A la reciente expulsión de gitanos de su territorio se sumó un nuevo listado de medidas, de las que el presidente Nicolás Sarkozy ha hablado en los últimos meses y que este lunes confirmó desde el Palacio del Elíseo.
El gobierno tramitará en el Congreso, a partir de este martes según lo anunciado, una ley que permita retirar la nacionalidad francesa a los extranjeros naturalizados que atenten contra la vida de policías y gendarmes. Esta norma sólo sería aplicable a los ciudadanos que completen menos de 10 años de haberse convertido en franceses, un castigo que actualmente se aplica a quienes sean hallados culpables de delitos de terrorismo.
Dentro de lo revelado desde el palacio presidencial, también se encuentra el propósito de reformar la ley vigente de inmigración “para facilitar la conducción hasta la frontera de extranjeros en situación irregular, incluidos, en circunstancias particulares, a ciudadanos de la Unión Europea”. Dichas circunstancias particulares son descritas como amenazas al orden público, ausencia de medios de subsistencia o de abuso del derecho de libre circulación.
Asimismo, la bancada de Sarkozy intentará aprobar una ley que permita a los gobernadores regionales ordenar el levantamiento de campamentos ilegales en propiedades públicas y privadas, una de las causales del reciente éxodo de gitanos hacia Rumania y Bulgaria.