Mercado laboral y política social

Foto: David Campuzano - El Espectador

El mercado laboral colombiano tiene un problema estructural que hace que el empleo crezca menos que la economía.  

El desempeño del mercado laboral ocupa el centro del debate económico recientemente. Esto se debe a que, en un escenario de inflación creciente y desaceleración económica, el desempleo, después de disminuir consistentemente durante cinco años, aumentó en julio de 2008 con respecto al mismo mes de 2007.

Los últimos resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE muestran que, entre julio de 2007 y julio de 2008, el desempleo aumentó alrededor de un punto porcentual, pasando de 11,2% a 12,1%. Esto implica que, empezando el segundo semestre del año, había 254.000 desempleados más que el año pasado. Este deterioro se traduce en una reducción de los ingresos de las familias que afecta su bienestar, especialmente entre la población más pobre. En efecto, aproximadamente el 75% de los ingresos de los hogares urbanos pobres y el 90% de los ingresos de los hogares rurales pobres se derivan del mercado laboral.

Por esas razones, se han oído muchas explicaciones y debates al respecto. El Gobierno se apresuró a decir que había que reabrir el debate concerniente a la política monetaria, implicando con esto que los recientes aumentos de la tasa de interés podrían explicar el fenómeno. Se ha dicho, en esta línea, que se deben bajar las tasas de interés para dinamizar la producción y el empleo.

También se ha argumentado, con razón, que parte del incremento en el desempleo está explicado por la mayor participación laboral de los últimos meses. Sin embargo, lo que se quiere resaltar en este artículo, escapándonos del debate coyuntural de la última cifra de desempleo, es que el mercado laboral colombiano tiene un problema estructural clave que hace que, desde hace rato, el empleo crezca menos que la economía y, de manera importante, que el autoempleo y la informalidad no se reduzcan con el mayor crecimiento.

Por no ir muy lejos, entre julio de 2007 y julio de 2008, la economía bien pudo haber crecido cerca del 5%, mientras que el empleo lo hizo tan sólo al 2,2%. Esta considerable brecha se explica, en gran medida, por ese problema estructural. Por eso, centrar el debate del empleo en las decisiones de política monetaria es una posición de corto plazo que, de asumirse, dejaría expuesto al país a una mayor escalada en los precios, sin solucionar el problema laboral.

El problema central reside en el hecho de que la protección social, y otros servicios sociales, se financian con impuestos a la nómina, que no han hecho sino crecer desde 1994. Lo anterior entraña dos dificultades fundamentales. En primer lugar, se trata de un sistema excluyente por definición. Si la seguridad social se encuentra atada al empleo formal, deja por fuera a una gran cantidad de individuos que, como tal, son los más vulnerables (por ejemplo, los autoempleados).

En segundo lugar, ese tipo de financiación encarece la generación de empleo formal, bien sea por “exclusión” (asociada a los costos que debe asumir el empleador, que lo obligan a generar menos empleo), o por “escape” (asociado a los costos que percibe el trabajador, que hacen que prefiera ser autoempleado para evitarlos).