Al constatarse que los policías “fueron abandonados a su suerte cuando se produjo el ataque de la guerrilla y no se les brindo apoyo alguno a pesar de que se tuvo pronta información sobre el mismo”, el Consejo de Estado condenó a la Nación por la muerte del agente Wílmar Antonio Correa Gallego, ocurrida el 8 de mayo de 1994 en el municipio de Gachalá, Cundinamarca, cuando un comando de las Farc de más de 150 hombres atacó durante dos horas y 45 minutos el Palacio Municipal del pueblo, la estación de Policía y saqueó la Caja Agraria. En la violenta toma los guerrilleros usaron rockets y dinamita.
En el puesto de Policía sólo se encontraban dos agentes de guardia (la toma fue a las 4 y 45 de la madrugada), quienes intentaron repeler el ataque. No obstante, a pesar de que el Ejército y la Policía de una población vecina fueron informados, “ningún destacamento de una fuerza hizo acto de presencia antes de la 1 de la tarde, es decir, cinco horas después de que los subversivos, cumplidos todos sus objetivos de saqueo y destrucción, voluntariamente abandonaron el casco urbano del municipio”, advirtió el alto tribunal. Aun cuando el hecho era previsible, pues se tenía información de inteligencia sobre un inminente ataque guerrillero, no se tomaron medidas para evitarlo y en este contexto ocurrió la muerte del agente Correa Gallego.
Al determinar que hubo una falla en el servicio por parte de la Policía, el Consejo de Estado estableció que el uniformado que perdió la vida fue una víctima impotente del ataque y, como argumentaron los abogados de la familia, “no solamente por los vetustos equipos logísticos y el armamento con que contaba”, sino porque en zonas que en ese momento eran consideradas de difícil orden público es insólito que sólo dos agentes estuvieran haciendo guardia esa noche. Se supo, además, que en los mismos hechos el patrulleros Luis Fernando Sedano Barrios recibió múltiples esquirlas de granada en su cuerpo, aunque sobrevivió.
También se encontró en el expediente que 15 minutos después de iniciado el ataque se puso en conocimiento al Ejército que vigilaba la represa del Guavio y a la Policía de la estación de Ubalá, pero nunca llegó nadie para ayudarlos. El mismo comandante de Policía de Gachalá, al presentar la denuncia por la toma, dejó constancia de que a través de un señor que manejaba una lacha y que portaba un radio de la empresa de energía de Bogotá le hizo saber al Ejército sobre el ataque guerrillero, a lo cual contestaron “que eso no era plomo sino pólvora”. Así las cosas, por prejuicios morales y materiales el Estado deberá pagarle cerca de $400 millones a la esposa y la hija del agente Wílmar Antonio Correa.