El gobierno estadounidense no pierde tiempo. Antes de que un juez británico decidiera concederle la libertad bajo fianza al fundador de Wikileaks, Julian Assange, la Fiscalía de EE.UU. ya estaba estructurando un caso por conspiración en su contra.
Y es que desde la publicación de los más de 90.000 documentos clasificados sobre la guerra de Afganistán, algunos políticos estadounidenses no han ocultado sus intenciones de buscar, de manera incisiva, una forma de levantarle cargos a Assange. Siendo negativos los resultados ya que la Constitución norteamericana protege la libertad de expresión y de prensa.
Sin embargo, según publica el diario The New York Times, el gobierno estadounidense parece haber encontrado una vía legal para catalogar de conspirador a Assange, quien actualmente se encuentra en Inglaterra luchando contra un pedido de extradición sueco por presunto abuso sexual.
Basándose en una serie de conversaciones entre el analista del ejército norteamericano, Bradley Manning, principal sospechoso de ser el “garganta profunda” del caso, y su delator, el ex hacker Adrian Lamo, funcionarios del Departamento de Estado están intentando esclarecer si el fundador de Wikileaks incitó a Manning a filtrar los documentos.
De ser así, la Fiscalía de EE.UU. podría encausar al australiano. No obstante, esas pruebas podrían resultar insuficientes para implicarlo. Consciente de esto, el gobierno norteamericano ha intentado convencer a Manning para que testifique en contra de Assange. Además, en las últimas semanas trascendió que están rastreando a una tercera persona que habría servido como intermediario entre los dos.
El desenlace es incierto todavía. Con todo y eso, Wikileaks parece estar alerta de los pasos de EE.UU. y ya comenzó a autocatalogarse como un medio que “acepta una amplia gama de material pero no lo solicita”.