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Durante décadas, Colombia ha ostentado el deshonroso título de ser uno de los países más violentos del mundo. Numerosas comparaciones hechas por diversas agencias y organizaciones suelen arrojar la misma conclusión: es la nación con los índices de homicidios más altos del continente. No obstante, eso no ha sido así siempre. En los últimos años, países como El Salvador, Guatemala e incluso Venezuela han comenzado a disputar el “trono”. Y aunque los indicadores nacionales de violencia habitualmente están disparados, éstos son en realidad una especie de montaña rusa y así como suben, también descienden.
El historiador Jorge Orlando Melo se puso en la tarea de intentar comprender, o al menos retratar, tan complejo asunto. Por eso elaboró el documento “Cincuenta años de homicidios: tendencias y perspectivas”, que él mismo describe como “una revisión inicial de las cifras de homicidios (...) para tratar de identificar algunos de los procesos más evidentes y esbozar algunas hipótesis sobre los ritmos de cambio de este fenómeno”. En bloques por años, definidos a partir del contexto social y político del país, Melo expone el comportamiento de las tasas de asesinatos en el país a partir de 1958 hasta hoy.
1958-1970
El primer período se define con el surgimiento del Frente Nacional. Melo observa que durante las presidencias de los liberales Alberto Lleras (1958-1962) y Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), y del conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), las muertes violentas se redujeron “firme y gradualmente”. Durante esa época, la tasa de homicidios pasó de 48 a 22 por cada 100.000 habitantes, lo que significa una reducción del 45%. Cifra importante si se tiene en cuenta que el país, con el Frente Nacional, dejó atrás uno de los períodos más cruentos que ha atravesado: la violencia.
Entre 1958 y 1970 la violencia es “más intensa en los sectores rurales que urbanos”. Melo anota que Caldas, Antioquia, Valle y Tolima concentraron el 57% de los asesinatos nacionales. No se puede pasar por alto que Tolima y Caldas, por ejemplo, fueron cruciales en lo que se refiere al origen de las autodefensas campesinas que, el 27 de mayo de 1964, se dieron a conocer como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, luego de que un grupo de hombres, comandados por Manuel Marulanda Vélez, declararan al municipio de Marquetalia (Caldas) una “república independiente” y proclamaran el inicio de una lucha social que aún no ha llegado a su fin.
1970-1982
Con la llegada de Misael Pastrana al poder (1970-1974), la tasa de homicidios volvió a incrementarse. Si bien Melo observa que en 1970 se presentó el índice más bajo que se conocía desde 1948, un año más tarde el panorama fue otro. Meta, Boyacá y Santander eran las regiones más violentas. En la primera se congregaron las actividades de las Farc, y en esa
región crecieron (y aún operan) hombres tan emblemáticos de esta organización subversiva como el miembro del Secretariado Jorge Briceño (Mono Jojoy) y su hermano Germán (Grannobles). En la segunda, la explotación de esmeraldas desencadenó la llamada “guerra verde”, que ha dejado miles de muertos.
En la tercera apareció el Ejército de Liberación Nacional, que poco a poco se fue expandiendo hacia el sur de Bolívar, el nororiente de Antioquia y el sur del Cesar. Aunque en realidad el nacimiento de este grupo guerrillero fue en 1964, dice el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República que “su crecimiento inicial fue muy lento, en parte debido a la denominada operación Anorí ocurrida en 1973, en la que sufrió un golpe muy duro por parte de las Fuerzas Militares”.
1982-1990
En esta etapa los homicidios no descendieron. Afirma el investigador que “para 1983 son evidentes los cambios en la distribución de la violencia”, que se tradujo en la reorganización de los epicentros de los asesinatos. Durante la administración Turbay Ayala éstos crecieron casi un 50%, y con ese antecedente ocupó la presidencia Belisario Betancur. Turbay significa una época de represión contra la guerrilla, y Betancur es su opuesto, no obstante, ninguno de los dos logró detener que la tasa de homicidios aumentara. La razón está en que la violencia ya no venía sólo de la guerrilla: a finales de los 70, los tentáculos del tráfico de drogas comenzaban a enraizarse en la sociedad colombiana.
A principios de los 80 la violencia abandonó el campo y se apoderó de las ciudades. Crece en Bogotá, en Medellín, en Cali. “Lo que esto indica es el peso creciente del narcotráfico, que alimenta actividades delictivas de todo orden”, manifiesta el investigador. En 1984 la tasa de homicidios de Medellín superó la de Bogotá. Antioquia, Caldas, Tolima y Valle, departamentos
con una acentuada influencia guerrillera y narcotraficante, llegaron a concentrar el 52% de los muertos del país. Durante el gobierno de Betancur los asesinatos se incrementaron en un 60%. Entre 1983 y 1991 la tasa aumentó 2,9 veces y pasó de 34 a 79 por cada 100.000 habitantes.
