Violencia narcoterrorista entre dos gobiernos

En el atentado con carro bomba de la calle 127 con Avenida Suba, frente al centro comercial Bulevar Niza, cuatro personas perdieron la vida. / Archivo

Era la época en la que los sicarios de Pablo Escobar pagaban por cada policía asesinado en Medellín, al mismo tiempo en que la mafia de la capital antioqueña libraba una guerra a muerte con sus pares del Cartel de Cali. Los carros bomba constituían la noticia cotidiana en un país que trataba de superar la crisis con la participación ciudadana.

En este contexto, y aún reciente en la memoria del país el papelón desarrollado por el Congreso, que en 1989 no fue capaz de reformar la Carta Política, obligando al Gobierno a retirarla para impedir un referendo sobre la extradición, la administración Barco se jugó su última carta. El 3 de mayo de 1990, a través de un decreto de Estado de Sitio, dispuso que durante las elecciones presidenciales previstas para el 27 de mayo, la organización electoral contabilizara los votos a favor de una Asamblea Nacional Constituyente.

La determinación del gobierno Barco generó una corriente de opinión ciudadana, que ya venía siendo animada por el movimiento Séptima Papeleta. La idea de reformar la Carta Política para superar la crisis nacional suscitó un entusiasmo sin par, que sólo se encargó de malograr el narcotráfico. Fue así como el sábado 12 de mayo, de manera simultánea en Bogotá y Cali, el Cartel de Medellín hizo detonar tres carros bomba que dejaron como saldo la muerte de 30 transeúntes que nada tenían que ver con la guerra.

La racha trágica del narcoterrorismo se inició hacia las 4:15 de la tarde en la calle más concurrida del populoso barrio Quirigua en Bogotá, donde los sicarios de Pablo Escobar detonaron un carro bomba cargado con cien kilos de dinamita. Como era la antesala del Día de la Madre, las calles estaban llenas de gente comprando obsequios y el tráfico vehicular era intenso. El atentado le causó la muerte a 17 personas y heridas a más de 150. Varias edificaciones quedaron en ruinas y las pérdidas económicas que afectaron a sencillos trabajadores fueron millonarias.

Y apenas lamentaba el país lo que acababa de hacer el Cartel de Medellín en el barrio Quirigua, cuando estalló otro carro bomba en Bogotá, esta vez en la calle 127 con Avenida Suba, frente al centro comercial Bulevar Niza. Cuatro personas perdieron la vida. La luctuosa jornada terminó hacia las 8:50 de la noche en Cali cuando otro carro bomba explotó frente a la Carrera 5 con calle 39, en una zona de diversión nocturna. Nueve personas perdieron la vida. El Día de la Madre del 13 de mayo de 1990 fue un día de sepelios de víctimas inocentes del terrorismo, entre ellos, cinco niños.

La situación se tornó tan difícil que la campaña presidencial de 1990, que ya había dejado en el camino a Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, tuvo que restringirse a reducidas intervenciones en plazas públicas o recintos cerrados. Desde el asesinato de Galán hasta el día de las elecciones fueron detonados 18 carros bomba en todo el país. La semana anterior a los comicios, en la capital antioqueña, fue asesinado a tiros cuando regresaba a su casa después de un homenaje, el senador liberal Federico Estrada Vélez.

Finalmente, el 27 de mayo de 1990, con una abstención electoral del más del 50%, y con una sociedad amedrentada por el narcotráfico, fue electo como presidente de Colombia el exministro y excongresista liberal Cesar Gaviria Trujillo. La noticia de su elección no sorprendió mucho pues era una victoria cantada. Lo que sí se convirtió en el asunto crucial de la transición entre gobiernos fue la alta votación alcanzada por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Carta de 1886.

Desde ese día, hasta la posesión de César Gaviria en agosto, los sicarios de Pablo Escobar se dieron a la tarea de darle una despedida violenta al saliente mandatario Virgilio Barco y una bienvenida igual de agresiva al mandatario electo. La prueba es que una semana después de las elecciones, un nuevo carro bomba estalló en Medellín en esta ocasión frente a una estación de Policía en el sector de El Poblado. Murieron cuatro personas. Días después, otro carro bomba acabó con la vida de 14 personas.

