Desde el pasado 5 de abril, cuando se conoció que la empresa canadiense Medoro Resources compraría la Frontino Gold Mines (en liquidación obligatoria, produce 55.000 onzas al año y tiene reservas de 5 millones de onzas) por US$200 millones, los miembros del sindicato de la empresa, ubicada en Segovia (Antioquia), iniciaron una serie de manifestaciones en contra de la negociación.
Protestaron por lo que según ellos era su legítimo derecho a defender la propiedad. De acuerdo con Darío Rúa, presidente del sindicato, “somos los dueños de la empresa desde 1979, como consta en la escritura, luego de que la casa matriz en Londres nos entregara a los trabajadores y jubilados la sucursal en Colombia para pagar las deudas que tenían con nosotros”.
Según el vocero de los trabajadores, el acuerdo se firmó en 1979 en Nueva York, quedó radicado en la Supersociedades regional Antioquia y el 6 de agosto de 2003 fue elevado a escritura pública (1850) en la Notaría Novena de Medellín, con lo cual se inició un reclamo a la Supersociedades para la entrega de los activos, lo que no ha ocurrido.
Frente a los hechos, el representante a la Cámara por el Partido Liberal Óscar Marín citó para hoy en la Comisión IV al gerente liquidador de la Frontino Gold Mines, Luis Fernando Alvarado, y al superintendente de Sociedades, Hernando Ruiz, para que expliquen cuáles fueron las condiciones de la venta y cómo se manejaron los derechos de propiedad de los empleados, que manifiestan no haber autorizado la venta.
Además, se debatirá sobre otra oferta que tienen los trabajadores. Según el presidente del sindicato, ellos no quieren vender la empresa, sino encontrar un socio capitalista, gestión que venían adelantando con la también canadiense Samarium Group Corporation, lo cual fue informado mediante cartas al Procurador General de la Nación y al Superintendente de Sociedades el 23 de junio de 2009, acompañadas de comunicaciones del Concejo del municipio y la Alcaldía respaldando la negociación.
Rúa agrega que “después de las cartas que enviamos fuimos a la Casa de Nariño el presidente de la Samarium Group, Wolman Guido y yo, y hablamos con la doctora Claudia Jiménez, el 6 de noviembre de 2009, quien nos dijo que le parecía muy bien la propuesta, por eso no entendemos por qué se autorizó la venta”.
Por su parte, el gerente liquidador aseguró que está tranquilo porque las negociaciones de venta se hicieron dentro de la ley y dijo que continuarán con el proceso por el cual la Medoro Resources ya entregó US$7,6 millones de adelanto y asumió el compromiso de hacerse cargo de los pasivos laborales y pensionales. Alvarado dijo que “daré respuesta a las inquietudes en el Congreso. Tenemos toda la documentación que nos respalda”.
El sindicato asegura no sólo que la venta es ilegal por no haber contado con su aprobación, sino que les preocupa que la Medoro Resources tiene una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de Ontario, Canadá, por enriquecimiento ilícito.
Ya se inició el proceso de demanda de la negociación adelantada y, según Darío Rúa, los 1.600 empleados y 1.440 jubilados están de acuerdo en que se capitalice la empresa para que pueda seguir operando, y lo más importante, que se puedan poner al día con los pagos atrasados.