Por cuenta de las peleas del presente entre el presidente Álvaro Uribe y el Partido Liberal, están saliendo a flote los eslabones perdidos del pasado. El miércoles, mientras la Casa de Nariño expedía un comunicado, según el cual, el Gobierno “nunca se ha aliado con delincuentes para combatir a otros delincuentes”, el ex presidente César Gaviria recrudeció sus ataques contra el Primer Mandatario, en una entrevista en la W Radio, rechazando que durante su mandato hubiera patrocinado la creación de los llamados Pepes, para lograr desmantelar al cartel de Medellín.
“Yo tengo la absoluta seguridad de que no tuve nada que ver con Los Pepes y de que mis ministros tampoco, y creo que todas las acusaciones que se hicieron se investigaron en su momento”, insistió Gaviria Trujillo, en la entrevista con esa emisora; en tono de interrogante airado y refiriéndose al presidente Uribe, agregó: “¿Es que le duele la muerte de Pablo Escobar, o qué es lo que le molesta tanto?” Y puntualizó: “Yo no creo que a estas alturas estemos como están en la Casa de Nariño llorando la muerte de Pablo Escobar Gaviria”.
En medio de la polémica, reaparecieron algunos personajes del pasado para tomar posición en favor de uno u otro de los antagonistas. Por ejemplo, el ex comandante del Bloque de Búsqueda que dio de baja a Escobar, el general (r) Hugo Martínez Poveda, quien afirmó que en el Gobierno Uribe hay gente que estuvo al servicio del cartel de Medellín. A su vez, el abogado Gustavo Salazar Pineda acusó al ex presidente Gaviria de haber “gerenciado la empresa de Los Pepes” y lo sustentó asegurando que este supuesto apoyo se hizo a través de un decreto de indulto.
El origen de la guerra de señalamientos actuales se remonta al segundo semestre de 1992, luego de que Pablo Escobar se fugara de la cárcel La Catedral de Envigado el 22 de julio de ese año. En medio de una oleada de narcoterrorismo desatada por el capo, en noviembre, el gobierno Gaviria declaró el Estado de Conmoción Interior. Y en desarrollo de las normas expedidas para hacerle frente al capo de capos, el 13 de noviembre expidió el Decreto 1833 de 1992, sustentado en la necesidad de obtener colaboración judicial para investigar hechos de orden público.
El mencionado decreto de dos artículos reglamentó que, previo concepto del Procurador, los testigos que ayudaran a concretar la responsabilidad penal de autores de graves delitos, no pudieran ser objeto de investigaciones por los hechos respecto de los cuales rindieran declaración.
En otras palabras, se autorizó una forma de indulto para garantizar que personajes al margen de la ley que colaboraran en la lucha contra el narcoterrorismo pudieran hacerlo, sin otra garantía distinta a evitar que en el futuro pudieran ser investigados por delitos de narcotráfico y conexos.
El Decreto 1833 de 1992, que no tuvo cuestionamiento alguno por parte de las autoridades judiciales, fue firmado por el presidente César Gaviria y todos sus ministros, entre quienes estaban Andrés González Díaz, hoy gobernado de Cundinamarca; Noemí Sanín, hoy embajadora en Londres; Humberto de la Calle, abogado y columnista de El Espectador; Rafael Pardo Rueda, hoy precandidato presidencial del liberalismo; Luis Alberto Moreno, hoy presidente del BID; y Juan Manuel Santos, hoy ministro de la Defensa.
Con base en ese decreto, ocho meses después, el 26 de julio de 1993, en medio de la ofensiva del Bloque de Búsqueda contra Pablo Escobar, la Fiscalía les otorgó beneficios a 12 personas con antecedentes judiciales que, con sus informaciones, ayudaron a desmantelar la organización delincuencial. La decisión quedó consignada en un documento de 12 páginas firmado por el fiscal general (e) Francisco José Sintura Varela. En el documento quedó escrito que todos prestaron colaboración eficaz para el desmantelamiento de redes delincuenciales.
Esta es la decisión que el abogado Salazar Pineda recuerda como “Los 12 del patíbulo”, apelativo que realmente surgió de un informe publicado dos años después y titulado así por la revista Semana, resaltando que esos beneficios fueron avalados por el procurador (e) Mauricio Echeverry. Posteriormente, el periodista Fabio Castillo lo recordó en su libro Los nuevos jinetes de la cocaína, calificando el hecho como “una forma de indulto simulado”. También en su libro Nuestro hombre en la DEA, el periodista Gerardo Reyes recuerda el episodio.
