El Amazonas, aquella extensión selvática de aproximadamente 8.000 kilómetros cuadrados que cobija a Bolivia, Ecuador, Guyana Francesa, Colombia, Guyana, Suriname, Perú, Venezuela y Brasil, está a punto de quedar bajo acceso restringido en el área que corresponde a este último país.
Se trata de 4.871 kilómetros cuadrados, es decir, el 60 % de todo el Amazonas, a los que sólo se accedería de manera restringida si el Congreso brasileño aprueba un proyecto que recibirá en un mes de los Ministerios de Justicia y Defensa.
Según la iniciativa, las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), los visitantes extranjeros y trabajadores que quieran ingresar al Amazonas deberán cumplir con una serie de requisitos que, de no cumplirlos, implicarán multas de hasta 40.000 euros.
“Un extranjero en tierras indígenas o en aquellas consideradas estratégicas o de interés nacional deberá pedir previa autorización a los organismos competentes para el desempeño de sus actividades”, sostiene un fragmento del proyecto de ley que será presentado al legislativo.
La propuesta ha generado tal controversia que esta semana renunció la prestigiosa ecologista y ministra de Medio Ambiente, Marina Silva —defensora de la conservación del pulmón del mundo e ícono del Partido de los Trabajadores—, cuando el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó nuevos planes para el Amazonas, paralelos a aquel que pretende restringir el acceso de personas.
Aparte de ello, hay organizaciones que consideran que la verdadera intención del Gobierno al privatizar el Amazonas es el deseo de apropiarse de múltiples negocios que de allí se derivan por cuenta de la riqueza natural. Éstos van desde la deforestación, pasando por la ganadería, hasta la posible potestad sobre las medicinas naturales.
Ante las múltiples inquietudes que este proyecto genera, Elespectador.com habló con Romeu Tuma Junior, secretario de
Justicia de Brasil, encargado de perfeccionar el texto que quedará a consideración del Congreso y en quien recaería la responsabilidad de otorgar los permisos de acceso al Amazonas.
“No es un proyecto de ley de extranjeros para todo Brasil. Es un proyecto en el que colocamos artículos relativos para controlar el acceso de extranjeros al Amazonas. No queremos criminalizar a las ONG ni a los extranjeros. El problema es que hay muchos organismos de fachada que se dedican a la delincuencia y otros a la biopiratería”.
La biopiratería es la explotación, manipulación y posterior comercialización de recursos biológicos, en este caso del Amazonas, situación que, según varias ONG, en nada le conviene al Gobierno brasileño, toda vez que desde hace varios años está intentando que la Organización Mundial de Comercio les otorgue los derechos sobre las medicinas naturales. Así evitaría que éstas queden en manos de farmacéuticas extranjeras.
Al consultársele sobre la posibilidad de que el proyecto de ley tenga el propósito de asegurar negocios como el de las medicinas naturales, impidiendo el fácil acceso de extranjeros, Romeu Tuma Junior enfatizó: “No es cierto, pero también es claro que el Amazonas de Brasil es de Brasil, es de soberanía nacional y por tanto se puede explotar”.
“Será aprobado”
El secretario de Justicia insistió en que su objetivo no es criminalizar a las organizaciones que allí trabajan, mucho menos a los turistas extranjeros. “No hay ningún problema, debe demostrar por qué quiere trabajar en el Amazonas y cuánto tiempo lo ha visitado. Basta con llenar la documentación para ingresar sin problema alguno y se otorgará un permiso por un plazo determinado que será prorrogable”.
Tuma Junior agregó: “Me da la impresión de que el proyecto sí será aprobado porque trata de proteger la soberanía nacional. En 30 días, máximo 60, lo estaremos presentando”.
Por ahora, las ONG no han anunciado medidas si el proyecto es aprobado. Tampoco lo han hecho los científicos que allí trabajan, otro de los sectores que tendrían que pedir autorización para ingresar al bosque. El Congreso tiene la última palabra.
El lío por la deforestación
Uno de los mayores temores de las organizaciones ambientales es que mientras el Ministerio de Justicia o de Defensa estudia y aprueba el documento que les permitiría ingresar al Amazonas, cientos de taladores irán al pulmón del mundo de manera ilegal a hacer de las suyas. De hecho, sus preocupaciones están basadas en acontecimientos.
