¿Armarse para la guerra?

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El único país al que Estados Unidos ha criticado por sus enormes compras militares, es Venezuela.

En su libro de crónicas La guerra del fútbol, el reportero polaco Ryszard Kapuscinski concluyó que “los latinoamericanos ven conspiraciones en todas partes”. La reciente carrera armamentística en los gobiernos de la región parece otorgarle toda la razón al europeo.

De acuerdo a Adam Isacson, director de programas del Centro para la Política Internacional, con sede en Washington, el continente se está rearmando con las abultadas ganancias del petróleo. “Se estima que el monto total oscila entre los 7 y 10 mil millones de dólares en los últimos cuatro años”, sostiene.

 Se señala como origen de este fenómeno la ayuda militar que significó el Plan Colombia, además de la obstinación de Caracas por enfrentar una hipotética invasión estadounidense.

Pero este fenómeno tiene otra cara: la renovación de equipos. Durante las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX, los regímenes latinoamericanos realizaron fuertes gastos en defensa, que se dejaron a un lado con el arribo de gobiernos democráticos en los años 90, quienes le dieron un vuelco total a los presupuestos estatales, redistribuyeron los ingresos y aumentaron la inversión social.

Por tal razón, algunas naciones encontraron en el nuevo siglo la oportunidad perfecta para repotenciar sus viejos arsenales. Es el caso de Argentina, que vio cómo buena parte de sus aviones, vehículos blindados y submarinos llegó al final de su vida útil. Desde hace unos tres años, la presidencia aceptó incrementar las partidas para armamento, que comprendían el 1,04% del PIB, siendo uno de los más bajos en Latinoamérica.

Otro caso interesante es el chileno. Desde la dictadura de Augusto Pinochet se creó la Ley Reservada del Cobre, que destina al presupuesto de Defensa el 10% de las ganancias estatales por la venta del mineral (Chile es el mayor productor mundial). Sólo por este concepto, las Fuerzas Militares contaron con US$1.400 millones para la compra de armas y equipos. El gasto continuo ha creado tensiones con Bolivia y Perú, naciones con diferencias limítrofes.

 Para el mundo, la situación parece estar bajo control. Según Isacson, “Estados Unidos y Europa están bastante dispuestos a seguir vendiendo armas a la región, algo que genera muchos insumos y crea trabajos. A nivel estratégico, ni el Comando Sur ni la OTAN han expresado fuertes preocupaciones”.

Según un estudio del Instituto de Investigación de la Paz Internacional de Estocolmo, el año pasado en todo el mundo se facturaron 490 mil millones de dólares por venta de armas. Estados Unidos registró una participación del 63% en el mercado, seguido por países europeos con el 29%; Rusia exportó el 2%, y Japón, Israel, China e India se repartieron el 6% restante. Casi todos ellos pueden vetar las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU.

A pesar de las múltiples teorías conspirativas que puedan salir de este panorama, en la región no se avizoran tiempos de guerra. “Los roces entre los países se ven más fuertes en la medida que las capacidades militares aumentan. Pero ni los ciudadanos ni los grandes poderes quieren ver ninguna ruptura de la paz regional”, piensa Isacson.

 Los fines de esta carrera armamentística son múltiples. Desde la vigilancia fronteriza, como lo ha anunciado Ecuador, hasta la protección de la Amazonia, en la cual Brasil dispuso, inicialmente, una suma de 1.400 millones de dólares. También casa la teoría de la guerra asimétrica, el débil que se arma contra el fuerte, en la cual Venezuela le ha dispuesto buena parte del arsenal comprado a Rusia para conformar milicias civiles.

El año pasado, ante la alarma propiciada por Estados Unidos, la compañía rusa Izhevsk confirmó la construcción de dos plantas, una para la fabricación de fusiles Kalashnikov y otra para sus municiones, en suelo venezolano. Se estima que ambas tendrían capacidad para producir, al año, entre 20 y 30 mil unidades.

Tal parece que en este nuevo siglo los países latinoamericanos han regresado al alarmismo típico de la Guerra Fría. “Imagínese cuántos pobres en la región se pueden educar, dotar de servicios de salud o agua potable con US$7 ó 10 mil millones en fondos estatales”, puntualiza Isacson.