De acuerdo con el representante liberal a la Cámara Simón Gaviria, el Estado sería el encargado de pagar las multas que se generan por el retraso en la prestación del servicio y entrega de medicamentos por parte de las EPS y que sean reclamados vía acción de tutela. “Las EPS, en su posición dominante, acostumbran restringir el servicio de salud para que el paciente se desgaste en trámites y papeleos, desistiendo del derecho. Para esto la ley imponía multas dentro del sistema para los casos en los que se presentan esos bloqueos, pero finalmente, en la conciliación fue derogada”, dijo Gaviria.
De inmediato la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) salió al paso e insistió que el “tema no es como lo plantea el congresista Gaviria, a quien le falta entender la ley. No se suprimen las sanciones contra las EPS, pues ahora éstas pueden ser hasta de $1.277 millones por caso y dar lugar a la revocatoria de la licencia de funcionamiento de la EPS”, sostuvo Juan Manuel Díaz-Granados, presidente de Acemi.
El ministro de Protección, Mauricio Santa María, se comprometió a que Gaviria esté presente en la redacción de los decretos reglamentarios de la reforma para impedir que las EPS dejen de responder por la restricción del servicio.