No habrá delito de apología al terrorismo

Aunque en algún momento del borrador inicial del proyecto de seguridad ciudadana del gobierno de Juan Manuel Santos se planteó la creación de un nuevo delito denominado apología al terrorismo, como una medida “para luchar contra los ideólogos de la subversión”, las reacciones de sectores políticos de oposición y grupos de DD.HH. obligaron a retirar ese punto de la iniciativa que será llevada este martes al Congreso.

El viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, explicó que si bien en las discusiones en torno a la iniciativa alguien planteó dicha tipificación, después de discutirlo  se decidió excluir dicho punto, por   la coyuntura originada tras  la destitución de la senadora Piedad Córdoba por parte de la Procuraduría, que  defensores de la legisladora  consideran un castigo a la libertad de opinión.

De hecho, cuando inicialmente se habló del delito de “apología al terrorismo”, quienes lideran ONG de paz  fueron los primeros en reclamar. El presidente colegiado de Redepaz, Luis Emil Sanabria, consideró dicha tipificación como “absurda”, porque el terrorismo es una práctica que pretende generar terror y a su juicio lo que se buscaba era señalar y perseguir el libre pensamiento político y académico.

Con la misma prevención se había pronunciado el representante del Polo Iván Cepeda, quien dijo que los defensores de DD.HH.  y quienes piensen distinto al Gobierno acerca del conflicto interno del país podrían entrar en procesos penales. Su temor es que los  consideren como ideólogos del terrorismo y la subversión, sin hacer parte de los grupos armados ilegales: “Lo que querían era convertir lo actuado por el procurador Ordóñez contra la senadora Piedad Córdoba en legislación”, señaló.

Este lunes, en el lanzamiento de la estrategia de seguridad urbana en Cali, Santos sostuvo que ésta tendrá dos pilares: uno preventivo y otro proactivo: “Zanahoria para evitar la delincuencia y garrote para quienes violen la ley”. Agregando que se requiere una cultura ciudadana fundada en valores éticos y morales y fortalecer los instrumentos legales para combatir la delincuencia.