El BMW 530, azul oscuro, de la Embajada de Colombia ante la Santa Sede entra por la puerta del Santo Oficio, pasa frente a la oficina del entonces cardenal Joseph Ratzinger, por la Plaza de Santa Marta, el patio de los Borgia y llega al altozano mayor de San Dámaso. El automóvil se detiene, Álvaro Uribe y su esposa, Lina Moreno, bajan sobrecogidos de la emoción, se les acerca monseñor James Michael Harvey, Prefecto de la Casa Pontificia, y saluda: “Bienvenido, señor Presidente”.
Ocurrió el 12 de febrero de 2004, el día en que el mandatario colombiano rompió el protocolo y le impuso al papa Juan Pablo II un carriel paisa —al que le habían regalado en 1986 en Jericó, Antioquia, le entró el gorgojo—. Fue el punto más alto de la relación entre el actual Gobierno Nacional y el Estado Vaticano. Al tiempo, el poder de la Iglesia colombiana en Roma llegaba a su apogeo con los cardenales Alfonso López Trujillo y Darío Castrillón como ministros del Santo Padre.
El vínculo entre Estados era tan cálido que el día que el entonces embajador, Guillermo León Escobar, le llevó al Pontífice copia de la Ley de Justicia y Paz, éste encargó al arzobispo Giovanni Lajolo, hoy gobernador del Vaticano, de recibirla y responderla con una nota de saludo con los mejores deseos porque dicha iniciativa condujera hacia la paz de Colombia.
Primer lunar: en octubre de 2004, el propio Álvaro Uribe les propuso a las Farc que enviaran sus voceros a la Nunciatura Apostólica, en Bogotá, para negociar un acuerdo humanitario. Desde ese momento todo empezó a ir mal: Raúl Reyes, entonces vocero internacional y quien había estado en el Vaticano a comienzos del año 2000, rechazó la mediación de la embajada vaticana y ordenó a la guerrilla: “No más curas”, en el tema de la mediación para liberar secuestrados.
Fue la primera vez que este gobierno trajo a colación una posible mediación del Vaticano sin antes consultar a la Santa Sede a través de su Nuncio Apostólico en Bogotá. La segunda ocurrió esta semana a través de un comunicado y de las declaraciones de Álvaro Uribe para una posible mediación internacional en la liberación de seis secuestrados que las Farc ofrecieron entregar desde diciembre pasado.
El Espectador confirmó con fuentes allegadas a la Santa Sede que en ninguno de los dos casos se respetó el conducto diplomático, lo que generó gran molestia en Roma. Las palabras de Uribe el lunes 12 de enero sonaron a orden: “Si la Iglesia Católica, a nivel nacional, o incluso el Vaticano, la Secretaría de Estado del Vaticano o la persona o institución que designe Su Santidad (el papa Benedicto XVI), puede ayudar para que se dé la liberación de los secuestrados, el Gobierno lo autoriza y le dará la bienvenida”. ¿El Presidente autorizando al Papa?
Es el último de una serie de incidentes que enturbiaron las buenas relaciones. Uno de los que más molestaron al propio papa Benedicto XVI fue la actitud del Gobierno frente a la despenalización del aborto, oficializada por la Corte Constitucional en mayo de 2006.
Otro tiene que ver con la confirmación del rumor de que a comienzos del gobierno de Álvaro Uribe sí se contempló la posibilidad de acabar con la embajada ante el Vaticano. Se pensó en dejar sólo la acreditada ante el gobierno de Italia con funciones dobles, para ahorrar presupuesto.
Cuando iba a concretarse la decisión se descubrió que violaba los Pactos de Letrán o pactos lateranenses, firmados el 11 de febrero de 1929 entre la Santa Sede y el primer ministro y líder fascista Benito Mussolini. Entonces se pensó en delegar esas funciones al embajador de Colombia en España o al de Francia a lo que, extraoficialmente, el Vaticano hubiera respondido retirando a su Nuncio de Colombia y encargando al de Venezuela también de las funciones en Bogotá. Al final se descartó la medida, luego de repasar la importancia histórica y política de esa delegación. Como dice una fuente desde Roma: “Si en la oficina oval, en Washington, se legitima el poder político, en el despacho del Santo Padre, en el Vaticano, se legitima el poder moral, así no le guste a mucha gente”.
Más detalles. Colombia fue uno de los pocos países que no estuvieron representados por su presidente en el sepelio del papa Juan Pablo II. Uribe viajó a China y envió al vicepresidente Francisco Santos. En la Secretaría de Estado del Vaticano toman nota incluso de las noticias que han dado cuenta de las reuniones del presidente Uribe con congregaciones cristianas por fuera de la Iglesia Católica, como la Misión Carismática Internacional.
Uribe intentó reivindicarse asistiendo a la entronización de Joseph Ratzinger como nuevo Papa, el 24 de abril de 2005. La comitiva colombiana “resultó de las más pobres” y el jefe de ceremonias no supo entre los tres personajes que saludaron a Benedicto XVI quién era el Presidente.
Más diezmado quedó el ánimo de Benedicto XVI hacia el Gobierno de Colombia porque nunca hizo llegar al Vaticano, como se acostumbra, el decreto de honores solidarizándose por la muerte en abril de 2008 del cardenal Alfonso López Trujillo, quien era uno de los purpurados más influyentes del mundo y el más cercano amigo de Ratzinger y de sus posturas ideológicas ortodoxas.
Apenas tres meses después, durante la celebración del centenario de la Conferencia Episcopal Colombiana, el Gobierno envió el decreto, pero no firmado por el Presidente, sino por el ministro del Interior en funciones delegatarias, Carlos Holguín Sardi. A su vez, el decreto que le otorgó la Cruz de Boyacá al Episcopado venía firmado por el Canciller.
Ahora el Gobierno se vale del nombre de la Iglesia y del Vaticano para contraponerlo a la propuesta de mediación humanitaria que hizo la senadora Piedad Córdoba. Lo que más molestó en círculos vaticanos fue que la noticia llegara allí a través de los cables internacionales, sin que el nuncio, Aldo Cavalli, fuera consultado ni se tramitara a través del actual embajador ante el Vaticano, Juan Gómez Martínez, dicha petición.
Cavalli, quien por tradición es el decano del Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia, había ofrecido hace un año al propio presidente Uribe toda su colaboración para lo que necesitara, siempre con una “leal disposición” y “según los principios propios de las relaciones internacionales”. El 11 de junio del año pasado fue invitado al Palacio de Nariño a la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús, pero no lo llaman para coyunturas como la actual, a pesar de que el Papa lo envió a Colombia por sus títulos en Ciencias Políticas y su experiencia en países en conflicto como Angola y Senegal.
Dentro de la Iglesia católica colombiana también fue mal recibida la actitud del Gobierno, lo que quedó demostrado el jueves cuando el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, tuvo que viajar a Barranquilla para explicarle los recientes pronunciamientos al arzobispo Rubén Salazar, presidente del Episcopado.
El encargado de la Nunciatura en Bogotá le dijo a El Espectador que por ahora no habrá ningún pronunciamiento. Esta semana, una vez el nuncio Cavalli regrese de sus vacaciones en Italia y se reúna con Salazar, se sabrá qué actitud tomará el Vaticano.
No ayuda el hecho de que el poder de los cardenales colombianos en Roma está en barrena. Sin embargo, se especula con tres posibilidades. Una, que la Santa Sede reclame una petición formal de mediación de parte del Gobierno y de las Farc, pues se sabe que la guerrilla ha hecho público su rechazo a los buenos oficios de la Iglesia, versión que fue confirmada a este diario por Piedad Córdoba. Sólo cuando las dos partes en conflicto lo solicitan, el Papa designa a un enviado, como lo hizo Juan Pablo II en 1978, cuando las dictaduras militares de Argentina y Chile estuvieron a punto de ir a la guerra por sus diferencias territoriales sobre el Canal del Beagle. La intervención del cardenal Antonio Samoré y del obispo colombiano Gabriel Montalvo —fallecido en 2006— impidió el conflicto y condujo a la firma de la paz en 1984.
Otra posibilidad es que el Vaticano ponga al tanto al Gobierno de su molestia y acceda a designar al Nuncio de Venezuela o al de Ecuador como facilitador y testigo. La tercera opción es respaldar a personajes internacionales como los premios Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú, para que sean garantes de las liberaciones.
Pase lo que pase, en el Vaticano tienen claro que en su afán político el Gobierno colombiano refundió el camino de la diplomacia sentando un mal precedente. Además, insistió una fuente: “Si hay algo que no hace la Santa Sede es correr”. Y el drama de los secuestrados no da espera.
Ex embajadores con aureola
Entre los embajadores más recordados en el Vaticano están el ex presidente liberal Darío Echandía, a quien en los años 60 lo apodaban en Roma “la lumbrera colombiana”. Fue el único capaz de sentarse con los expertos pontificios a redactar el Concordato, buscando el equilibrio entre fe y razón. Discutía en latín e italiano con los cardenales. Carlos Arango Vélez, abuelo de Andrés Pastrana, fue embajador dos veces a mediados del siglo pasado y se le atribuye aclimatar el sentido anticlerical de los gobiernos liberales. El historiador y escritor Germán Arciniegas, también liberal, se posicionó como “el intelectual de los embajadores” y sostenía tertulias con los papas Pío XII y Pablo VI. Escribió libros como Roma secretísima. En los años 80 destacó el catedrático Fernando Hinestrosa, liberal agnóstico, pero que se abrió espacio con su discurso del “diálogo librepensador con los creyentes”. También es palpable el éxito de Guillermo León Escobar, un conservador experto en literatura e Iglesia y embajador tanto de Andrés Pastrana como de Álvaro Uribe. Fue conferencista del Sínodo de Obispos, dicta cátedra a los futuros cardenales en la Universidad Gregoriana y es consultor pontificio por cinco años.