Sin que se hubieran surtido las notificaciones de ley y sin que la Procuraduría confirmara la noticia, trascendió este martes que el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, sancionó disciplinariamente al ex ministro del Interior y embajador en Roma, Sabas Pretelt de la Vega, con destitución e inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos. El caso se relaciona con la entrega de la Notaría 67 de Bogotá al ex representante Teodolindo Avendaño como contraprestación por haberse súbitamente ausentado de la votación del acto legislativo que permitió la reelección presidencial inmediata, en junio del año 2004.
Aunque en marzo de 2009 el ex ministro Pretelt salió indemne en la investigación disciplinaria que adelantó el Procurador en el caso de la ex parlamentaria Yidis Medina —en dicha ocasión se concluyó que no se pudo probar su responsabilidad en la entrega de prebendas a congresistas—, en esta oportunidad, tal como lo estableció la Corte Suprema de Justicia al condenar a Avendaño a ocho años de prisión, se evidenció que “como prebenda por abstenerse de participar en la sesión” recibió la Notaría 67 que, posteriormente, vendió por un valor de $450 millones a Luis Camilo O’meara.
Inicialmente, Avendaño justificó su ausencia en la sesión del 3 de junio de 2004 arguyendo que un hijo suyo se había accidentado y que debía atender la calamidad familiar. Después se probó que su hijo sí tuvo un accidente automovilístico en Cali, pero el 30 de mayo, es decir, cuatro días antes, y que por tanto su explicación carecía de todo soporte. También se advirtió que Avendaño no recibió llamada alguna de su hijo Gilberto ese 3 de junio, como él dijo, pero sí múltiples llamadas de los conmutadores de la Presidencia de la República. En conclusión, el ex representante desapareció del mapa con el fin de que se aprobara el acto legislativo que le permitió al ex presidente Uribe Vélez seguir de largo en la Casa de Nariño. Es precisamente esa la conducta que reprocha la Procuraduría General.
En palabras de la Corte Suprema, había un “interés del Palacio de Nariño por comunicarse con él (Avendaño) momentos antes de iniciarse el debate de la reelección y también durante su desarrollo”. Las autoridades constataron en un allanamiento a su casa en Caicedonia (Valle) soportes sobre información de notarías en Bogotá y en los que aparecieron llamadas pendientes por parte de Avendaño al ex viceministro Hernando Angarita y al ex asesor presidencial Juan David Ortega. Sumados todos estos elementos, los cheques a través de los cuales se le pagó el dinero a Avendaño, declaraciones sobre la participación de Sabas Pretelt en la adjudicación de esa notaría y otros documentos, el procurador Alejandro Ordóñez tomó la decisión de sancionar al ministro estrella del gabinete Uribe Vélez.
Aunque al cierre de esta edición el propio Pretelt y su abogado, Mario Alario Méndez, refrendaron que no conocían el alcance del fallo y que hasta tanto lo conocieran no podrían pronunciarse, la filtración a los medios sobre la destitución del embajador en Roma provocó un inusual y escueto comunicado del Ministerio Público: “El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, confirma que se profirió una decisión disciplinaria en el caso del ex ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega; el ex viceministro Hernando Angarita Figueredo y el ex representante a la Cámara Teodolindo Avendaño. El fallo de única instancia fue firmado en la tarde de este martes y una vez se surta el trámite de notificación a los interesados, dentro del debido proceso, se darán a conocer los detalles de la decisión”.
El ex ministro Pretelt fue llamado a juicio en mayo pasado por el vicefiscal Fernando Pareja en relación con el expediente de la llamada yidispolítica. En este caso, es decir, la presunta entrega de favores burocráticos a la ex congresista Yidis Medina, la Fiscalía está convencida de que Pretelt sí negoció dádivas para voltear el voto de Medina en el Congreso y asegurar la reelección. En contraste, por estos mismos hechos, el procurador Ordóñez absolvió a Sabas Pretelt en marzo del año pasado, en contravía de condenas ya impuestas por la Corte Suprema de Justicia, por lo que está siendo investigado en esa corporación.
Pretelt apeló la acusación del vicefiscal y se espera que la próxima semana se defina ese asunto. En cambio, siendo casi los mismos hechos, los mismos procedimientos, y sólo con la diferencia de protagonistas, el Procurador encontró en el caso de las ‘vueltas’ a Teodolindo que sí hubo responsabilidad de Sabas Pretelt y por esa razón concluye que debe ser sancionado. Lo que la yidispolítica no pudo, la teodolindopolítica sí, se diría.