El contraataque

Construyó una relación de confianza que le  permitió lograr la liberación de secuestrados civiles y militares y convertirse por años en la única interlocución cuando los distintos presidentes han intentado buscar acuerdos de paz con la guerrilla o resolver impasses coyunturales. Allí ha estado siempre Álvaro Leyva dispuesto a actuar pública o secretamente. Lo hizo con Belisario Betancur; con Virgilio Barco, César Gaviria y Ernesto Samper en situaciones puntuales. Con Andrés Pastrana se la jugó a fondo asumiendo todos los riesgos en un proceso de paz que resultó fallido, y a pesar de las distancias, siempre ha sido para Álvaro Uribe una puerta que prefiere no cerrar.

Es verdad que Leyva ha construido un protagonismo político con el tema de la paz y en ocasiones ha despertado sospechas por sus iniciativas en un terreno escabroso y lleno de suspicacias. Pero esa realidad no permite negar el acumulado de logros humanitarios, donde el último fue la entrega de los cadáveres de los diputados del Valle, en uno de los episodios más tristes  y dramáticos de esta guerra. El registro de esta larga e intermitente relación con las Farc debe estar muy seguramente consignada en los ordenados archivos electrónicos de Raúl Reyes.

Para rematar, incluso en este momento, Leyva, al igual que Carlos Lozano, el periodista director del semanario Voz (Proletaria), quien también es mucho lo que ha trabajado para tender puentes con las Farc, cuenta con una autorización expresa y vigente del  Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, para restablecer canales de interlocución con la guerrilla. La misma autorización que obtuvo públicamente de boca del presidente Uribe la senadora Piedad Córdoba para interactuar  junto con Hugo Chávez y avanzar en el intercambio humanitario y que después de un paciente y justificado trabajo de persuasión con Raúl Reyes,  que se dio por la vía electrónica (hablan de 900 correos) y  con visitas a los campamentos,  arrojó finalmente resultados tan impresionantes como fue la liberación de los seis secuestrados a comienzos de este año.   

Pero el odio visceral del país hacia las Farc y la manera de presentar los hechos no puede llevar a comparar el rol de estos contactos cuyos fines a todas luces han sido nobles, con los pactos perversos que realizaron los políticos acusados de haber tenido relaciones con los jefes paramilitares para obtener a sangre y fuego prebendas electorales para garantizar su presencia en el Congreso.

Esta es la oportunidad para que fiscales y magistrados deslinden terrenos, pues el simple contacto con grupos ilegales —paramilitares o guerrilleros— no constituye un delito penal. No hacerlo abriría el camino a un escenario que muchos poderosos ansían con urgencia: homologar las diferentes situaciones, pues como supuestamente todo el mundo tiene rabo de paja, entonces “hagámonos pasito”. Y con esto la verdad permanecerá oculta.