Gustavo Sastoque Alfonso pasó 10 años, ocho meses y 28 días en prisión por un asesinato que no cometió. En un insólito caso que hoy es objeto de estudio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo acusaron y condenaron por el crimen del ex guerrillero del M-19 Hernando Pizarro Leongómez, muerto el 26 de febrero de 1995. Diez días después detuvieron a Sastoque y desde entonces él clama por su inocencia. Pero la justicia sigue dilatando el reconocimiento de un craso error que lleva 15 años sin repararse.
Un capítulo procesal que a lo largo de los años ha derivado en la aparición de testigos que apuntan a demostrar que se trató de un montaje judicial para encubrir a los autores del asesinato. Por eso en junio de 1999, el propio Sastoque formuló denuncia por falso testimonio y fraude procesal, en busca de que la justicia determinara quiénes provocaron su injusto encarcelamiento. La Fiscalía acaba de admitir que el expediente del crimen debe ser revisado, pero al mismo tiempo concluyó que la investigación del montaje judicial está prescrita.
En otras palabras, sí pero no. El caso sigue en veremos. Como ocurre desde el 8 de marzo de 1995, cuando Gustavo Sastoque, entonces funcionario administrativo del CTI de la Fiscalía, volvió a su oficina después de almorzar y lo recibieron con una orden de captura y una dirección para ubicarlo en Puerto Rico (Caquetá). Luego lo incomunicaron en los calabozos del DAS. Al día siguiente lo condujeron a una cabina rodeada de vidrios oscuros, y del otro lado, con voz distorsionada, un fiscal sin rostro empezó a interrogarlo por el crimen.
Escasamente atinó a recordar que a la hora en que asesinaban a Hernando Pizarro en la calle 157 con carrera 20, al norte de Bogotá, él estaba al otro lado de la ciudad, en el barrio Restrepo, comprando unos zapatos. Días después los empleados del almacén testificaron en su favor y él mismo aportó el comprobante de la tarjeta de crédito con que ratificó su compra. Pero como el día del primer interrogatorio, no le creyeron. En cambio ese día allanaron su casa, se llevaron dos fotografías suyas y, con tono de primicia, el Noticiero de las Siete informó que Sastoque ya había confesado.
Era el principio de su infierno. Extrañamente, a los pocos días, la brigada XX de inteligencia militar aportó al proceso un retrato hablado que resultó casi una réplica de la fotografía de Sastoque. Después apareció Olga Esther Guevara, quien trabajaba en el Fondo Rotatorio del Ejército, y dijo reconocer a Sastoque como el asesino. Su hermana Claudia apoyó la versión. Un vendedor de perros calientes que trabajaba en el sector declaró también. Y lo hizo el agente de Policía José William Roncancio, quien tres meses después fue asesinado.
Sin opción de defensa, el 26 de mayo de 1997, un juez sin rostro condenó a Sastoque a 45 años de prisión por homicidio agravado. Diez meses después, el Tribunal Nacional le rebajó la sentencia a 40 años. Pero entre una y otra decisión, se interpuso una novedad. El testigo Emilio I (Julio Ramón Carrillo), en medio de una declaración en el expediente por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, dijo saber que un grupo de inteligencia militar había utilizado a un funcionario del CTI para hacerlo aparecer como el homicida de Hernando Pizarro.
Este testimonio motivó a Sastoque a presentar denuncia por falso testimonio y fraude procesal. Con un aliciente: la ex agente de inteligencia Mercedes Yolima Guáqueta, detenida por otro caso, rompió su silencio. Acusó al ex guerrillero del M-19 Carlos Celis de aportar la ubicación de Pizarro. Al sargento Fabio Medina de pagar $20 millones a Olga Esther Guevara por su falsa declaración. Y al entonces director del CTI, Hernán Jiménez y el comandante de la XIII Brigada del Ejército, general Rafael Hernández, de fraguar los detalles del montaje.
Como tres de los señalados eran funcionarios públicos, Sastoque pidió a la Procuraduría que interviniera. El 19 de diciembre de 2000, el entonces procurador Jaime Bernal Cuéllar, en dos páginas argumentó que como ya habían pasado más de cinco años del crimen de Pizarro, la actuación disciplinaria estaba prescrita. Y de colofón, el 13 de febrero de 2003, la Corte Suprema de Justicia precisó que el trámite de la casación no permitía valorar nuevas pruebas, razón por la cual ratificó la sentencia de 40 años contra Gustavo Sastoque.
El tiempo siguió pasando. La única victoria de Sastoque fue su libertad condicional, otorgada en noviembre de 2005. Después logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitiera su caso. Ante las evidencias, el 7 de abril de 2008, dos representantes del Estado admitieron la creación de un grupo de trabajo para buscar una solución amistosa. Parte del acuerdo fue agilizar la investigación solicitada por Sastoque. Pero pasaron dos años y la Fiscalía sólo pudo admitir que el caso nunca se movió y ya está prescrito.
Es más, un fiscal especializado reconoció que el caso pasó por cuatro despachos del ente investigador sin decisiones de fondo. Se decretó la realización de muchas pruebas, pero “no se auscultó en realidad sobre la veracidad de los hechos (...) El universo probatorio en ningún momento fue valorado bajo principios de sana crítica”. En 11 años, la Fiscalía no quiso avanzar en el caso y como la máxima pena para el falso testimonio y el fraude procesal era ocho años, al funcionario no le quedó otra opción que admitir la prescripción.
Con otro contentillo para Sastoque. Para “redimir una debida aplicación de justicia en derecho”, es decir, como el expediente fue irregular de principio a fin, la Fiscalía plantea que el proceso por el asesinato de Pizarro debe ser objeto de acción de revisión ante la Corte Suprema. El mismo trámite que ante la Comisión Interamericana de DD.HH. se comprometieron a agilizar en 2008 dos representantes del Estado. Con la diferencia de que ya se rompió la opción de la solución amistosa. Sastoque ya sabe mucho de paciencia. Pero no de resignación. Él sabe que tarde o temprano se proclamará su inocencia.