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En Colombia, desde hace unos años, las demandas contra la Nación se convirtieron en un cáncer para las finanzas públicas. Defensa, justicia y seguridad es el sector que más dinero tiene que ‘robarle’ a su presupuesto para responder a las sentencias y conciliaciones. Tan solo el año pasado, por ejemplo, este renglón acaparó el 72% de los $360 mil millones que se destinaron para estos procesos. Sin embargo, en los anaqueles del Tribunal Administrativo de Antioquia reposa un insólito expediente, no contra el sector defensa, sino contra el Incora, con el cual, si los demandantes consiguieran su propósito, el Estado colombiano no quedaría menos que en bancarrota.
Se trata de una acción de reparación directa que interpusieron los hermanos Enrique, Luz Elena y Gloria Durango Sanín y Enrique Durango Valero, hijo del primero, contra el liquidado Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, por los supuestos daños y perjuicios materiales que éste les causó al no realizar un trámite de extinción de dominio con los parámetros del debido proceso. Los Durango se autoproclaman “herederos legítimos” de los hijos de Mirocletes Durango Ruiz y María Teresa Restrepo de Durango, quienes, según los demandantes, eran los propietarios de 1.926 kilómetros cuadrados de tierras, ubicadas en nueve municipios del oriente antioqueño.
Por la pérdida de estos terrenos, dicen los Durango, el Estado debería indemnizarlos con la estrafalaria suma de $591 billones de pesos, que es, aproximadamente, 160 veces el Producto Interno Bruto (PIB), según la Contraloría General. Ellos reclaman que su abuelo Mirocletes Durango Ruiz “fue en vida el legítimo titular de derecho de dominio del fundo denominado ‘Tierras del oriente antioqueño’ ”. Éstas se encontrarían, de acuerdo con lo manifestado por los demandantes, en zonas urbanas y rurales de Granada, San Carlos, San Rafael, El Peñol, Carmen de Viboral, San Francisco, San Luis, Cocorná y Puerto Nare.
La demanda fue radicada en el Tribunal Administrativo de Antioquia en junio de 2003 y el fallo está próximo a salir. No obstante, a pesar de la altísima cifra que representa este proceso y de lo que perderlo significaría para el Estado, en el Viceministerio de Justicia —dependencia en la que funciona el sistema de defensa de la Nación— se respira tranquilidad. Los funcionarios que conocen el tema perciben ilógico que un grupo familiar reclame como suyas tierras en las que, de acuerdo con los datos recogidos por el censo de 2005, viven más de 150.000 habitantes en pueblos cuya historia sobrepasa los 41 años que lleva de vigente este pleito.
El Incora rechazó de tajo las pretensión de los Durango de que el Estado fuera obligado a cancelar tan astronómica cantidad de dinero. Si bien el instituto reconoció que en 1947 comenzó un proceso de sucesión de unas tierras del señor Mirocletes Durango Ortiz, alegó que nunca hubo sentencia aprobatoria para transferir el derecho de dominio en favor de sus hijos. El organismo señaló que el trámite de extinción de dominio sobre el terreno se inició el 24 de agosto de 1967, pues los propietarios nunca presentaron un certificado expedido por un registrador de instrumentos públicos ni la copia del título del derecho de dominio.
Uno de los puntos claves en esta disputa es el subsuelo de los terrenos. Los Durango reclaman que en éste existen yacimientos carboníferos y que una de las herederas de Mirocletes Durango había solicitado el reconocimiento de la propiedad para la explotación de ese subsuelo. No obstante, el Incora indicó que jamás se acreditó el derecho de dominio de los herederos de Durango y que, además, no era de su competencia reconocer derechos sobre subsuelos. Así las cosas, los alegatos de los demandantes y las respuestas del órgano estatal son el reflejo de un pulso que los Durango quieren ganar a toda costa. Pero el Estado no quiere dar su brazo a torcer.
Por El Espectador
