La privación de la libertad del general (r) Iván Ramírez Quintero, ordenada esta semana por la Fiscalía, en desarrollo de la investigación por las desapariciones en la recuperación militar del Palacio de Justicia, constituye una trascendental decisión judicial que, más allá del examen de este doloroso capítulo de la historia nacional, enfoca la atención del país hacia un ex militar que, como pocos, suscita el respaldo de los  acérrimos defensores de su gestión y el rechazo de sus  enconados críticos.

Se trata del más representativo oficial en el área de inteligencia de los últimos 30 años. Un especialista del tema que, desde sus tiempos de capitán en 1976, a pesar de ser graduado en ingeniería, ya desplegaba éxitos en inteligencia en el Valle y Meta.

Dos años después ya oficiaba como Jefe de Operaciones del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (BINCI), en 1980 fue comandante del Batallón Charry Solano y prácticamente hasta su retiro en 2000, pasando por la Dirección Nacional de Inteligencia, ésa fue su razón de ser militar.

En contraste, desde esa misma época, con el agravamiento del conflicto Estado-insurgencia, ha sido también el principal destinatario de las denuncias de las Organizaciones de Derechos Humanos. En tiempos del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, lo acusaron de formar parte de una estructura armada ilegal denominada ‘Alianza Anticomunista Americana’ o ‘Triple A’, involucrada en casos de desapariciones y torturas. Las denuncias nunca prosperaron. En los años 80, lo señalaron de propiciar ejecuciones contra líderes de izquierda. Tampoco pasó nada.

Sin embargo, el 22 de enero de 1991, cuando el general Ramírez, en su condición de comandante de la XI Brigada en Montería, aún cobraba los positivos de la ofensiva que diezmó al Epl y se perfilaba hacia la Dirección Nacional de Inteligencia; un sargento viceprimero adscrito a la XX Brigada de Inteligencia, quien había estado a sus servicios años antes, acudió voluntariamente a la Procuraduría General de la Nación y empezaron sus problemas.

En dos declaraciones dijo tantas cosas, que aún no cesan los ecos de esta súbita confesión urgida por las amenazas.

En pocas palabras, el suboficial declaró que desde 1978 perteneció al Batallón Charry Solano y que después de participar en varias operaciones de infiltración al M-19 y las Farc, le encomendaron la misión de conseguir una finca para mantener a dos personas que iban a ser detenidas.

Según él, uno de los capturados logró huir, se presentó a las autoridades de Soacha, y él terminó acusado de secuestro. Supuestamente, abandonado por sus superiores y objeto de amenazas, decidió acudir a la justicia para reconocer casos de desaparición forzada perpetrados por oficiales y suboficiales del inteligencia del Ejército.

En particular, el sargento Bernardo Alfonso Garzón Garzón aseguró que en abril de 1989, personal de la Brigada XX del Ejército y el Batallón Charry Solano habían participado en el secuestro y desaparición de Amparo Tordecillas, compañera sentimental de un comandante del Epl.

De igual manera, sostuvo que en agosto de 1987 se había efectuado una operación semejante con la activista política del M-19 Nydia Erika Bautista, y que, por la misma época, entre otros casos, se repitió el procedimiento para el secuestro y tentativa de homicidio de Guillermo Marín y el plagio de José Cuesta, ambos dirigentes del M-19.

Aunque en ese momento los mayores dolores de cabeza recayeron en el comandante de la Brigada XX de Inteligencia para la época de los hechos, coronel Álvaro Velandia Hurtado, también los señalamientos alcanzaron al entonces coronel Iván Ramírez Quintero. Con una singularidad en el último caso.

 Entre las acusaciones de Bernardo Garzón Garzón, el suboficial sostuvo que durante la operación militar de recuperación del Palacio, miembros de inteligencia del Ejército habían retenido a la guerrillera Irma Franco en una camioneta y que, luego de sacarle información había sido asesinada y su cuerpo, arrojado en una vía.

No obstante, para la época, el tema del Palacio de Justicia era prácticamente un expediente judicial de cosa juzgada. Los guerrilleros del M-19 habían sido indultados, el presidente Belisario Betancur, absuelto; la justicia sin rostro había fracasado en su intento de revivir el caso; sólo dos oficiales del Ejército aún afrontaban dificultades disciplinarias en la Procuraduría; y la única señal de justicia en el episodio la representaban las demandas contra el Estado por parte de los familiares de las víctimas. En cambio, frente a las otras confesiones del suboficial Garzón, las Organizaciones No Gubernamentales no daban tregua.

Dos casos específicos se abrieron paso en los tribunales nacionales e internacionales. El caso de la desaparición de Amparo Tordecillas, además de resolverse en contra del Estado en la justicia contenciosa, a través del abogado Eduardo Umaña Mendoza, fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo admitió sin oposición del Estado. De