el Consejo de Ministros tomaron estos elementos de reflexión del ámbito nacional, las propuestas de reforma de las políticas de drogas que están en debate en el ámbito regional e internacional. Analizaron objetivos y resultados de los últimos 50 años de políticas en materia de drogas y se convencieron de que no es posible desarticular el narcotráfico y todas las consecuencias que tiene su sola existencia sólo por la vía de la represión y la ley penal.
El presidente Mujica, el gabinete de seguridad y el Consejo de Ministros en pleno comprendieron que hay que usar otras herramientas que ataquen las bases económicas de sustentación del narcotráfico, la alta tasa de rentabilidad de un producto que fija su precio en función del riesgo que tiene su cadena de financiamiento, producción, distribución y expendio.
Me tocó estar en un momento único en los últimos 50 años, de plena ebullición, de una enorme creatividad de quienes comparten la iniciativa, sin duda, pero también de quienes se opusieron y se oponen a la iniciativa. Los duros cuestionamientos, pero más aún las preguntas inteligentes, muchas veces provenientes de los sectores más humildes de nuestra sociedad, nos han abierto el camino para profundizar nuestras reflexiones, generarnos nuevas preguntas, buscar nuevas respuestas sobre un problema tan complejo.
En estos 18 meses, en el marco del Debate Nacional sobre Drogas que impulsamos a partir del año 2011, conjuntamente con grupos académicos, organizaciones sociales y ONG, entre julio de 2012 y setiembre de 2013 realizamos más de 50 diálogos informales en el país y sólo entre abril y septiembre de este año realizamos 33 encuentros en los que legisladores de todos los partidos, miembros del poder ejecutivo y viceministros miembros de la Junta Nacional de Drogas, intercambiamos con los ciudadanos de todo el país los “pareceres” sobre las políticas de drogas, sobre el proyecto de regulación del mercado del cannabis. Lo hicimos en clubes deportivos, instituciones educativas, organizaciones vecinales, me tocó estar en todo esto y ha sido sin duda un gran momento para mí, con muchas posibilidades de diálogo, de articulación de las diferencias, de creación, de disfrute.
* Secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay