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Aída Quilcué, consejera mayor, y su hija Maryuri Legarda, en Popayán.

El esperado pronunciamiento del presidente Álvaro Uribe sobre la muerte del indígena Edwin Legarda —esposo de la consejera mayor del CRIC, Aída Quilcué—, en un confuso ataque de tropas de la III División del Ejército al vehículo en que se transportaba el martes en zona rural de Cauca, fue rechazado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la cual criticó que el Mandatario se “escude” en su política de seguridad democrática cuando ocurren “errores”.

La Misión de Observación y Verificación que se creó para investigar el caso y de la cual forman parte la ONIC, el Colectivo de Abogados y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, entre otros, solicitó al Primer Mandatario reconocer en un discurso por televisión y en horario triple A, la responsabilidad del Estado por el asesinato del indígena y que destituya a todos los comprometidos en la cadena de mando que tuvieron que ver en el hecho.

El Presidente, sin embargo, hizo una declaración a medios de comunicación en la noche del miércoles donde le expresó su dolor y condolencias a la líder indígena, pero dijo que el mayor general Justo Eliseo Peña, comandante de la III División, le argumentó que el Ejército estaba en la zona para enfrentar la violencia que ha mejorado gracias a la Seguridad Democrática. Agregó que el ataque ocurrió porque sus hombres habían recibido información de que un carro estaba transportando armas.

Uribe aseguró que acogerá las decisiones judiciales que lleven a establecer la verdad, porque así como ha oído que en dos ocasiones le señalaron al vehículo que parara, sin atender esa instrucción, también escuchó del Ejército que esos retenes no se adelantan con todos los requerimientos técnicos, como es la buena señalización.

Al conocer la declaración del Presidente la ONIC calificó su discurso como tendencioso porque desdibuja la realidad y, según el grupo étnico, no reconoce que hubo una violación a los derechos de los pueblos indígenas.

En su primer informe el grupo de organizaciones que investiga el caso relacionó la ocurrencia de los hechos con la visita de Aída Quilcué a Ginebra, Suiza, para participar en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.