El caso Lara, delito de lesa humanidad

La justicia busca desempolvar el expediente del crimen del ministro Rodrigo Lara Bonilla, que marcó el comienzo del narcoterrorismo.

Veintiséis años después del magnicidio del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, un fiscal de derechos humanos se apresta a revivir un expediente lleno de tumbos, omisiones y un enorme saldo de impunidad. Al constatar que el crimen se dio en el marco de una persecución sistemática de las mafias del narcotráfico contra el Estado, considera que debe ser catalogado como delito de lesa humanidad y amerita revisarlo hasta esclarecer con nombres y apellidos quiénes fueron los asesinos intelectuales.

Lara Bonilla fue baleado el lunes 30 de abril de 1984, cuando se desplazaba en su vehículo oficial sobre la Avenida calle 127, a la altura de la carrera 41, al norte de Bogotá. Su escolta salió en persecución de los sicarios, que se movilizaban en una motocicleta Yamaha 175, de colores rojo y negro. En el cruce de disparos cayó muerto Iván Darío Guizado Álvarez y fue capturado Byron Velásquez Arenas, quien apenas tenía 16 años. El país quedó horrorizado y el Gobierno forzado a aplicar la extradición.

Durante años la justicia adelantó una infructuosa investigación, con varios muertos de por medio para que no se llegara a la verdad. Finalmente, terminó en dos condenas: la del sicario Velásquez Arenas, quien hace casi 15 años recuperó su libertad, y la de Germán Alonso Díaz Quintana, alias El Ronco, quien pagó una pena aun menor por su complicidad. En cambio, el capo Pablo Escobar Gaviria murió en 1993 sin que la justicia probara su responsabilidad en el magnicidio.

Uno de los tantos crímenes de Escobar para que el caso Lara Bonilla quedara en la impunidad ocurrió el 23 de julio de 1985, cuando fue acribillado en Bogotá, el juez Tulio Manuel Castro Gil, quien descifró el rompecabezas de la máquina criminal del capo de capos. Su labor fue tan destacada que fue nombrado magistrado en Santa Rosa de Viterbo, pero las balas del narcotráfico segaron su vida antes de que se posesionara  en el cargo.

Basta revisar su actuación en el caso Lara Bonilla para ratificar por qué lo mataron, y son precisamente esas pesquisas inconclusas las que hoy tienen el expediente ad portas de su resurrección judicial en la Fiscalía. En 304 páginas, el 26 de octubre de 1984, seis meses después del asesinato del ministro del Nuevo Liberalismo, el juez Castro Gil recaudó pruebas que demostraban la mano de Escobar en el crimen y cómo se movían sus enlaces en la política y la sociedad.

A 16 personas alcanzó a enjuiciar, pero sólo dos terminaron purgando sentencias. Al volver a revisar los nombres hoy, queda claro que el juez Castro Gil la tenía clara. Después de investigar los pasos de los asesinos Byron Velásquez e Iván Guizado antes del magnicidio, descubrió en qué hoteles estuvieron, con qué personas se comunicaron en Medellín y quiénes integraron el grupo de enlace que aportó la moto, las armas y la logística para ejecutar el crimen.

Así aclaró que uno de los contactos de los sicarios fue John Jairo Arias Tascón, conocido como Pinina, uno de los más sanguinarios secuaces de Pablo Escobar. Otro de los individuos resultó ser Rubén Darío Londoño Vásquez, alias La Yuca. Los rastreos a Pinina permitieron establecer la identidad de uno de los principales jefes de sicarios de Escobar: Luis Alberto Castaño Molina, alias El Chopo. Lo increíble es que Pinina y El Chopo, lejos del expediente Lara, se cansaron de poner carros bomba en los años 80. Terminaron abatidos por la Policía, pero nunca condenados.

Sobre La Yuca, el juez Castro llegó a un escenario desconcertante: el Movimiento de Renovación Liberal Independiente que comandaba el congresista Jairo Ortega con el mismísimo Pablo Escobar. La justicia se interesó en estos nexos, advertidos desde 1983 por Lara Bonilla, y se encontró con varias sorpresas: La Yuca era concejal de Envigado y de La Estrella por el grupo de Escobar y en las listas del movimiento aparecieron más nombres.

Por ejemplo, Juan Fernando Maya Restrepo, quien mantuvo contactos con La Yuca y Pinina en Bogotá, resultó también ser concejal de Envigado. Y en uno de los renglones figuró Alba Marina Escobar Gaviria, nada más ni nada menos que la hermana del capo, entonces en la clandestinidad y en guerra contra el Estado. Con los teléfonos de estas personas en Medellín y de la esposa de Escobar, María Victoria Henao, se comunicaron los sicarios y sus enlaces desde Bogotá. Todos fueron enjuiciados en su momento.

Veinticuatro horas antes de ser asesinado, el juez Tulio Manuel Castro dispuso la cancelación de la captura contra la hermana del capo, pero le impuso una caución de $2 millones. En la misma providencia adoptó decisiones similares respecto a los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez, y el padre de ellos, Fabio Ochoa Restrepo, aunque se probó que sí hacían parte del cartel de Medellín, pues en el allanamiento de 1984 en Tranquilandia, en las selvas del Yarí, se hallaron documentos que los relacionaban.

La revisión de la sentencia que le costó la vida al juez Castro aporta elementos fundamentales para revivir no sólo este expediente, sino los que le sucedieron, sin descartar muchos nombres que, entonces, algunos abogados le pidieron con insistencia al juez que indagara: Carlos Ledher Rivas, extraditado; Justo Pastor Rodríguez, hermano de Gonzalo Rodríguez Gacha, y el ex senador Alberto Santofimio Botero, mentor político del capo. Los cabos sueltos del proceso Lara buscan atarse 26 años después por la Fiscalía. ¿Podrá sacarlo del anaquel de la impunidad?