Sólo en Medellín y el Urabá se registraba el 40% de las muertes violentas que ocurrían en el país. Además, brotó un nuevo elemento que embrolló aún más el escenario del conflicto interno: el paramilitarismo. Por una parte, apoyado por los mismos narcotraficantes que, como lo expresó el extinto jefe ‘para’ Carlos Castaño, patrocinaron la institución del grupo Muerte A Secuestradores (MAS). Por otro lado, legítimas autodefensas campesinas, en busca de repeler la violencia suscitada tanto por ‘narcos’ como por guerrillas.
1990-2002
Mientras César Gaviria y Ernesto Samper ocuparon la silla presidencial, los homicidios se redujeron en un 20%. Disminuyó la violencia en Bogotá, Medellín y Cali, reflejo del desmantelamiento de los principales carteles de droga, de la muerte de grandes capos como Pablo Escobar y José Santacruz y de la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela. Sin embargo, aunque los índices de violencia descendieron, los años 90 también representan las disputas entre guerrilleros y paramilitares. La tasa de homicidios aumentó en Chocó, Casanare, Huila y Guaviare, y en zonas como el Urabá, ésta creció un 135%.
Aunque Gaviria y Samper lograron reducir los asesinatos, con Andrés Pastrana en el poder los indicadores se volvieron a disparar. Asevera Melo, cuyo estudio está totalmente basado en cifras de la Policía Nacional, que 2002 fue el año que, desde 1958, más presentó asesinatos.
En Bogotá la tasa descendió un 25%, pero en el resto del país aumentó un 30%. La violencia se ensañó con Nariño, Cesar y Santander, donde los homicidios se duplicaron. En Arauca, Huila y La Guajira se incrementaron en un 60% y en Cauca, un 40%. “La consolidación paramilitar es explicable por el esfuerzo de los paramilitares de ampliar y consolidar su control”, dice Melo.
2002-hoy
La bandera del gobierno del presidente Álvaro Uribe, la política de seguridad democrática, ha sido indiscutiblemente efectiva. En 2003 los asesinatos comenzaron a descender vertiginosamente y hoy la reducción es del 40%. Aunque los números siguen siendo altos (en 2007 la tasa duplicó la de 1970), la desaparición de las Autodefensas Unidas de Colombia significó una eliminación gradual y notoria de factores violentos en zonas como el Cesar. En Cundinamarca, Chocó, Caldas y Arauca la reducción de asesinatos fue del 50%, y en otros departamentos como Bolívar, Sucre, Boyacá, Magdalena y Huila la disminución también fue trascendente.
A pesar de esta mejoría, el académico señala un serio problema sobre la recolección de este tipo de información: “En las solas masacres de Salado y Macayepo (Bolívar) hubo 115 víctimas en 2000, aunque la estadística oficial registra 103 muertos para todo el año. Lo mismo ocurre con San Onofre, donde también es evidente que las cifras incluyen sólo una ínfima parte de las víctimas”. Pero Melo es enfático en que lo más importante es “establecer un sistema claro, público y abierto para reducir la violencia en los municipios más críticos o prioritarios del país”.
El historiador deja ver además dos enorme falencias para analizar con juicio el tema de los homicidios. En primer lugar, indica que las entidades públicas cada vez publican menos información, cambian los criterios de clasificación sin justificar por qué o divulgan resúmenes que impiden verificar los datos, y resalta la rigurosidad del municipio de Medellín en esta labor. De igual forma, critica la descoordinación entre los índices que se conocen de homicidios y el papel de la justicia. Dice que no se sabe cuántas investigaciones por homicidio han resultado en juicios, mucho menos en condenas. “El problema es de aplicación de las leyes”, asegura.
Consultado por El Espectador, Melo explicó por qué cree que la situación sociopolítica se refleja de inmediato en indicadores como los homicidios, a pesar de que es sabido que en Colombia, del total de los asesinatos, el conflicto no es responsable de más del 20%. “Las muertes aumentan o disminuyen porque los grupos armados potencializan la violencia, arman a la gente, crean bandas y después de un tiempo, la mayoría de esta gente está matando, pero eso se cuenta como violencia común. Debilidad de políticas. La frontera entre la violencia política y la común son fluidas, la una influye a la otra. Lo que sí es claro es que lo único que combate tanta violencia son políticas contundentes que la aplaquen”, concluyó.
Por Redacción Judicial
