¿Y de los casos del presente qué?

Ya se había adoptado una determinación semejante respecto a las investigaciones por el magnicidio de Luis Carlos Galán o por las desapariciones en el holocausto del Palacio de Justicia, y nuevamente ha surgido la esperanza de que estos graves episodios no queden impunes.

No obstante, en medio de la expectativa pública respecto a que en otros crímenes del cartel de Medellín pueda asumirse una directriz semejante, o que verdaderamente se logre desentrañar toda la maraña asesina que golpeó a la sociedad y al Estado en los años 80 y principios de los 90, surge un inaplazable interrogante: ¿Y de los casos del presente qué? Si la justicia demuestra que cuando hay voluntad no importa el paso del tiempo para encontrar pruebas contundentes o con premura señalar responsables —en muchos de los casos, como hemos visto, con base en las mismas pruebas que en el comienzo de los procesos no se quisieron investigar a profundidad—, ¿por qué en los expedientes actuales asistimos a una tardanza inexplicable e inexcusable?

Para la muestra un variado menú de casos irresolutos hoy a consideración de la Fiscalía General de la Nación: el escándalo de la yidispolítica, con condenados en la Corte Suprema y ni siquiera sindicados o precluidos en el ente investigador; las interceptaciones ilegales y otros excesos en el DAS; el acoso a magistrados, periodistas u opositores en otras dependencias del Estado; los falsos positivos en cuanto a responsabilidades mayores; el despropósito de Agro Ingreso Seguro; los coletazos de la llamada parapolítica en frentes alternos. La lista es larga y por demás preocupante.

Un solo escenario ya es lamentable. El accidentado proceso de paz entre el Gobierno y los grupos de autodefensa empezó en 2003, la Ley de Justicia y Paz cobró forma en el articulado 975 de 2005 y sigue pasando el tiempo sin conclusiones definitivas ni mucho menos condenas. Hay versiones libres que en poder de la sociedad serían más útiles que en los anaqueles del Poder Judicial, trascienden confesiones a medias que han conducido a la justicia a abrir nuevos expedientes, pero ni una sola sentencia. ¿Será necesario que pasen 20 años para evitar la impunidad?

De una u otra manera, esta ausencia de decisiones en episodios que han impactado recientemente a la sociedad colombiana explica también por qué la elección del nuevo Fiscal General de la Nación se ha convertido en un desconcertante pulso de poderes entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno nacional. Son tan determinantes los casos del presente, que requieren respuestas judiciales, y tan indescifrable y extenuante el silencio para adoptar decisiones, que hoy el asunto se presta para todo tipo de interpretaciones respecto a la idoneidad e independencia que se necesitan del próximo Fiscal.

Es importante entonces que revivan judicialmente aquellos casos que estremecieron a la sociedad en el pasado y que nunca prescriba la acción de la justicia para castigar a quienes despreciaron la vida hasta niveles ignominiosos. Pero la Colombia de hoy también espera respuestas a sus enigmas actuales. Si en casos como el Palacio de Justicia o el magnicidio de Galán, a pesar de los años se prueba la eficacia de los investigadores, ¿por qué, con mejores técnicas y disposición científica, no sucede lo mismo con los procesos del presente? Culpables o absueltos, pero se necesitan conclusiones.