Fueron días de luto para la capital antioqueña. Además de que ya pasaba de cien el número de policías asesinados a mansalva en cualquier calle, la vida nocturna de la ciudad se vio disminuida sensiblemente. El asunto tocó fondo cuando en una noche de farra, sicarios irrumpieron en la taberna Oporto, un sitio exclusivo ubicado en la loma de Los Benedictinos, en las goteras de Envigado, y asesinaron a 16 jóvenes de prestantes familias de Medellín. Un letrero en el sitio de los hechos dio cuenta del odio acunado por el narcotráfico: “Los ricos también lloran”.

Llegaba a su fin un cuatrienio en el que Pablo Escobar Gaviria, sus socios y sus sicarios, habían dejado un largo rastro de dolor y sangre. No solo acabó con una generación de líderes ilustres, sino que le arrebató la vida a centenares de ciudadanos inocentes que tuvieron el infortunio de estar en el lugar donde detonó alguno de los carros bomba. No en vano, cuando asumió Cesar Gaviria, reconoció que Colombia había culminado la más difícil y accidentada campaña electoral de toda su historia.

Al gobierno Gaviria no le quedaba otro camino que sostener la guerra. Semanas atrás, los hombres del Cuerpo Élite de la Policía que perseguían a Pablo Escobar habían logrado dar de baja al jefe militar del Cartel de Medellín. Un osado criminal identificado como Jhon Jairo Arias Tascón, alias ‘Pinina’, abatido cuando intentaba evadirse por una ventana de una casa rodeada por la Policía. Esa acción enfureció al capo de capos que respondió con violencia, pero al mismo tiempo fortaleció la acción del Estado contra el Cartel de Medellín.

La evidencia se dio al cuarto día de gobierno de Cesar Gaviria, cuando la Policía le propinó un duro golpe a la estructura de Pablo Escobar. Durante un operativo en el barrio La Alameda, del sector de Laureles en Medellín, fue dado de baja el segundo hombre de la organización criminal, además primo y socio del capo. Gustavo Gaviria Rivero, más conocido con los alias de ‘León’ o ‘Don Raúl’, cayó en la acción de la Fuerza Pública. La muerte de Gaviria Rivero fue devastadora para Escobar Gaviria y para su organización que entendió que era el momento de promover un plan alterno.

La idea de Escobar Gaviria fue regresar a la ofensiva de secuestros masivos, esta vez de hijos o familiares de personas influyentes de la sociedad y la política, siempre con el objetivo de frenar la extradición de colombianos a Estados Unidos. Claro está que en ese momento ya en los estrados judiciales cobraba forma la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, razón por la cual la organización de Los Extraditables también empezó a idear la forma de influir en este escenario con el mismo objetivo: la no extradición.

El plan de Los Extraditables empezó a fraguarse el viernes 30 de agosto. Ese día, engañados con una supuesta entrevista con el máximo jefe del Eln, el sacerdote español Manuel Pérez, un grupo de periodistas del noticiero de televisión Criptón y de la revista Hoy x hoy, encabezado por su directora Diana Turbay Quintero, fue secuestrado por sicarios del Cartel de Medellín. Junto a la hija del expresidente Julio Cesar Turbay, fueron secuestrados los periodistas Azucena Liévano, Juan Vitta, Hero Buss y los camarógrafos Richard Becerra y Orlando Acevedo.

A pesar de que los periodistas supieron a las 24 horas de su encuentro con los supuestos guerrilleros que realmente estaban en manos del Cartel de Medellín, sus familias sólo pudieron confirmarlo hasta el seis de octubre que les llegó un casete con mensajes de Diana Turbay y Azucena Liévano. Eso sí, en el medio periodístico y político el revuelo se dio todo el mes de septiembre. Sobre todo después de que los sicarios de Escobar perpetraron el segundo golpe de su plan criminal y secuestrador.

