Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Luego de dos semanas de extensos debates este jueves, hacia las 6:00 p.m., fue aprobado en las comisiones séptimas de Cámara y Senado el proyecto de ley ordinaria que busca reformar el sistema de salud. El siguiente paso es que la plenaria del Congreso le dé su aprobación. A pesar de este positivo resultado hay algunos temas que siguen generando dudas entre los actores del sector: las deudas que el sistema tiene con las clínicas y hospitales —que llegan a los $3,8 billones—, la creación del Fondo de Salvamento para el Sector de la Salud —que según algunos congresistas no resolvería el hueco financiero que existe—, y la financiación de la red de hospitales públicos.
Precisamente el secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, se ha referido al tema diciendo que la reforma a la salud “es un acta de defunción para hospitales públicos”. De inmediato el Ministerio de la Protección Social respondió a las críticas. “Todo lo contrario, vamos a fortalecer la red pública”, reiteró Mauricio Santa María, jefe de la cartera.
Zambrano denunció que los recursos de los hospitales públicos se verían reducidos por cuenta del nuevo proyecto, que, según él, establece bajar del 60% al 40% el porcentaje de contratación que las EPS subsidiadas están obligadas a realizar con la red pública. El Ministerio le salió al paso afirmando que este aspecto no se reformaría y que, por el contario, se agilizará el flujo de recursos.
¿Quién tiene la razón? Fernando Ruiz, director del Centro de Proyectos para el Desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana, dice que hay argumentos válidos de parte y parte. Explica que sí es posible que se reduzcan los recursos de la red pública, pero insiste en que el problema más grave de la red hospitalaria pública es consecuencia de la protección de mercado que el Gobierno le ha dado desde 2007, cuando estableció que las EPS estarían obligadas a contratar un mínimo con éstos hospitales (antes podían hacerlo con los privados o los públicos en la proporción que quisieran).
Según él, estas protecciones tienen un componente positivo a corto plazo, pues aseguran unos ingresos mínimos. Sin embargo, a largo plazo “reducen el incentivo para que los hospitales públicos compitan y se desarrollen”. Ruiz sostiene que el mayor problema aquí es que la red pública se han mantenido en una situación cómoda, y por ello no ha crecido en tecnología e innovación, mientras la privada es cada vez más fuerte en este aspecto.