Daños por derrumbes, ¿quién responde?

Foto: Federico Ríos-El Espectador

El jurista Manuel Restrepo analiza jurídicamente los probables escenarios de responsabilidad estatal  por deslizamientos de tierra que afecten a particulares.

El deslizamiento de por lo menos 30 mil metros cúbicos de tierra sobre el kilómetro 46 de la vía Bogotá-Villavicencio, el pasado 14 de julio, abre paso a una pregunta cuya respuesta deben estar buscando los familiares de las cuatro víctimas fatales y los 15 heridos, así como los dueños de los vehículos afectados con el derrumbe. ¿Debe el Estado responder por este hecho?

Desde el mismo día de la tragedia, Alberto Mariño Samper, gerente de Coviandes, firma que administra la concesión de los 87 kilómetros de ese importante tramo vial en el centro del país, reconoció que el derrumbe se originó como consecuencia inmediata del sismo del 24 de mayo que tuvo su epicentro en Puente Quetame, Cundinamarca, afirmación que ratificó en declaraciones a El Espectador.

“Si el sismo no se hubiera presentado, casi puedo afirmar que no hubiera habido derrumbes”, advirtió.

Mariño alerta sobre el hecho de que las avalanchas en esa carretera también se presentan por falta de control en la explotación que se adelanta en el río Cáqueza,  con permiso del Gobierno, para obtener materiales de construcción, al igual que en el Páramo de Boquerón. “Las auditorías no entregan información, y por eso hay acceso a la carretera sin permiso alguno. Por eso buscamos que la Procuraduría Ambiental se pronuncie”.

Ante las circunstancias, hizo un llamado urgente al Ministerio del Medio Ambiente para que lidere con prontitud un vigoroso y extenso programa de reforestación en la vía Bogotá-Villavicencio, donde, al igual que en otros corredores viales, hay una deforestación preocupante. “Si no somos capaces (de reforestar), vamos a tener carreteras que necesitarán obras más costosas y de menos duración”.

Quizás esa afirmación se traduce parcialmente en los $30 mil millones que en lo corrido del año ha invertido el Invías en varias carreteras del país, que en su gran mayoría presentan severos problemas de erosión en su entorno, que se manifiestan en taponamientos de las vías por la caída de tierra y material rocoso.

Por eso, Mariño observa que “cuando hay deforestación, se cambia el uso del suelo y, por añadidura, hay explotación minera. Todo eso afecta al medio ambiente, las fuentes hídricas, los páramos, y se origina la erosión del terreno”.

Escenarios jurídicos

Sobre el tema, este diario consultó al abogado especializado en derecho administrativo y docente titular de la Universidad del Rosario Manuel Restrepo Medina, quien considera que “si la causa determinante de la inestabilidad del terreno fue el movimiento telúrico, habría una circunstancia de fuerza mayor que en principio exoneraría al Estado de responsabilidad por falla en el servicio”, apreciación compartida por Mariño.