Acompañado del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera; el director de la Policía, general Óscar Naranjo; el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y el alcalde Alonso Salazar, el presidente Juan Manuel Santos visitó este miércoles la convulsionada Comuna 13 de Medellín para insistirle a la comunidad que denuncie a los violentos. Para muchos de los pobladores de esta zona, alertar a las autoridades ni siquiera es una opción, dadas las escasas condiciones de seguridad a la hora de proteger a los ciudadanos. Santos, sin embargo, reiteró su mensaje: “La comunidad puede servir de fuente de información, pero también de inspiración para buscar salidas a las problemáticas”.
El Jefe de Estado insistió en que autoridades y habitantes establezcan una comunicación efectiva. En Medellín, no obstante, se sabe que se necesitan medidas urgentes para detener la oleada de violencia. Los homicidios, según las estadísticas oficiales, ya doblaron las cifras del año pasado y sobrepasan el millar los muertos en medio del dramático escenario que enfrenta la ciudad y, especialmente, la Comuna 13. “Por eso yo les pediría a todos los habitantes de bien de esta comuna que nos ayuden (...) Creo que ustedes merecen tener una vida mucho más tranquila, mucho más segura y mucho más próspera”, expresó el Presidente.
Santos se mostró optimista ante la posibilidad de que los números desciendan: “Me daban una cifra bastante alentadora, aunque no puede tomarse como una indicación muy seria, pero simplemente para compartirla con ustedes: entre el 28 de agosto y hoy, frente a los mismos días hace un año, los homicidios por lo menos se redujeron de 7 a 2. Vuelvo y repito, eso no quiere decir, ni podemos nosotros tomar esto como una tendencia real, pero por lo menos es alentador”. Los números, de igual manera, todavía no juegan en favor de los habitantes de este sector. Según han revelado las autoridades de Medellín, al menos 300 combos se disputan el poder territorial y del narcotráfico, unos 5.000 jóvenes integran estos grupos ilegales y, por extorsiones, se calcula que comerciantes, transportadores y demás víctimas pierden alrededor de $17.000 millones cada mes.
Es por este último dato que en Medellín, por ejemplo, fue recibida con una lluvia de críticas la idea del ministro Rodrigo Rivera de judicializar a quienes paguen a sus extorsionadores. Pero en esta ciudad, uno de los asuntos que más atormentan a autoridades civiles, Fuerza Pública y habitantes es la participación de los menores de edad en el crimen organizado. “Hay un fracaso estruendoso del sistema de protección del Estado a los menores en Colombia”, dijo a propósito Jesús Ramírez, gerente de Metroseguridad de Medellín, en un foro de seguridad ciudadana organizado hace dos días por El Espectador.