Hace dos semanas el auditor general de la República, Iván Darío Gómez, habló de la necesidad de implementar una reforma de fondo al régimen de control fiscal en Colombia, tras advertir que sólo así se puede neutralizar el agujero oscuro de la corrupción que es por donde se fugan, a manos ajenas, cerca de $4,2 billones anuales. Según el Barómetro Mundial de la Corrupción 2009, de Transparencia Internacional, Colombia ocupó el puesto 74 entre 184 países objeto de estudio, situación que, según el Gobierno, advierte que hay que aumentar los esfuerzos.
Es precisamente en este contexto que el presidente Juan Manuel Santos presentó este lunes un proyecto de ley que será radicado este martes en el Congreso, el cual busca establecer normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción en el país y, al mismo tiempo, generar herramientas para hacer de verdad efectivo el control de la gestión pública. En este sentido, el proyecto plantea una serie de medidas administrativas, disciplinarias, penales, fiscales y educativas, algunas de las cuales generarán polémica.
Por ejemplo, se plantea terminar de una vez por todas con la llamada “puerta giratoria”, a través de la cual se logra la captura del Estado por personas que habiendo laborado en la administración pública utilizan sus influencias para actuar ante la misma. El artículo 3° de la iniciativa señala rigurosas prohibiciones para que los servidores públicos gestionen intereses o contraten con entidades donde se desempeñaron. Asimismo, se establecen medidas para impedir las conexiones ilegales entre los particulares y la administración pública a través de la financiación ilegal de las campañas políticas. Para este efecto, se prohíbe que quienes financien campañas electorales se beneficien de contratos públicos.
Por otra parte, el proyecto genera mayores responsabilidades para los interventores de los contratos públicos para garantizar una mayor vigilancia y prevenir la ejecución irregular sobre los mismos, al tiempo que regula la figura de los anticipos para evitar que éstos sean utilizados indebidamente.
En el sector salud, se le da vida a un fondo anticorrupción que permitirá, según el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, “fortalecer la capacidad investigativa y sancionatoria de la Superintendencia de Salud y dotará de recursos a la entidad para realizar convenios con la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría para investigar hechos indebidos en el sector”. También se agravan las penas de los delitos de estafa, peculado culposo, peculado por aplicación oficial diferente, especulación y agiotaje cuando se cometan en el sector de la salud y se excluyen beneficios como la casa por cárcel o la libertad provisional.
Pero la iniciativa no sólo se remite al sector público. En ella se consagran delitos para castigar la corrupción empresarial, por ejemplo el soborno en el sector privado y la administración fraudulenta en empresas. De otro lado, se autoriza la realización de operaciones encubiertas para detectar y desmantelar redes de corrupción en la administración pública; se protege al servidor público que denuncie actos de corrupción y se reglamenta el lobby o cabildeo —aquel contacto de carácter personal y privado que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés—, con el fin de garantizar que éste se lleve a cabo de manera transparente.