El concepto de racismo de Estado elaborado por el filósofo francés Michel Foucault designa el fundamento a partir del cual el Estado moderno, garante de la vida, puede cumplir legítimamente con su función mortífera represiva.
Gracias a este concepto hoy podemos comprender más ampliamente por qué en un mundo lleno de referentes históricos sobre lo que no debe repetirse, continúan ejecutándose de manera justificada tanto crímenes de lesa humanidad, como actos de represión política de responsabilidad estatal. La razón es que ante el imperativo del respeto a la vida humana, el Estado apela a la división y estratificación de la dignidad, para definir quiénes pueden ser silenciados legítimamente; por judíos, por africanos, por árabes, o por comunistas, anarquistas, o feministas. En contextos democráticos donde la pena de muerte está proscrita, este racismo ha evolucionado de manera que la división se convierte en fundamento de legitimación de crímenes ejecutados pero por “fuerzas oscuras”, o por “agentes aislados”, siempre con argumentos racistas, no en el sentido del color de piel, sino en el discriminatorio.
Sin importar si tenemos en Colombia un Estado moderno o no, es claro que el racismo de Estado ha estado una y mil veces presente como trasfondo de asesinatos y desapariciones. Sin embargo, este mismo criterio ha justificado también medidas legales de condena penal o administrativa. La razón es que en el último tiempo el racismo de Estado se combina con el antiterrorismo y el fortalecimiento del discurso de los derechos humanos, por lo cual es cada vez más difícil la aceptación del asesinato selectivo, pero en cambio, aumentan fácilmente las justificaciones para las medidas legales de represión.
Nuestro racismo de Estado, sin embargo, tiene una singularidad, y es que se practica sobre la base de un argumento específico: el relacionamiento con las guerrillas. Por eso en Colombia basta con un señalamiento al respecto para que se legitime la vulneración de derechos, a la vida o a la libertad. En tales casos pierde toda relevancia el que las víctimas demuestren su apuesta civil, como ocurre aún con los militantes de la UP. O que se demuestre la falsedad de ese relacionamiento, como en el caso de Alfredo Correa de Andreis. Menos aún que la razón de ese relacionamiento, cuando existe, muestre resultados claros en la búsqueda de la paz, como en el caso de Piedad Córdoba. La prueba de esa relación banaliza la civilidad probada, sus fines y sus logros, cuando se trata de legitimar el silenciamiento, oscuro o legal.
El cielo de tantos muertos y la tierra de tantos condenados injustamente, son cielo y tierra de racismo de Estado. Ojalá los esfuerzos en materia de memoria y reparación actuales sirvieran para que en nuestro país se transformasen, en el fondo, las estructuras sobre las que se legitiman estos acontecimientos; allí, en la posibilidad de eliminar la lógica del racismo de Estado contra la disidencia política, y aún más, contra quienes se la han jugado toda por la paz, se encuentra también la no repetición.