El miércoles 19 de septiembre, en una vía poco concurrida en el popular barrio Las Ferias, al occidente de Bogotá, fue secuestrado Francisco Santos Calderón, jefe de redacción del periódico El Tiempo e hijo del director del influyente diario, Hernando Santos Castillo. En el momento del plagio, Francisco Santos se movilizaba en un campero Trooper rojo que era conducido por su empleado Oromacio Ibáñez. Los secuestradores le atravesaron un jeep y un Renault 18, asesinaron a tiros al conductor y se llevaron a Santos.

Ese mismo día en otro punto de la ciudad, más exactamente en el sector de El Lago, tres individuos irrumpieron en el restaurante “Donde las Tías”, y se llevaron a Marina Montoya de Pérez, hermana del exsecretario general de la Presidencia de la República, Germán Montoya Vélez. En horas de la noche, Los Extraditables expidieron una declaración para reconocer su autoría en los dos secuestros y anunciar que exigían el mismo tratamiento político que se le daba a la guerrilla, y rechazaban la política que quería poner en marcha Cesar Gaviria de negociar su rendición.

En efecto, el 5 de septiembre, bajo el amparo del Estado de Sitio y con el propósito de tratar de aplacar la guerra narcoterrorista, el gobierno Gaviria había expedido el Decreto 2047, a través del cual permitía a los jueces de orden público la concesión de rebajas de pena y la garantía de no extradición, a cambio de que los narcotraficantes se entregaran a la justicia, confesaran sus acciones ilegales, entregaran sus armas y bienes ilícitos y colaboraran al Estado en el desmantelamiento del narcotráfico.

Con la ola de secuestros, Escobar Gaviria le hizo saber al Gobierno que no le interesaba su decreto. Y al mismo tiempo que la Política de Sometimiento a la Justicia daba su primer traspié, en el Congreso un grupo de Senadores y Representantes encabezados por Alberto Santofimio Botero planteó una proposición para que se le diera el mismo tratamiento jurídico a la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico, el terrorismo o la delincuencia común. Ni más ni menos que la propuesta de Escobar Gaviria.

Al margen de los secuestros, Pablo Escobar tampoco cedía en su guerra a muerte contra el Cartel de Cali. Por eso, el martes 25 de septiembre, en una cancha de fútbol situada en el municipio de Candelaria (Valle), a 30 minutos de Cali, propició la masacre de 19 personas. Los sicarios del Cartel de Medellín pensaban que en el sitio se encontraba el narcotraficante Francisco Herrera Buitrago y creyeron darle muerte. Entre las víctimas no figuró el capo, pero sí quedó demostrada la violencia de esa guerra aparte.

En medio de la crisis de orden público, los expresidentes Alfonso López y Misael Pastrana, acompañados por el cardenal Mario Revollo y el congresista de la Unión Patriótica Diego Montaña, revivieron el llamado grupo de Los Notables que, tratando de lograr una mediación para que fueran liberados los secuestrados, ofreció sus buenos oficios para un diálogo con Los Extraditables. De manera simultánea, el Gobierno dejó entrever la necesidad de aplicar correctivos al decreto de sometimiento a la justicia, a fin de que resultara más eficaz para la rendición de los capos.

No obstante, Pablo Escobar Gaviria ya había ordenado una nueva fase de su plan. El martes 7 de noviembre, sobre la Avenida Circunvalar en Bogotá, a la altura de la calle 82, sicarios del Cartel de Medellín secuestraron a la entonces gerente de la Compañía de Fomento Cinematográfico (Focine), Maruja Pachón de Villamizar, esposa del representante a la Cámara Alberto Villamizar, quien había sido blanco de un atentado en octubre de 1986, y cuñada del inmolado líder liberal Luis Carlos Galán.

Junto a Maruja Pachón fue secuestrada también su cuñada y hermana del congresista Villamizar, Beatriz de Guerrero. El conductor oficial de Focine, Ángel María Roa, de 47 años, fue asesinado a balazos. En ese momento, Escobar Gaviria ya había completado el grupo de secuestrados para concretar su plan. Ahora sólo era esperar que el Gobierno Gaviria siguiera cediendo en su Política de Sometimiento a la Justicia y que la Asamblea Nacional Constituyente en vías de integración, concretara el objetivo de su guerra narcoterrorista: la no extradición de colombianos a Estados Unidos.