Aún está fresco el informe de la Contraloría General sobre las irregularidades en torno al uso de los carros por parte de la Cámara de Representantes durante el cuatrienio 2006-2010 y ya se conoce una modificación en el presupuesto general de la Nación para 2011 —aprobado este miércoles en primer debate—, que contempla recursos por $40 mil millones para estructurar un sistema de contratación del parque automotor destinado a la seguridad de los congresistas.
Según el informe dado a conocer a mediados de agosto por la Contraloría, sólo 96 de 188 vehículos asignados por la Cámara fueron devueltos en buen estado. Los automotores presentaban daños que comprendían desde accesorios en mal estado hasta fallas en los sistemas mecánico y eléctrico. El reporte hablaba de rayones, golpes, motores fundidos, ausencia de batería, vidrios rotos y hasta falta de copas de las llantas. Había una camioneta que no tenía switch de encendido y arrancaba con cualquier llave, y otros carros fueron devueltos sin los radios originales, sin farolas y sin espejos.
El informe fue más allá: a 12 camionetas asignadas a los representantes no se les pagaron los impuestos en 2009 y a una se le canceló dos veces. Además, 17 vehículos circularon el año pasado sin Seguro Obligatorio y 25 no se sabía quién los tenía ni dónde estaban, así como tampoco aparecían en la contabilidad de la Cámara. El informe mencionó también facturas infladas y falta de control en repuestos y combustibles, así como dos carros fueron encontrados en el parqueadero del Capitolio sin uso, porque el blindaje que se les puso excedió la capacidad de peso.
Mirando este caos, no cabe duda de que la decisión de alquilar el parque automotor antes que seguir comprando puede ser positivo. Sin embargo, el hecho de destinar $40 mil millones para dotar de carros nuevos a los congresistas —así éstos sean rentados— es para muchos una cifra escandalosa, más aún cuando a estas alturas no se sabe quién asumirá las pérdidas y las responsabilidades por los daños a los vehículos durante el último cuatrienio.
El representante Ángel Custodio Cabrera, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara —donde se aprobó este miércoles el presupuesto—, explicó que cada año se le entregará a cada congresista un carro y una empresa de leasing se encargará del mantenimiento y los seguros, lo cual significa un ahorro de dinero para el Congreso y acabar con la pelea que cada cuatro años por quedarse con los mejores vehículos. Los carros que hoy tiene el Congreso se rematarán y serán los directores administrativos del Senado y la Cámara los encargados del proceso de contratación del leasing.
Para el representante del Polo Democrático Germán Navas, si ello implica un ahorro, debe hacerse. “Lo que pasa es que aquí tratan muy mal los carros. Los tratan peor que si fueran de ellos. Entonces, por eso es tan costoso el mantenimiento y como la mayoría de los carros son blindados, por aquello de la seguridad democrática, pues creo que el Ministerio de Hacienda tiene que haber hecho un buen balance para pagar esos arrendamientos en vez de mantenerlos”, señaló.
En efecto, el ministro Juan Carlos Echeverry, explicó que el punto es que el Congreso no debe estar manejando automóviles, talleres ni llantas: “El esquema moderno, que se está aplicando en muchos países y que se está aplicando en el Concejo de Bogotá, es renting, que son unas empresas de leasing, que lo que hacen es arrendar esos carros y, si se dañan, éstas los arreglan. Si a las llantas les pasa algo, la empresa las reemplaza y cada cuatro años los cambian por carros nuevos, así el Congreso se evita tener que estar comprando carros, manejándolos y reparándolos. Zapatero a sus zapatos”.