¿Pero quiénes fueron “Los 12 del patíbulo” indultados? El documento lo detalla muy claro. Luis Enrique Ramírez Murillo, alias Micky, quien reveló que se reunió con Pablo Escobar en La Catedral y acordó con él conseguir pilotos y aviones para el embarque de cocaína, y que el capo le dijo que trabajara con José Fernando Posada para mandar unos vuelos a Puerto Rico. Además, confesó que trabajó tres años con Fernando Galeano y señaló a varios integrantes de la banda del cartel de Medellín.
También fueron indultados Armando Muñoz Azcárate, quien hizo revelaciones por el homicidio del procurador Carlos Mauro Hoyos y confesó haber participado en un secuestro, en complicidad con un oficial del Unase de Medellín. A su vez, Gustavo Tapias Ospina aceptó haber sido intermediario para el envío de cocaína e incriminó a partícipes en el magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla, al tiempo que aceptó haber participado en el ingreso de armas al país.
Eugenio León García Londoño reveló dónde estuvo secuestrado el senador Federico Estrada Vélez y en qué sitio se guardaba la dinamita. Además, cómo participó en el apoyo de algunos asesinatos. Por su parte, Benito Antonio Maineiri Medina aceptó ser contacto del cartel de Medellín en Miami y Haití. Asimismo, se benefició a Guillermo de Jesús Blandón Cardona, quien aceptó haber despachado cocaína desde La Guajira con destino a México y Guatemala.
En la lista también fueron incluidos Frank Cárdenas Palacio, quien señaló directamente a los cómplices de Pablo Escobar; Hernán Sepúlveda Rodríguez, quien aceptó que varias aeronaves en su poder en realidad eran del capo; Luis Giovanni Caicedo Tascón, quien suministró localización de pistas clandestinas y nombres de contactos de narcos; y Pablo Enrique Agredo Moncada, quien recibió la orden de Escobar de colaborar con sus aviones para preservar las rutas, beneficiándose de los negocios de la droga.
La lista la cerraron Gabriel Puerta Parra, hoy extraditado, quien admitió que fue intermediario para movilizar droga hacia Estados Unidos; y Luis Guillermo Ángel Restrepo, hoy empresario de aviación, quien aceptó que incurrió en actividades de narcotráfico entre 1986 y 1987, trabajando con Pablo Escobar, con Cocodrilo Avendaño y con César Cura de Moya. Cinco meses después de la concesión de beneficios y en medio de la ofensiva del Bloque de Búsqueda por un lado y de Los Pepes por el otro, cayó abatido Pablo Escobar.
Hasta aquí la parte legal. La otra fachada de Los Pepes la aceptó en vida Carlos Castaño en su confesión al periodista Mario Aranguren, cuando dijo: “La primera reunión se dio en una casa que teníamos en el barrio El Poblado. Allí estuvimos Fidel Castaño, Don Berna, Doble Cero y yo. El grupo lo conformamos nosotros, cinco personas adicionales sobre el terreno y por lo menos 40 pepes más que complementaban la estructura”.
En el mismo libro, Don Berna aclaró que también los apoyó el cartel de Cali y Castaño agregó que muchos de los golpes del Bloque de Búsqueda de la Policía fue con su información y se hizo a través del coronel Danilo González, quien fuera asesinado en mayo de 2004 en Bogotá. En su libro Matar a Pablo, el periodista Mark Bowden, se encargó de documentar cómo a la alianza contra Escobar terminaron por sumarse también agentes de la DEA en apoyo a las autoridades militares y de policía de Colombia.
En síntesis, por cuenta del fantasma de Pablo Escobar y de los cabos sueltos que quedaron tanto en su saga criminal como en el desenlace que llevó a su muerte violenta, el país político del presente sigue sacándose los cueros al sol. Desavenencias del poder de quienes otrora fueron aliados en la lucha del Estado y hoy están enfrentados: el presidente Uribe y el ex presidente Gaviria. Cuando el segundo era presidente, el primero era el senador estrella y soporte del gobierno en el trámite de la Ley de Seguridad Social. Los gajes del poder presidencial.