Desde que estalló el escándalo de la parapolítica, además de las denuncias por la realización del denominado “Pacto de Ralito” de 2001, que hoy tiene tras las rejas a varios congresistas y dirigentes políticos de la Costa Atlántica, se reveló que las autodefensas suscribieron dos pactos más con líderes de la región, el de Pivijay, suscrito en noviembre de 2001 y el de Chivolo, firmado en septiembre de 2000. Sin embargo, hoy de más de 400 firmantes de ambos espúreos acuerdos, solo hay una persona investigada.
La advertencia fue formulada por la senadora Gina Parody, quien en carta dirigida al fiscal general Mario Iguarán pidió que se inicie de oficio una investigación contra todas las personas que firmaron esos acuerdos con los paramilitares, pues no solo no se ha hecho, sino que, en cambio, los documentos mencionados han sido utilizados por la Corte Suprema de Justicia y los jueces como prueba en procesos que se adelantan contra congresistas y ex congresistas.
Según la senadora Parody, desde el pasado mes de mayo ella formuló un derecho de petición a la Fiscalía para establecer si existía algún tipo de investigación contra los firmantes de los referidos pactos. El ente investigador contestó que de 95 personas de las que fue posible obtener datos por casos tramitados ante la justicia, únicamente una persona está siendo investigada por concierto para delinquir agravado. En consecuencia, considera necesario que la Fiscalía defina si hubo o no ilegalidad en los mencionados pactos.
El denominado Pacto de Chivolo se habría realizado el 28 de septiembre de 2000 en la población del mismo nombre, en el departamento del Magdalena. Según se denunció ante la justicia, esta fue la primera gran convención política organizada por el extraditado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y se hizo a nombre de la “Provincia unida por una mejor opción de vida”, para apoyar la candidatura a la gobernación del dirigente liberal José Domingo Dávila Armenta.
A la reunión presuntamente acudieron 13 candidatos a alcaldías del departamento del Magdalena y 395 personas más, entre aspirantes a concejos municipales y la Asamblea. En particular, hubo una importante representación política de los municipios de Remolino, Salamina, Pedraza, Granada, Piñón, Sabanas de Ángel, Cerro de San Antonio, Concordia, Algarrobo, Tenerife, Zapayán, Ariguaní, Pivijay y Plato. Según conocedores del tema, muchos de estos firmantes llegaron a ser alcaldes, diputados y concejales.
En cuanto al “Pacto de Pivijay”, suscrito en noviembre de 2001, supuestamente fue organizado por Jorge 40 para garantizar la elección de los congresistas Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra Sierra y Gustavo Orozco, así como varios candidatos a las alcaldías de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Salamina, Remolino, Chivolo y Arigauní. El documento establecía que los dineros obtenidos por la reposición de votos de los candidatos elegidos debían destinarse a la construcción de una obra del municipio que saliera elegido por sorteo.
De igual modo, el Pacto de Pivijay comprometía a los elegidos al Congreso a conseguir recursos para la inversión social en la región y a otorgarle participación burocrática a los colaboradores y baluartes del apoyo electoral. Además, quedaban conminados a ofrecer un apoyo logístico a los alcaldes y a ejercer presencia física durante los debates proselitistas que debían adelantarse en los pueblos integrados en el referido pacto político.
Según la senadora Gina Parody, estos dos acuerdos no han sido investigados, y según se deduce de los sucedido, en ambos acuerdos, además del delito de concierto para delinquir agravado, presuntamente hubo la comisión de delitos electorales, tales como costreñimiento al sufragante y alteración de resultados, sin contar con el desvío de dineros públicos. La congresista expresó que si por la misma conducta ya se ha condenado a varios congresistas, no es claro por qué la Fiscalía no ha indagado de la misma manera si se afectaron los poderes políticos de las regiones.
“La Fiscalía se durmió en los laureles”: Gina Parody
¿Cuál fue su petición a la Fiscalía?
Que nos informe cuáles son las investigaciones regionales que se han derivado de los pactos entre paramilitares y políticos, específicamente los de Pivijay y Chivolo. La denuncia es que no hay investigaciones a pesar de que en Chivolo firmaron 418 políticos del Magdalena. La Fiscalía pareciera que se durmió en los laureles, mientras quienes se tomaron por las armas el poder regional siguen en sus cargos sin que nadie diga o haga nada.
¿Y la respuesta que le ha dado la Fiscalía ha sido satisfactoria?
No. Es una respuesta negativa para el país. La Fiscalía parece no tener un compromiso con la verdad. Ha sido ineficaz frente a la desarticulación de los aparatos paramilitares que se tomaron con el fusil las urnas en el poder local.
¿Por qué si ya se conocían, sólo hasta ahora se viene a hablar de esos pactos de Chivolo y Pivijay?
Es claro, todos sabemos a través de la Corte que hay mas pactos y la Fiscalía no se ha movido para investigar. Éste no es un problema de recursos, porque cada vez que el Fiscal lo pide, el Gobierno y el Congreso se los dan. Mientras tanto la parapolítica sigue ‘vivita y coleando’ en las regiones, proclamando su triunfo sobre la justicia.
¿Falta mucho por destapar?
Muchísimo. Pero a este paso el país se va a quedar plantado esperando la verdad, la justicia y la reparación, porque hasta ahora el ‘paso de tortuga’ es el plan.