El 13 de febrero pasado, cerca de 140 policías incursionaron en ocho aserraderos ilegales de una zona conocida como Tailandia, al sureste de Belem, capital del estado de Paraná, e incautaron 10.000 metros cúbicos de madera tropical talada con la cual se habría podido llenar 250 camiones.
Al respecto, Tuma Junior le aseguró a este diario que en el tema de la deforestación se está trabajando y que, de aprobarse el proyecto de acceso condicionado a todo el Amazonas, no a zonas específicas, se ejercerán mayores controles para proteger la selva de las actividades madereras ilegales. “Para eso está nuestro pie de fuerza. Como le digo, este proyecto no criminaliza. Protege a las comunidades indígenas y a la selva”.
El 15 de abril pasado la organización ambiental Greenpeace ubicó frente a la Embajada de Brasil en Alemania un tronco de 12 metros de longitud y 10 toneladas de peso de un árbol tropical. Lo hizo para protestar. “El gobierno brasileño debe detener la
desaparición de especies botánicas y animales, y evitar que la deforestación acelere el cambio climático”, le dijo a la Agencia France Presse Andre Muggiati, alto funcionario del organismo.
Por planes en el Amazonas, Lula pierde a ministra
La polémica en torno a los planes que el gobierno brasileño tiene en el Amazonas van más allá del proyecto con el cual se pretende restringir el acceso a la extensa zona.
Esta semana, la ministra del Medio Ambiente, Marina Silva, reconocida ecologista y uno de los íconos del Partido de los Trabajadores, renunció al cargo tras manifestar su desacuerdo con una serie de planes que el presidente Luis Inácio Lula da Silva tiene para el gigantesco bosque.
Uno de ellos consiste en impulsar la concesión de licencias para productores agrícolas e industriales, hecho que a juicio de la ex funcionaria afecta la conservación del Amazonas. Según dijo la ex jefa de la cartera de Ambiente, otorgar este tipo de licencias perjudicará al medio ambiente, sobre todo si el trabajo a realizar tiene que ver con la producción de biocombustibles.
“Brasil está perdiendo la única voz en el gobierno que hablaba en nombre del medio ambiente”, aseguró Sergio Leitao, director de políticas públicas de la organización ambientalista Greenpeace en ese país. “Se va porque la presión sobre medidas que tomó contra la deforestación se ha vuelto insoportable”.
Tala indiscriminada
A juicio de la organización ecologista Greenpeace Brasil, en el Amazonas cinco hectáreas sucumben por minuto a raíz de los incendios provocados y constantes talas. De acuerdo con sus estudios, una hectárea de selva quemada libera entre 500 y 1.100 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. En la mayoría de los casos, estos terrenos son destinados por particulares a la ganadería y la agricultura.
Nuevo intento
En la década del setenta, el gobierno brasileño intentó privatizar el Amazonas, proyecto que nunca se pudo concretar, debido a lo extenso que es el pulmón del mundo. En esta oportunidad, el Ejecutivo dice contar con un pie de fuerza mayor y con la tecnología suficiente para lograrlo. De hecho, hace cerca de seis meses se habló de la posibilidad de controlar quién pisa sus tierras a través del sistema Google Earth.
Emisión de gases
En diciembre pasado, en el marco de la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se celebró en la isla indonesia de Bali, el canciller brasileño, Celso Amorim, sorprendió con sus declaraciones. “Aunque hagamos todo bien en Brasil en términos de reducción y eliminación de la deforestación, si las emisiones de carbono siguen en los países desarrollados, el Amazonas probablemente desaparecerá”.
En cifras
500 toneladas de dióxido de carbono llegan a la atmósfera cuando una hectárea de la selva es quemada.
4.871 kilómetros cuadrados, es decir el área del Amazonas que le corresponde a Brasil, quedaría bajo acceso restringido si se aprueba el proyecto.
40.000 euros será el monto a pagar como sanción por parte de aquellos extranjeros u Organizaciones no Gubernamentales que pisen el Amazonas sin permiso.
arico@elespectador.com