Un histórico precedente frente a la responsabilidad que les compete a las multinacionales que explotan los recursos mineros del país sentó ayer la Secretaría de Ambiente de Bogotá, al ordenar a las cementeras Holcim y Cemex, así como a la Fundación San Antonio (de la Arquidiócesis de Bogotá), la inmediata suspensión de la explotación de grava y otros materiales de construcción de la cuenca del río Tunjuelo, al sur de Bogotá. El organismo también les inició proceso administrativo por “desastre ambiental”.
La medida fue notificada por el secretario de Ambiente, Juan Antonio Nieto, quien informó que, de fallarse a favor de la ciudad, el proceso administrativo podría terminar en una multa de hasta $2.500 millones diarios contra los privados. En palabras de Nieto, “con esto queremos frenar el desastre ambiental que la explotación minera ha generado”. Se refería a hallazgos de la Secretaría, con apoyo de estudios geológicos y fotografías aéreas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que demuestran que el curso del río ha sido desviado por los mineros en por lo menos tres ocasiones en más de 50 años de explotación: 1968, 1974 y 1997. Estos desvíos se hicieron “para permitir las excavaciones ejecutadas para la mina La Fiscala (hoy explotada por Cemex). La modificación del lecho en el río Tunjuelo induce cambios en la dinámica del mismo que a corto mediano y largo plazo generan impactos sobre el medio físico y biótico”, asegura Nieto.
La entidad asegura que las empresas se han beneficiado de los acuíferos (formaciones geológicas que sirven para atrapar y liberar agua) y las aguas subterráneas. “Sin embargo, revisando los archivos, en ninguna parte existe el título habilitante que legitime aprovechar este recurso”, reza en la resolución.
Las multinacionales anunciaron que acatarán el fallo, pero dejaron claro que no lo comparten. Según Holcim, la medida “carece de sustento legal y no se ajusta a la realidad ni a la labor que la compañía realiza”. Eduardo José González, director ejecutivo de la Fundación San Antonio, le dijo a este diario que “desde 2007 hemos iniciado una licencia de concesión de aguas. La Secretaría dice que no enviamos la documentación requerida, pero eso es falso. La autoridad está tomando una determinación sobre una información que es parcial”. Agregó que la Secretaria incurre en conflicto de intereses pues la ciudad, en cabeza de la Empresa de Acueducto, está demandada desde hace más de cinco años por cuenta de la inundación de la mitad de los predios de la Fundación y de la cárcava La Fiscala. “¿Cómo es posible que quien está demandado ejerza justicia?”, se preguntó.
Los grupos ambientalistas que desde hace siete años se constituyeron para defender la causa del río no creen mucho en este argumento y aseguran que la inundación (2002) se debió a la excavación que las compañías mineras hicieron a los lados del cauce del río, lo que dejó el Tunjuelo colgando, por decirlo de alguna forma, en los bordes de las minas. Cuando llegó el invierno, el agua se desbordó hacia los lados, en los terrenos de las compañías mineras. Los habitantes del sector siguen sufriendo por las plagas y problemas de salud derivados de esta tragedia, pues las aguas acumuladas se convirtieron en foco de infecciones.
Este es otro de los argumentos que motivaron las medidas de la Secretaría: “Cuando se afecta un cauce, lo más frecuente es la pérdida de las llanuras de inundación. Al perderlas, se pierde la capacidad natural de amortiguar las crecientes y el espacio del cual dispone el río para desarrollar su dinámica. En la zona de la cuenca media del Tunjuelo, donde se realiza la explotación minera, se perdió totalmente el cauce”, dice el documento en el cual se notifica a las compañías de las medidas adoptadas por la entidad.
La medida preventiva se mantendrá hasta que las compañías garanticen la estabilidad de los taludes y cuenten con los permisos necesarios para la actividad minera, lo que puede demandar meses y una inversión grande de recursos, al decir de la directora legal de Ambiente, Alexandra Lozano.
Las empresas mineras responden
Holcim
“Holcim instaurará las acciones legales a las que tiene derecho, a la espera de proteger su buen nombre y viabilizar cuanto antes su explotación”.
Cemex
“Cemex expondrá todos los argumentos técnicos y legales que certifican sus buenas prácticas de explotación, el respeto al medio ambiente y su compromiso con el bienestar de la comunidad”.
Eduardo José González
Director ejecutivo Fundación San Antonio
“Desde luego vamos a apelar, porque tenemos los argumentos técnicos y jurídicos para demostrar que hay una extralimitación de funciones”.