Casi 42 meses después de la brutal masacre de 8 campesinos en la Comunidad de Paz de San José de Apartado, en hechos ocurridos el 21 y el 22 de febrero de 2005, la Procuraduría General de la Nación, apoyada en la investigación que paralelamente ha venido realizando un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, y dentro de la cual hay varios oficiales y suboficiales detenidos, concluyó que existen evidencias sólidas que comprometen a por lo menos nueve militares con 60 miembros del bloque Héroes de Tolová de las autodefensas, que perpetraron el múltiple asesinato.

En una providencia de 89 páginas, firmada el pasado 18 de julio, el procurador general encargado, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, profirió pliego de cargos en contra del teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán, los capitanes Guillermo Gordillo Sánchez y Óscar Gerardo Omaña García y otros seis suboficiales por graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, luego de que se comprobara que facilitaron la incursión de las autodefensas, quienes ejecutaron a ocho civiles ajenos al conflicto armado, tras torturarlos y posteriormente desmembrarlos y enterrarlos en una fosa común.

La masacre causó un impacto nacional porque la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se consideraba ajena al conflicto y armado y un territorio neutral. Además, sus miembros gozaban de medidas cautelares y provisionales impuestas al Estado colombiano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el 21 y 22 de febrero de 2005, un comando de 60 paramilitares arribó a la Comunidad y perpetró con sevicia la masacre, como lo señaló en su providencia la Procuraduría.

En la incursión fueron asesinados Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alejandro Pérez, Bellanira Areiza, Alfonso Bolívar Tuberquia, Deiner Andrés Guerra, de 11 años; Natalia Tuberquia, de 5 años, y Santiago Tuberquia, de apenas 21 meses de edad. Según la investigación, “se trató del sometimiento por la fuerza de unos civiles ajenos a la confrontación, entre los que se destacan una menor de 5 años y otro de 1 año, que luego fueron ejecutados en condiciones de indefensión y sus cuerpos desmembrados y enterrados en una fosa común”.

Las declaraciones que le entregaron a la justicia los paramilitares Adriano José Cano Arteaga, alias Melaza; Samuel Agudelo Puerta, Jorge Luis Salgado, alias Kiko, y Joel José Vargas, alias Pirulo, fueron fundamentales para asignar responsabilidades a los nueve miembros de las Fuerzas Militares que cohonestaron la masacre. De hecho, el capitán Guillermo Armando Gordillo, entonces comandante de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47, en diligencia de sentencia anticipada en la Fiscalía el pasado 30 de julio, aceptó su responsabilidad en la incursión paramilitar y se acogió a sentencia anticipada.

Al expediente también se allegaron varias interceptaciones telefónicas (ver nota anexa) que corroboran no sólo la facilitación de varios militares en la masacre, sino que además revelan que ésta se planeó con muchos días de anticipación. El relato de alias Pirulo fue el que más detalles aportó al proceso. Según él, llegaron a la Comunidad persiguiendo a varios guerrilleros de las Farc, para lo cual montaron una emboscada en la que fueron retenidos Luis Eduardo Guerra, su esposa Bellanira Areiza y su hijo Deiner Andrés, a quienes los ‘paras’ les preguntaron por la guerrilla, “luego dieron la orden de asesinarlos, siendo degollados”.

Luego, el jefe paramilitar alias Cuatro-Cuatro ordenó que se disparara contra una casa de la comunidad mientras algunos miembros del Ejército lanzaron una granada y fue cuando, según Pirulo, encontraron a un hombre agonizando y a una mujer