El jueves 3 de enero de 2008, en la Notaría 19 de Bogotá, con capital inicial de $200 millones, se constituyó la empresa Proyectos Inmobiliarios Villarrica Ltda., con un amplio objeto social básicamente encaminado a desarrollar actividades de administración, corretaje, arrendamiento y compra y venta de finca raíz, automotores o aeronaves. A pesar de que la firma estaba proyectada para desplegar actividades durante 50 años, súbitamente, el pasado 10 de mayo, sus socios dispusieron el cese de sus labores. Hoy, la sociedad está disuelta y en estado de liquidación.

Con similar procedimiento el 21 de abril de 2005, en la Notaría 18 de Bogotá, nació la sociedad comercial Inversiones Estratégicas en Valores S. A. (Invesval), creada para la comercialización, venta y exportación de electrodomésticos y adquisición de bienes inmuebles, entre otras actividades. Aunque desde 2007 la sociedad no cumplió con la obligación legal de renovar su matrícula mercantil, sorpresivamente hoy está en proceso de liquidación. Y la situación se repite con una tercera empresa: Comercializadora de Granos del Huila, creada desde septiembre de 1991 y también en liquidación.

En las tres empresas hay un denominador común: o aparece como socio Ascencio Reyes Serrano o se incluyen personas que a su vez están relacionadas con este mismo empresario en otras firmas de su propiedad. Es el caso de Ana Hermencia Castillo Sánchez, revisora fiscal de la citada empresa Invesval y, al mismo tiempo, revisora fiscal de la sociedad El Centauro Inversiones Comerciales. En cuanto a esta última empresa, creada en octubre de 2003, Ascencio Reyes fue socio fundador, pero el pasado 20 de febrero cedió sus cuotas a dos nuevos socios de El Centauro.

En otras palabras, es claro que el empresario Ascencio Reyes Serrano, hasta hace pocos meses un exitoso y público hombre de negocios, hoy parece interesado en minimizar su perfil económico. Sobre todo desde que trascendió que, a través de su empresa familiar Viajes y Turismo Basan & Cia Ltda., fue la persona que financió buena parte del viaje que hicieron a Neiva la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre el 9 y el 11 de junio de 2006, para sumarse a un homenaje al magistrado Yesid Ramírez, a raíz de su designación como presidente del alto tribunal.

Desde ese momento Ascencio Reyes Serrano se convirtió en un enigma para los medios de comunicación y poco a poco se fue conociendo que se trataba de un empresario huilense muy cercano a los magistrados de las altas cortes, amigo del fiscal Mario Iguarán y de excelentes relaciones con altos oficiales del Ejército y la Policía. Pero como los medios empezaron a asociarlo con el homenaje al magistrado Yesid Ramírez, él encontró un argumento de respuesta, que sintetizó así a la revista Cambio: “Quieren enlodar mi nombre para conspirar contra el Fiscal y contra la Corte Suprema de Justicia”.

Sin embargo, fue el propio Ascencio Reyes quien parcialmente reveló a El Espectador, en su edición del pasado 21 de junio, las dimensiones de su poder económico. “He tenido fábrica de calzado, taberna en el sur de Bogotá, comercializadora de granos que vendía al Fondo Rotatorio del Ejército, finca de eucalipto que vendía a Cartón de Colombia, sembradora de maíz, sorgo y arroz, cultivos de maracuyá y cacao, editorial, agencia de viaje, negocios de petróleo y hasta noticiero de televisión durante el gobierno de Andrés Pastrana”. En pocas palabras, un millonario muy bien relacionado.

Corte de cuentas

Como era de esperarse, en un ambiente caldeado por la pugna entre la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia, con el correr de los días fueron saliendo a flote nuevas cifras sobre Ascencio Reyes. La información financiera disponible dio cuenta, por ejemplo, de que su capital hacia junio de 2008 aproximadamente sumaba $1.414 millones y que desde 2000 empezó a adquirir propiedades rurales y urbanas en los departamentos de Cundinamarca, Córdoba, Meta y Huila.