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Según la Fiscalía "aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir".
La masacre fue cometida del 21 al 22 de febrero de 2005 en Mulatos y La Resbalosa, parajes en las inmediaciones de ese asentamiento, con cerca de 1.200 vecinos que en 1977 se declararon neutrales ante el conflicto armado interno.
La Fiscalía explicó que, por la época de los hechos, el oficial del Ejército tenía al mando la Compañía Bolívar del Batallón Vélez de la XVII Brigada del Ejército, con sede en Carepa (Antioquia), población vecina a la de Apartadó. En una nota de prensa, la Fiscalía advirtió que "según lo conocido por los investigadores, miembros de autodefensa, con el pretexto de servir de guías de las tropas regulares, terminaron ejecutando los crímenes citados".
El líder de la comunidad, Luis Eduardo Guerra, fue una de las víctimas del crimen colectivo, que el gobierno de Uribe siempre atribuyó a las Farc. Guerra fue asesinado en Mulatos junto a su esposa, Bellanira Areiza, y el hijo de la pareja, Deiner Andrés, de 11 años.
Los otros cinco asesinatos se registraron en La Resbalosa, donde murieron Alfonso Bolívar, también dirigente comunitario; su esposa Sandra Milena Muñoz y sus hijos Santiago, de 18 meses, y Natalia Andrea, de 5 años, además de Alejandro Pérez.
En todos los casos, los agresores utilizaron machetes y garrotes para dar muerte a estos civiles, que entraron en una relación de más de 160 vecinos del mismo asentamiento neutral que han sido asesinados desde que se constituyeron como tales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en 1997 medidas cautelares en favor de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, cuyos vecinos son antiguos desplazados por el conflicto, y tres años más tarde la alcanzó con otras medidas.
Por El Espectador
