Inteligencia, no bases

Según el ex ministro de Defensa Rafael Pardo, la caída del acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos le da al presidente Santos la opción de repensar y plantear el tema.

Rafael Pardo Rueda / Especial para El Espectador
21 de agosto de 2010 - 05:00 p. m.

Más allá de las discusiones sobre la actuación del presidente Álvaro Uribe e incluso sobre el sentido de la ayuda de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, la decisión de la Corte Constitucional de dejar sin efectos el convenio que permitía a militares y contratistas estadounidenses hacer uso libre de siete bases militares en el país, le deja al gobierno del presidente Juan Manuel Santos opciones en el sentido de hacer claridad y mirar racionalmente los problemas e intereses nacionales.

Es claro que el Gobierno debe actuar en función de lo que necesite frente a la actividad antinarcótica y antiterrorista, y que se requiere  mantener la cooperación de manera activa, fluida y efectiva. Pero si hay quienes creen que con la determinación de la Corte, el presidente Santos se ganó un problema en momentos en que se hacen esfuerzos para el mejoramiento de las relaciones con Venezuela, por el contrario ahora se tiene la oportunidad de evaluar qué pasó desde octubre del año pasado —cuando se firmó el acuerdo—, si es útil o no, y qué se debería cambiar o adicionar. A lo que se podría agregar el discutir el asunto de cara al país y a Suramérica, tan sensible a este tipo de situaciones.

Una mirada a la historia muestra que el tratado marco de asistencia militar entre Colombia y Estados Unidos se firmó el 17 de abril de 1952.  A partir de allí se han dado otros acuerdos de cooperación, como el de ayuda económica y técnica (1962); el de misiones militares (1974); otro contra el tráfico ilícito de estupefacientes (1988); y las convenciones contra la delincuencia transnacional organizada y contra actividades terroristas (2000 y 2001), entre otros. Tratados que a su vez han tenido unos desarrollos o lo que se denomina “acuerdos simplificados”, es decir, aquellos actos cuya realización el Presidente de la República puede decidir o celebrar, sin la aprobación previa del Congreso, porque se refieren simplemente a la ejecución de lo ya acordado.

Un ejemplo concreto: la presencia de 120 soldados estadounidenses que arribaron a Juanchaco a comienzos de 1994 —cuando yo me desempeñaba como Ministro de Defensa en el gobierno de César Gaviria—, con el propósito de realizar obras civiles de carácter social, entre ellas una escuela, un puesto de salud y una carretera. Se trató en concreto de un hecho enmarcado dentro del acuerdo de maniobras militares conjuntas. Fue un memorándum de entendimiento y no un tratado, por lo que no hubo necesidad de pasarlo por el Congreso, aunque sí fue examinado después por el Consejo de Estado, que lo encontró perfectamente legal.

Ahora, si la discusión giraba hoy en torno a si el acuerdo sobre las siete bases militares colombianas debía haber ido o no al Legislativo, la Corte Constitucional ya la resolvió. Le corresponde ahora al gobierno del presidente Santos analizar la situación y tomar sus propias determinaciones, en las cuales, en mi concepto, deben imperar los intereses del país, no los de Venezuela, Ecuador o cualquier otro país. La colaboración estadounidense en la lucha contra el narcotráfico es conveniente teniendo en cuenta que se trata del país que consume la mayor parte de la cocaína que aquí se produce. Incluso, creo que dicho apoyo debería ser mayor al que hoy se brinda.

Pero dicha colaboración no implica necesariamente aceptar bases militares en territorio colombiano. Cuando se planteó el traslado de la base de Manta al país, me pareció una mala idea desde el punto de vista de las relaciones internacionales y así ocurrió. Siendo defensor y amigo de la cooperación, creo que eso no significó sino problemas, aislamiento y una controversia muy fuerte con nuestros vecinos. Por supuesto, insisto en que Colombia tiene que tomar sus decisiones en función de sus intereses, pero el asunto conllevó a una polarización y un enfoque que se volvieron cada vez más internacionales.

Y es que lo que se planteó inicialmente como el traslado de una base para vigilar el Pacífico dio paso a otra discusión: la de una base en La Guajira, según lo dijo en El Espectador el embajador americano, William Brownfield, aunque después se retractó. Algo que no tenía nada que ver con el Pacífico. Casi al mismo tiempo se conoció que en el presupuesto estadounidense había un dinero para el mejoramiento de las  instalaciones de la base militar de Palanquero, que no queda en la frontera venezolana ni tampoco en el Pacífico, sino en la mitad de Colombia.

Posteriormente se habló de otros aeropuertos, incluido uno en el Pacífico, precisamente el de Juanchaco. Es decir, todo el propósito inicial que era que una base (la de Manta), desde donde salen aviones para vigilar las rutas del narcotráfico en el Pacífico, acabó siendo una discusión totalmente contaminada y los argumentos se desviaron del tema inicial.

Algo para desmitificar. El presidente Hugo Chávez llegó a decir que se trataba de la punta de lanza para invadir a Venezuela. Pero resulta que en la actualidad existen bases de Estados Unidos en Bonaire y en Curazao, que quedan a 25 millas de la costa venezolana, mientras que Palanquero está a 500 kilómetros de la frontera. Incluso Puerto Rico está más cerca del vecino país y allí sí que los norteamericanos tienen presencia militar.

Pienso que la intención del ex presidente Uribe con el acuerdo sobre las bases gringas era de disuasión frente al armamentismo venezolano. Postura equivocada que llevó al aislamiento del país en la región, donde el asunto de la presencia estadounidense es muy sensible, no sólo en la tierra de Chávez, sino también en Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina y demás países. Pero hoy el escenario es otro. Colombia y Venezuela caminan por senderos de entendimiento y cordialidad.

De cualquier manera, concluyendo que se necesita mantener la cooperación norteamericana, Colombia tiene la oportunidad de repensar el tratado. Es mejor la cooperación en condiciones de soberanía y hay que pensar si los beneficios con la presencia de bases de Estados Unidos aquí son mayores que los costos.

La lucha contra el narcotráfico ya no es igual a como se libraba hace una, dos o tres décadas. Ahora se hace fundamental contar con instrumentos y tecnología que permitan tener información de imágenes en tiempo real, inteligencia en tiempo real, más que efectivos militares. No volví a Juanchaco, pero sí vi que uno de los aeropuertos que se pensaban incluir en el acuerdo es el de allá. Y me imagino que la escuelita y el puesto de salud siguen funcionando. Santos tiene opciones y eso siempre será mejor.

 

Por Rafael Pardo Rueda / Especial para El Espectador

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